El "operativo tenaza" de Cornejo para ordenar los salarios estatales

En Casa de Gobierno siguen de cerca dos inminentes fallos judiciales que, entienden, servirían para terminar con desigualdades e injusticias que hoy existen en la pirámide salarial. Antes de irse, el gobernador quiere que se ratifiquen los ingresos por concurso, la ley de topes y  un esquema de sueldos acordes al escalafón.

Mariano Bustos

El "operativo tenaza" de Cornejo para ordenar los salarios estatales

El "operativo tenaza" de Cornejo para ordenar los salarios estatales

A paso lento pero firme el gobernador Alfredo Cornejo camina hacia uno de sus últimos objetivos como jefe del Ejecutivo. Dejar una planta estatal ordenada para quien resulte ser su sucesor, sea del partido que sea. "Es un tema que nadie le da bola, porque tiene más costo político que rédito. Pero no es mi caso", afirma el mandatario y desde su entorno sostienen que existe un plan para ordenar "en poco tiempo" las desigualdades salariales que existen en Estado. Para ello, necesita que la Justicia acompañe con dos fallos que tendrían un efecto de "tenaza" sobre quienes más ganan y los trabajadores que recién se inician.

A lo largo de décadas, la brecha entre quienes más ganan y las clases iniciales aumentó como consecuencia de diferentes vicios que durante años afectaron las negociaciones salariales. La responsabilidad de esa situación es compartida entre dirigentes políticos y líderes sindicales que, por distintos motivos, permitieron que se aplicaran mecanismos distorsivos que generaron inequidad entre los trabajadores estatales.

En Casa de Gobierno observan con preocupación que existe poco interés por parte de los empleados de crecer en el escalafón. Sucede que la pirámide salarial ha quedado achatada entre jefes y empleados, por lo que no encuentran conveniente asumir responsabilidades nuevas por poca diferencia monetaria. Ese es uno de los puntos que quieren trabajar en la paritaria 2019, negociando por escalafón y remunerando mejor a quienes están en puestos más exigentes y devolviendo al estatal la ambición de formarse para ascender en la carrera del empleado público.

Pero además de eso, desde el despacho del gobernador siguen de cerca dos causas judiciales que entienden serían claves para sanear el trabajo en el Estado. Se trata de la inconstitucionalidad de los ingresos acordados en paritarias y la constitucionalidad de la ley de topes salariales.

Si la Suprema Corte determina que la única forma legal de pasar a planta permanente del Estado es mediante la realización de concursos, Cornejo entiende que la planta dejará de crecer indiscriminadamente por acomodos del poder de turno. Por eso tiene especial interés por el pedido de inconstitucionalidad presentado por una ONG contra los ingresos firmados en 2015 por el exgobernador Francisco Pérez. Si la Justicia resuelve que esas 3000 personas deberán concursar los cargos para retener sus empleos, pondrá punto final a la discusión y obligará a poner en marcha el sistema de concursos que desde hace años se reclama desde el gremialismo, pero que recién comenzó a implementarse -tibiamente- este año.

Para el gobierno esto significaría un cambio de paradigma que repercutiría directamente en la calidad del empleado público. Ya no existirían los acomodos y el que consiga quedar en planta lo hará por mérito propio en base a su formación. El primer escalón de la pirámide sería ocupado por individuos formados y con ganas de hacer carrera en el sector público.

Esta gestión llamó a concurso 51 cargos iniciales y 63 ascensos. Más de 33 mil personas se anotaron para ingresar al estado y menos de 370 para ascender. La lectura que hacen de ese fenómeno es que es tentador trabajar en el sector público, pero no hay ambición de crecer. Para mejorar eso, pretenden que los sueldos sean acordes a las responsabilidades.

Alfredo Cornejo

Pero paralelamente, la tenaza también debe apretar desde arriba y allí es otro fallo de la Justicia el que tiene expectante al gobernador. Se trata de la ley de topes salariales, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por Ampros, ATE y el gremio que nuclea a Judiciales y judiciales equiparados a magistrados.

En Casa de Gobierno están molestos porque la Corte sigue dando lugar a medidas cautelares presentadas por gremios contra la ley de topes, pero resuelve sobre la ley que promulgó Francisco Pérez y no la ley vigente. Cuando asumió Cornejo, una de las primeras medidas que tomó fue cambiar la fórmula que era cuestionada por los gremios. Pérez había establecido que el sueldo del gobernador se determinara en base a lo que cobraban dos clases 13 más antigüedad en el Estado y título universitario.

"Los gremios se agarraron de que eso no brindaba seguridad jurídica porque un gobernador podía tener muchos años de antigüedad y su sucesor no. O puede llegar a la gobernación alguien sin título y eso -por la ley de topes- impactaría en el salario de cientos de estatales", explicó Cornejo a MDZ sobre ese tema. Para que eso no ocurra, modificó la polinómica y estableció que su salario se fije en base a dos clases 13 de la Administración Central, con 100% de mayor dedicación (tiempo completo). De esa manera, el salario no cambia por cuestiones particulares y en Casa de Gobierno entienden que se caen los argumentos para plantear la inconstitucionalidad de ley de topes.

Al tomar esa decisión Cornejo bajó su propio salario ya que con la ley anterior, por su antigüedad en el Estado, cobraría alrededor de un 20% más que lo que percibe hoy.

Según las cuentas que esgrimen desde el entorno del mandatario, en el Estado hay alrededor de 700 empleados (OSEP, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Salud, ATM, etc) que ganarían más que el gobernador si no se aplica la ley de topes. Entre ellos, 300 funcionarios judiciales que se encuentran equiparados a magistrados y cobran igual que jueces, pero con responsabilidades radicalmente inferiores.

Con ley de topes solo los jueces podrían cobrar más que el gobernador. A eso podrían sumarse excepciones autorizadas por el gobierno, como la que Cornejo firmó para que el médico a cargo del Laboratorio de ADN del Poder Judicial, Miguel Marino, cobre más que él. Casos así serían la excepción y no la regla.

Si se declara la constitucionalidad de la ley de topes, queda blindado el techo salarial y la brecha entre los que más ganan y los recién ingresados dejaría de aumentar. Hoy un aumento del 8,5% de cláusula gatillo representa 600 pesos de bolsillo para un docente, pero más de 6000 para un legislador. Incluso más para los 120 trabajadores de la Salud que hoy cobran más que Cornejo por la decisión de la Corte de darle lugar a las cautelares que presentaron hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En el cuarto piso del Ejecutivo sostienen que con ingresos por concursos y tope salarial, solo hay que afinar el lápiz en lo que concierne a los escalafones para volver a ordenar una pirámide que hoy está deformada. "Los escalafones se achicaron porque los gremios paritan por escalafones masivos, que son los que más votos tienen en el sindicato. Eso acható la pirámide y hoy muchas veces no conviene ascender", remarcan.

"Si logramos arreglar eso, dejamos ordenado el Estado", afirma Cornejo a sus allegados. "Esto no se va a arreglar de un año para el otro...pero creo que el paquete de tope salarial, concursos y una ley de sueldo integral lo puede ordenar en poco tiempo", repite con la intención de conseguirlo antes de dejar el sillón de San Martín en diciembre del 2019.

Temas
  • Caos salarial
  • Estado
  • Suprema Corte
  • ONG
  • PAritarias
  • Ingreso por concursos
  • Ley de Topes Salariales