Política Ética pública

El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio

Raúl Cicero es uno de los funcionarios más importantes de la empresa de aguas, pero nunca presentó la declaración jurada de bienes. Cree que no está alcanzado por la normativa que lo obliga a hacerlo. La Fiscalía de Estado dice lo contrario.
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Juan Carlos Albornoz

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El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio(Pachy Reynoso/MDZ)

El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio | Pachy Reynoso/MDZ

El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio

El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio

De camisa azul, Raúl Cicero, gerente general de AYSAM.

De camisa azul, Raúl Cicero, gerente general de AYSAM.

El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio(Pachy Reynoso/MDZ)

El gerente general de AYSAM nunca rindió cuenta de su patrimonio | Pachy Reynoso/MDZ

Una de las personas más importantes en la estructura de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) viene incumpliendo sistemáticamente, desde su puesta en práctica en 2016, la normativa que obliga a todos los funcionarios provinciales a presentar su declaración jurada de bienes. Se trata del gerente general de la firma controlada por el Estado, Raúl Cicero.

De acuerdo con el organigrama que presenta la empresa, Cicero es el "número 2" de AYSAM, después de su presidente, Richard Battagion. Más allá de que la empresa de aguas también tiene un vicepresidente, quien, curiosamente, no figura en la página web del organismo: el ex senador radical Gerardo del Río.

Tanto Bataggion como Del Río cumplieron en 2016 con la obligación de declarar su patrimonio ante la Fiscalía de Estado. En cambio, Cicero no lo hizo. 

Esta captura de pantalla del registro abierto de declaraciones juradas de la Fiscalía de Estado, realizado hoy, lo confirma: se consigna que no ha presentado su declaración y, en el interior del link, no hay ningún dato ni cifra

Además, la Fiscalía de Estado da fe de dos notificaciones que terminan de delatarlo como incumplidor. Un vocero del organismo indicó que la primera es una nota de la Secretaría de Servicios Públicos, según la cual Cicero estaba comprendido en el universo de personas que tenían que dar esta información. 

La segunda, en tanto, sería una notificación en la que la propia AYSAM habría reconocido que Cicero es el único funcionario de la empresa que no ha presentado la declaración de bienes.

En Fiscalía de Estado dicen, además, que Cicero es uno de los pocos funcionarios que registra ese nivel de incumplimiento: "No hay más de tres o cuatro en su situación", afirman. 

En el limbo

Cicero debería estar a un paso de que rija para él el régimen de sanciones que establece el decreto 1789, afirman en la Fiscalía de Estado. Sin embargo, esto no va a suceder, ya que todo proceso vinculado al patrimonio de los funcionarios está parado actualmente

Esto se debe a que el régimen de declaraciones juradas ha cambiado de manos: se sancionó una ley de Ética Pública que le quitó a la Fiscalía de Estado el manejo de los estados patrimoniales y se los entregó a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que funcionará en la Legislatura provincial.

El jefe de ese organismo fue designado no hace mucho: se trata del ex diputado radical Gabriel Miró. El ex legislador deberá fijar cómo serán las nuevas declaraciones juradas y resolver casos como el de Cicero, que serán todo un desafío: tanto él como el gerente general de AYSAM son dirigentes del mismo partido político.

Cicero tiene mucha trayectoria en el radicalismo y en cargos del Estado. Fue presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante el gobierno de Julio Cobos y, más cerca en el tiempo, el intendente de la Capital, Rodolfo Suárez, lo designó como secretario de Infraestructura. 

Ni el decreto de Francisco Pérez ni la nueva ley de Ética que impulsó la vicegobernadora Laura Montero lo liberan de culpas y castigos por no dar constancia de sus bienes.

No cumplir con la presentación de la declaración jurada de bienes implica, según la ley 8993, multas que equivalen a entre el 10 al 25 por ciento de la remuneración bruta del gobernador de la provincia

Ese esquema modificó el del decreto 1789, en el cual se fijaba que los incumplidores debían ser sometidos a sumario por parte de la Fiscalía de Estado y podían incluso ser castigados con la separación del cargo.

Sorpresa y promesas

Tanto en AYSAM como en la Secretaría de Servicios Públicos, se mostraron "sorprendidos" por la situación de Cicero.

Desde la empresa de aguas surgió una breve afirmación para tratar de evitar la polémica: "Cicero considera que no le corresponde dar la declaración jurada, pero si lo dispone el gobernador, la presentará en 24 horas", dijeron.

Distinta es la mirada de la Fiscalía de Estado, que no tiene dudas de que Cicero no ha hecho los deberes. En el decreto 1789, al cual debía sujetarse Cicero, el listado de personas que deben cumplir con la normativa es muy amplio: "todo funcionario con cargo de mayor jerarquía" y "todo personal que administre patrimonio público", dice en un par de incisos.

Si bien no se pudo precisar cuál es el nivel salarial exacto de Cicero, sí se indicó que su remuneración es equiparable al sueldo del propio presidente de la empresa, quien cobra, de bolsillo, 59.000 pesos por mes.