El informe de Peña que destaca avances en la Justicia

En su "Carta Jefatura", desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación informaron cuál es su política en materia de Seguridad. "En este nuevo modelo lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley, tanto de parte de los ciudadanos como del Estado", señala el extenso trabajo.

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Redacción MDZ Online

El informe de Peña que destaca avances en la Justicia

El informe de Peña que destaca avances en la Justicia

La Jefatura de Gabinete de MInistros de la Nación, "coló" en medio del debate por el protocolo de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, su propio estudio sobre el estado de la seguridad en la Argentina.

El extenso trabajo incluye datos estadísticos y consideraciones políticas. De arranque, el informe del equipo de Marcos Peña señala: "El Gobierno está orgulloso de la política de seguridad y derechos humanos que está llevando adelante. Estamos avanzando hacia una sociedad más pacífica y devolviéndole al Estado autoridad sobre territorios que había perdido.". Acto seguido, da cuenta del objetivo central: "Es pasar de un modelo de seguridad en el cual el centro era el victimario (y los debates se planteaban alrededor de qué hacer con quienes cometían delitos) a un modelo que tiene como centro a las víctimas de los delitos y a los barrios que sufren la inseguridad y el narcotráfico".

El informe subraya un dato político: "Este nuevo modelo lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley, tanto de parte de los ciudadanos como del Estado. Unirnos en la igualdad ante la ley nos permite vivir en libertad, desarrollarnos y prosperar como sociedad".

Balance de lo recibido

El informe de Carta Jefatura dio cuenta del balance de lo recibido por el actual gobierno, encabezado por Mauricio Macri y klos ejes de la nueva gestión: 

En diciembre de 2015 encontramos un Estado que llevaba siete años sin publicar estadísticas criminales, cuyas fuerzas de seguridad se encontraban mal equipadas y poco coordinadas y que se había vuelto incapaz de detener el avance del narcotráfico en barrios de todo el país.

Para cambiar la tendencia de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno se puso dos objetivos urgentes. Por un lado, frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras, y por otro lado, bajar la violencia en los barrios y recuperar la autoridad del Estado en estos territorios. En ambos objetivos se está avanzando.

Los avances se deben al progreso hecho en tres ejes:

  1. Una mejor coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y los jueces federales y provinciales.
  2. Recuperar la autoestima, el control y la operatividad de las fuerzas federales.
  3. Nuevas leyes y reformas en la Justicia que permitieron agilizar la lucha contra el delito.

Para esto fue clave el trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional con el Poder Judicial y las policías provinciales. La lucha contra el narcotráfico se ha vuelto una verdadera política de Estado, con excelente coordinación y voluntad de transformar el país.

Esa política tiene su aspecto internacional: fortalecimos la cooperación con múltiples agencias y con gobiernos de otros países, con quienes avanzamos en materias como lavado de activos, prevención del narcotráfico y cooperación judicial.

No hay política de Estado sin estadísticas. En 2016 el Estado Nacional volvió a publicar estadísticas criminales detalladas, interrumpidas desde 2008. El nuevo Sistema Nacional de Información de Estadística Criminal recibió recientemente la mejor calificación posible por parte de Naciones Unidas. En tres años pasamos de un sistema de estadísticas desmantelado a ser líderes en América Latina.

datos homicidios

 Te invitamos a leer el resto del informe y opinar:

Un nuevo enfoque en la lucha contra el delito

En diciembre de 2015, el 90% de los recursos y la energía del Ministerio de Seguridad de la Nación estaban dedicados a la seguridad urbana de la ciudad de Buenos Aires. Era un ministerio nominalmente federal, pero que sólo atendía en la capital.

El año pasado se transfirieron a la Ciudad de Buenos Aires las comisarías porteñas de la Policía Federal, lo que permitió dos cosas. En primer lugar, que la ciudad de Buenos Aires tenga, por primera vez en su historia, una policía propia, enfocada en los problemas de sus vecinos y dirigida políticamente por su Gobierno autónomo. Esto no había pasado nunca y era una antigua demanda de los porteños.

En segundo lugar, que la Policía Federal pueda concentrarse en lo que debe ser su tarea central: coordinar el combate contra delitos complejos y federales como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas.

Este modelo federal de dos pisos es el que tienen todos los países exitosos en la lucha contra el delito. El Ministerio de Seguridad nacional ahora es verdaderamente federal. Y las policías provinciales pueden volver a concentrarse en la seguridad pública de sus habitantes.

Con las otras fuerzas de seguridad federales se recorrió un camino similar, enfocándolas otras vez en las tareas para las que han sido entrenadas: la Gendarmería en las fronteras; la Prefectura en los ríos y las aguas continentales; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en los aeropuertos.

También les dimos un mandato claro. Las fuerzas federales saben que, si están subordinadas a la ley, serán respaldadas en su accionar.

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El 99% de los agentes de las fuerzas federales (de cadetes a oficiales) presentó su declaración jurada.

