Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia

Mientras la Corte madura un fallo que marcaría un antes y un después en el vínculo laboral estatal, con concursos y ascensos se busca cambiar la cultura del ingreso a la administración pública. Las ONG ciudadanas y su rol estratégico como "tercer ojo".
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Rubén Valle

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Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia(Pachy Reynoso/MDZ)

Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia | Pachy Reynoso/MDZ

Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia

Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia

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Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia

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Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia

Empleo público: la eterna puja entre el clientelismo y la transparencia

Trabajar en el Estado ha sido desde siempre uno de los empleos más codiciados, básicamente por la estabilidad y las garantías que pocos trabajos del sector privado podrían asegurar.

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Pero también, nobleza obliga, devino barril sin fondo al que aún hoy cuesta ponerle coto por ser una herramienta nada sutil de clientelismo político, ya sea como devolución de favores o para ubicar familiares, amigos y entenados.

Con estos antecedentes irrefutables no es ilógico que desde ciertos sectores de la sociedad sea recurrente la crítica y el reclamo de democratizar (emprolijar) el ingreso al Estado.

En ese sentido, varias organizaciones ciudadanas que integran la Red de Organizaciones contra la Corrupción (ROCC) emitieron un documento para denunciar la falta de control y garantías en el acceso al sistema de Empleo Público.

Estas entidades abogan por mecanismos de ingreso y ascenso transparentes, sin discrecionalidad y basados en el mérito, para cualquier ciudadano o ciudadana que pretenda brindar servicios en la Administración Pública.

De ahí que ahora la expectativa esté centrada en que la Suprema Corte de Mendoza madura un fallo que marcará un antes y un después ya que fijará un precedente ineludible tanto para el ingreso como para los ascensos a los cargos públicos en la provincia. El detonante fue la acción de inconstitucionalidad que presentó el CLADH (Centro Latinoamericano de Derechos Humanos) rechazando "los pases a planta permanente acordados en 2015 al margen de la ley, se estará vulnerando el derecho de innumerables potenciales interesados a acceder a esos cargos".

"La decisión que adopte el Máximo Tribunal establecerá principios elementales del Estado Constitucional de Derecho y de la Buena Administración como son el de igualdad, idoneidad y transparencia en el procedimiento para el acceso a los empleos públicos", remarca el documento.

Lo que es vox populi y cuestiona fervorosamente todo aquel que integra el staff del Estado, lo señalan sin eufemismos las ONG firmantes: "En buena medida el ingreso a la Administración Provincial está condicionado al amiguismo, y no se cumple la ley, la constitución o los tratados internacionales de derechos humanos, que exigen la realización de concursos. Quien no cuenta con vinculaciones políticas no puede entrar como empleado y esto es injusto, es desigual. Quienes ya trabajan dentro de la Administración, muchas veces no pueden hacer carrera, pues los puestos más altos son para los amigos de los funcionarios".

Cornejo había recogido un guante similar y había prometido: "Los ingresos al Estado dejarán de ser a dedo o por decisión política". Como estrategia para el achicamiento del plantel estatal, su gestión hizo fuerte hincapié desde el vamos en las jubilaciones y la no renovación de contratos considerados innecesarios. Paralelamente se hizo una reasignación de personal hacia adentro de la administración. El gobernador resalta cada vez que puede que así se logró achicar en 4.000 empleados la planta estatal. Desde el sector gremial contraatacan señalando que los cargos políticos nunca se redujeron. 

Según el decreto de diciembre del año pasado, donde se pasan en limpio los objetivos de la Ley 9015, se establece que "los concursos se realizarán con la intervención, a iniciativa, propuesta o bajo la supervisión de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia en su carácter de órgano Rector creado por Ley N° 8706, conforme las necesidades y requerimientos de las jurisdicciones respectivas".

En marzo pasado hubo 32745 preinscriptos para ingresar al Estado por concurso. Competían 51 cargos en diversas áreas. A su vez, 581 empleados aspiraban a uno de los 63 ascensos en juego. Toda esta ingeniería administrativa estuvo a cargo del exministro de Gobierno y actual miembro de la Corte, Dalmiro Garay.

La batalla del antes & el después

Ahora todas las miradas están puestas en la decisión en fallo plenario que tome la Suprema Corte respecto de la inconstitucionalidad o no de los pases a planta durante la gestión Pérez.

Esto ha generado una fuerte expectativa en todos los sectores involucrados. La continuidad de los trabajadores involucrados y la reacción de los gremios son dos caras de una misma moneda. En la mira del máximo tribunal figuran unos 1.300 empleados que ingresaron entre enero y diciembre del 2014 y que al año siguiente pasaron a planta permanente. 

Otros hablan de 10.000 cargos que caerían, la mayoría de titularizaciones docentes. De ahí que Cornejo o sus funcionarios subrayen que esos desmanejos son adjudicables a las últimas movidas de Paco Pérez cuando estaba dejando su sillón, a la vez que remarcan que la actual gestión gobierno no homologó muchos de esos pases a planta.

Por ahora, la definición de la Corte está en stand by. En principio estaba previsto que la resolución se concretara a fines de julio, pero el presidente de los supremos, Jorge Nanclares, decidió postergar la decisión que tiene en vilo a miles de mendocinos para seguir recibiendo documentación, datos varios y escuchando a todos los actores. También él tiene en claro todo lo que se está jugando con este fallo.