El peronismo agita desde las comunas: intendentes azuzan al Gobierno

El sindicalismo tradicional e intendentes peronistas de todo el país cerraron filas en un reclamo conjunto al Gobierno para la declaración de la emergencia social y económica así como la restitución del fondo sojero. Lo hicieron los referentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, a la cabeza, con las distintas corrientes de la CGT y las dos versiones de la CTA, en un trabajo que culminó con un documento con severas críticas y reclamos al Ejecutivo. 

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Redacción MDZ Online

Un grupo de intendentes del Partido Justicialista será recibido hoy por el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, para pedirle que se declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad en el distrito. Es un nuevo movimiento de piezas, luego de que un centenar de jefes comunales, reunidos en la Federación Argentina de Municipios, con el empuje de la CGT, reclamaran que el Gobierno de Mauricio Macri dé marcha atrás con la retención del fondo sojero.

Esta vez, el encuentro se llevará a cabo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en terreno porteño, ubicada sobre la avenida Callao  237, participarán vario jefes comunales, liderados por Verónica Magario de La Matanza.

Entre otras cosas, los dirigentes le reclaman a la administración de María Eugenia Vidal que se “declare la emergencia social, alimentaria, sanitaria y de seguridad”. Los intendentes sostienen que la provincia, al igual que el resto de la Argentina, “vive una crisis en todos los órdenes y es deber del Estado arbitrar todos los medios para tratar se atenuarla y dar soluciones”, según explicaron en un comunicado.

Además, mañana la misma comitiva irá a la Cámara de Diputados de la Nación para “insistir con el reclamo de que se les restituya el dinero del Fondo Sojero”, que fue eliminado a fines de agosto por decisión de la Casa Rosada.  

Nueva embestida

El miércoles, en tanto, los intendentes volverán a reunirse para analizar la situación económica del país, como ya lo vienen haciendo hace algunas semanas.

En esta ocasión, la sede será Ituzaingó, comandada por Alberto Descalzo, quien días atrás se entrevistó con el obispo de Morón, monseñor Jorge Vázquez, para pedirle la creación de una “mesa de emergencia social”.

El eje del encuentro será el análisis de la “crisis y sus graves consecuencias y el trabajo que realiza cada intendente en su distrito, ya que ahora los mayores esfuerzos estarán dirigidos a ayudar a los humildes y mantener la paz social”, anticipó Descalzo.

Con la CGT

El sindicalismo tradicional e intendentes peronistas de todo el país cerraron filas en un reclamo conjunto al Gobierno para la declaración de la emergencia social y económica así como la restitución del fondo sojero. Lo hicieron los referentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, a la cabeza, con las distintas corrientes de la CGT y las dos versiones de la CTA, en un trabajo que culminó con un documento con severas críticas y reclamos al Ejecutivo. 

La recorrida de los jefes comunales tuvo como otro de sus ejes respaldar a la CGT en la convocatoria al paro nacional del 25 de septiembre, el cuarto contra la administración de Mauricio Macri. De eso también se habló en sendos encuentros que se desarrollaron primero en la biblioteca del gremio de Camioneros, con participación de los sindicatos disidentes, y luego en la sede de la central obrera con el Consejo Directivo de la entidad. 

El texto reclama la implantación de la “emergencia social, alimentaria, sanitaria y tarifaria” con la implementación de políticas de acceso de la población a comida, remedios y servicios hospitalarios y de una “Red Nacional de Solidaridad”.

El documento aprobado (textual)

El documento de la FAM.

Acciones inmediatas para la Unidad Nacional y la Paz Social

Documento de la CGT y la FAM ante la crisis nacional. Septiembre, 2018.

Frente a la gravedad de la crisis provocada por las medidas del Gobierno Nacional, tales como la brutal devaluación de la moneda, de los salarios y de los ingresos de los sectores populares; los altísimos niveles de inflación que ya producen desabastecimiento de productos de consumo popular e insumos para la adecuada prestación de servicios esenciales  y para el mantenimiento de la actividad productiva e industrial, los Intendentes y la Confederación General del Trabajo proponemos que se declare la Emergencia  Económica y Social y se pongan en marcha acciones inmediatas que contribuyan a LA UNIDAD NACIONAL Y LA PAZ SOCIAL

 1- Emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria: que se implementen con urgencia políticas que aseguren a la población el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos, suficientemente abastecidos de los insumos necesarios. Que se ponga en marcha en lo inmediato una amplia Red Nacional de Solidaridad en la que participen el  Estado nacional, los Estados provinciales, los municipios y los distintos actores de la comunidad: Iglesias, Organizaciones Políticas, Organizaciones Sociales, Organizaciones Sindicales y las Organizaciones Barriales de la Comunidad, entre otros.

Que se anule el veto presidencial y se ponga en vigencia a la brevedad la Ley 27.743, retrotrayendo las tarifas de los servicios públicos a los valores del 1° de diciembre de 2017, estableciéndose que en el futuro cualquier actualización se realice  según el índice salarial, terminando definitivamente con la dolarización de las tarifas y del precio de los combustibles;

Que se revierta de inmediato la decisión de degradar los ministerios de Salud y de Trabajo, en una coyuntura en la que ambos son más necesarios que nunca, tanto para atender situaciones de creciente vulnerabilidad sanitaria derivadas de la propia crisis, como para reestablecer un equilibrio necesario en las relaciones laborales y generar políticas genuinas de creación de empleo.

2- Emergencia Económica, Productiva y Laboral: que se implementen con urgencia medidas de recuperación de las pequeñas y medianas empresas productivas nacionales; de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos populares, para la inmediata recomposición del mercado interno; que se termine con la importación indiscriminada; que las  exportaciones industriales con valor agregado y generadoras de empleo tengan menores gravámenes que aquellas exportaciones de origen primario;  que se establezcan medidas urgentes que garanticen la salvaguarda del empleo;

3- Emergencia Educativa: que no condenemos el futuro educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, implementando con urgencia medidas y acciones efectivas que permitan el inmediato regreso a clase a edificios que garanticen su seguridad y la de los trabajadores de la educación;

4- Restitución inmediata del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero que asiste a las provincias y a los municipios del país y les permite paliar urgencias de la población.

5-Emergencia en Seguridad: que se implementen políticas de seguridad y prevención del delito, protegiendo a las personas y sus bienes, acompañando a las mismas de una fuerte inversión en acciones inclusivas para la población en general y para los jóvenes en particular;

6- Plena vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución Nacional: garantizar una verdadera división de los poderes del Estado, respetando las garantías constitucionales del debido proceso y la independencia de los jueces, y cesar con las condenas mediáticas de dirigentes políticos, sociales y sindicales.

Ante la gravedad de la situación descripta los Intendentes, en representación de nuestras comunidades, y la Confederación General del Trabajo, en representación de los trabajadores y trabajadoras argentinos, convocamos a poner en marcha ACCIONES INMEDIATAS PARA LA UNIDAD NACIONAL Y LA PAZ SOCIAL.

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