Este apoyo fue acompañado por una importante mejora en el ingreso de los retirados de Gendarmería y Prefectura, que antes cobraban el 36% de su ingreso activo y ahora reciben el 75%.

Y por mayores controles, como operativos de control toxicológico, simulacros de operaciones (para ver cómo reaccionan) y exigencia de declaraciones juradas. Los casi 100.000 agentes de las fuerzas federales de seguridad (desde cadetes hasta oficiales) hoy están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales. El 99% las presentó y los incumplidores fueron sancionados.

Otros cambios, como la centralización de la compra de combustible para todos los vehículos de las fuerzas federales, permitieron ahorrar decenas de millones de pesos (que ahora tienen mejor destino) y aumentar la transparencia del funcionamiento de las fuerzas.

El nuevo respeto por las fuerzas federales y su mejor coordinación con las fuerzas provinciales y con el Poder Judicial permitieron aumentar significativamente su eficacia. 

Hasta el cambio de gobierno, por no tener claro su rol o por no saber si estaban investigando indebidamente al poder político de turno, las fuerzas muchas veces elegían no hacer nada. Este año, según índices del Ministerio de Seguridad, la operatividad de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico aumentó casi un 75%. Se multiplicaron los operativos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, y alcanzaron un nivel de actividad sin precedentes.

Un modelo exitoso

Todos estos esfuerzos están logrando resultados: la tasa de homicidios bajó más de un 21% entre 2015 y 2017, y este año sigue bajando. Cuando llegamos éramos el cuarto país de América Latina con menos homicidios; hoy somos el segundo, detrás de Chile.

La cantidad de secuestros bajó más de dos tercios, bajaron un 11% las denuncias de robos y se duplicó (entre 2016 y 2017 pasó de 709 a 1386) la cantidad de víctimas de trata de personas rescatadas por las fuerzas federales.

datos secuestros extorsivos
Si se mantiene el ritmo actual, la cantidad de secuestros habrá bajado este año un 65% desde 2015.

En lo que va del año incautamos casi 138.000 kilos de marihuana y más de 5.500 kilos de cocaína, cifras muy por encima de los años anteriores.

En los barrios que participan del Programa Barrios Seguros, con participación de las fuerzas federales, los resultados también son alentadores. En el Barrio 1-11-14, de la Capital Federal, en 2015 hubo 28 homicidios; en la primera mitad de este año se cometieron dos. En el Barrio Carlos Gardel, en El Palomar, hubo 4 homicidios en el 2015 y en lo que va de año no ha habido ninguno.

En la primera mitad de este año se allanaron 38 desarmaderos ilegales y se secuestraron 7,2 millones de autopartes robadas, casi el doble que el año pasado y 700 veces más que en todo 2015.

barrios seguros
En los barrios del programa Barrios Seguros hubo un fuerte descenso en la cantidad de homicidios.

 Reformas y desafíos del Poder Judicial

Nada de esto habría sido posible sin el proceso de reforma del Poder Judicial y las leyes aprobadas por el Congreso en estos años, que fortalecieron las investigaciones de las fuerzas de seguridad, la infiltración de redes criminales y la persecución del crimen organizado, como la extensión de la Ley del Arrepentido para los casos de corrupción.

También se sancionó la ley de nuevas técnicas de investigación penal, que crea técnicas especiales para combatir el crimen organizado y desarrolla las figuras del informante, el agente encubierto y el agente revelador, entre otras.

La cantidad de procesos nuevos de protección de testigos se casi cuadruplicó.

El Gobierno fortaleció, además, el Programa de Protección de Testigos e Imputados, para incentivar a los testigos a declarar y proteger a los que ya lo hicieron. En estos años se cuadruplicó la cantidad de casos iniciados de protección de testigos, de 41 por año entre 2003 y 2015 a 153 por año entre 2016 y 2018. Actualmente, hay 226 testigos protegidos, por delitos como narcotráfico, trata de personas y violaciones a los derechos humanos.

En junio de 2017 se sancionó la Ley de Víctimas, que tiene como objetivo proteger a las víctimas del delito y reconocer su rol en el proceso penal, ambas prioridades del Ministerio de Justicia.

Continúa también el proceso de designación de jueces y fiscales iniciado por el Gobierno. Estamos designando jueces a casi el triple de ritmo que antes: desde diciembre del 2015 se designaron 144 jueces, 32 defensores y 25 fiscales y en los próximos meses la proyección es sumar 54 jueces más.

designaciones

El Congreso tiene un rol central también en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El centro del proyecto es pasar del modelo actual, en el que son los mismos jueces los que investigan y después deciden, al modelo acusatorio, que les da mucho más protagonismo a los fiscales para investigar y deja a los jueces la tarea de juzgar y definir las sentencias. 

Esto permitirá procesos penales efectivos, rápidos y transparentes que reconozcan los derechos de la víctima y la igualdad ante las partes y garantice juicios orales inmediatos.

La ley de juicios unipersonales permitió a los tribunales triplicar su capacidad operativa y bajar en un 75% el tiempo requerido para fijar audiencias. La están aplicando 18 jurisdicciones en todo el país. Esto es importante para combatir la llamada “puerta giratoria” en las comisarías. 

El juicio unipersonal se está aplicando en todas las jurisdicciones del país. En diciembre de 2016 se sancionó la Ley de Flagrancia, con el objetivo de dar a los magistrados una herramienta para juzgar rápido los delitos detectados in fraganti. Resoluciones que antes de esta ley habrían tomado hasta dos años ahora se logran dentro de las primeras 30 horas.

En el primer semestre de 2018, el 76% de los fallos definitivos en la ciudad de Buenos Aires (más de 1300) se concretaron dentro de las primeras 30 horas de cometido el delito. Veinte jurisdicciones ya aplican el procedimiento de flagrancia y se espera que para 2019 lo hagan las 24.

Estos cambios han contribuido a dar vuelta una deuda histórica del sistema judicial argentino, que habitualmente tenía menos presos condenados que sin condena (procesados). A fines del año pasado el 54% de los pesos en las cárceles de todo el país (federales y provinciales) tenían condena.

detenidos procesados
Por primera vez la cantidad de condenados es superior a la de procesados en las cárceles de todo el país.

Los incrementos en la cantidad de detenidos en los operativos contra el narcotráfico obligan a fortalecer y ampliar el sistema penitenciario federal. En estos días se inauguró una parte del nuevo complejo penitenciario en Cacheuta (Mendoza), se inaugurará otro centro en Agote (Buenos Aires) y se construyeron nuevos pabellones en Marcos Paz y Salta. El de Cacheuta es el primer centro penitenciario federal nuevo desde 2011 (Salta) y el segundo desde 1999 (Marcos Paz y Ezeiza).

Además, el Estado Nacional está devolviendo a sus jurisdicciones cárceles viejas para que las reintegren al casco urbano, como en Neuquén y el complejo de Devoto en la ciudad de Buenos Aires.

Fuera de las cárceles, hay 800 personas con dispositivos de vigilancia electrónica activos por disposición de la justicia nacional y la justicia federal, y se entregaron cerca de 1.800 a las provincias. Los destinatarios son personas adultas, procesadas o condenadas, que no tienen necesidad de estar tras las rejas aunque sigan privadas de su libertad. La vigilancia permite buenos resultados de reubicación social y baja reincidencia delictiva, a la vez que ayuda a evitar el hacinamiento en las cárceles.

Adicciones. Para ser efectivas, todas estas medidas y acciones necesitan de la prevención del consumo de drogas y el cuidado del adicto, que es otra víctima del narcotráfico.

Después de siete años de ausencia, en 2017 el Observatorio Argentino de Drogas hizo un estudio de consumo problemático para la población general.

Los resultados no fueron buenos. Entre 2010 y 2017, aumentó un 180% la cantidad de jóvenes de entre 12 y 17 años que consumieron marihuana alguna vez en su vida. Pero lo primero que hay que hacer para solucionarlo es reconocer el problema.

Con este diagnóstico, el SEDRONAR desarrolló un plan de prevención en las escuelas y en el territorio, que ya capacitó a más de la mitad de las escuelas del país y entregó un millón de manuales en 21 provincias.

Violencia de género. Este Gobierno quiere una Argentina en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para elegir su proyecto de vida. La igualdad supone que las mujeres no se sientan amenazadas ni inseguras, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en sus casas.

El Gobierno viene trabajando intensamente en la prevención y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, y en el apoyo a las víctimas y sus familias para que puedan salir de las situaciones de violencia. Creamos el Plan Nacional Para Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que integra iniciativas para prevenir la violencia y asistir a las víctimas. En este tiempo duplicamos la capacidad de la línea 144, y para acompañar a las víctimas continuamos con la construcción de hogares.

La Ley Brisa, aprobada por unanimidad y reglamentada recientemente por el Ejecutivo, otorga una reparación económica del Estado para las niñas, los niños y los adolescentes cuyas madres hayan sido asesinadas en un contexto de femicidio.

Conclusión

El Gobierno sabe que hay que seguir trabajando, consolidando la coordinación entre las fuerzas federales y las provincias y la colaboración con la Justicia y el Congreso. En particular en relación a los robos, el área donde más camino hay para avanzar.

También tenemos que seguir intensificando la transparencia, modernización y formación de las fuerzas de seguridad. Consolidar los derechos humanos, que es una tarea de todos los días, honrando los compromisos de nuestro Plan Nacional.

Y seguir acompañando a la Justicia en su proceso de reformas, para que tengamos un Poder Judicial más eficaz, más transparente y más justo, que respete los derechos y la dignidad de las víctimas y también de los acusados. Sabemos que falta mucho y que es un trabajo que exige estar concentrados todos los días. Pero estamos en el buen camino.

Los argentinos queremos y tenemos derecho a vivir en paz.

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