El consejo de la supervisora

El director general de Escuelas reflexiona sobre un episodio vivido con una supervisora que lo encaró en Tupungato.
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Jaime Correas

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El consejo de la supervisora(Federico Croce/MDZ)

El consejo de la supervisora | Federico Croce/MDZ

El consejo de la supervisora(Federico Croce/MDZ)

El consejo de la supervisora | Federico Croce/MDZ

Voy a seguir un consejo que me dio una supervisora de primaria del Valle de Uco. Me interpeló en la inauguración del playón deportivo de la escuela Lindor Castillo, de Tupungato: "soy peronista, participé de las anteriores gestiones y estoy en contra de todo lo que hace este gobierno". Confieso que su presentación me alentó a intentar un diálogo. Me sedujo la sinceridad. A renglón seguido me expresó su molestia por mis presuntos dichos sobre las meriendas, a los que interpretaba como un ataque. Me dijo que yo no podía decir que "los docentes" se comían la tortitas de los chicos. Le pregunté si ella me había escuchado decirlo y con sinceridad me reveló que se basaba en lo que había leído en redes sociales a partir de la versión del sindicato.

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La charla se puso animada y le aclaré que mis dichos se referían a una sola escuela, albergue para más datos, donde en el acta de una supervisora como ella, que puse a su disposición, se recordaba al personal de la escuela que las raciones eran sólo para los alumnos. Le aclaré que una de las pruebas de las mentiras del Sute es que nunca había hablado de tortitas. Además le aseguré que me consta que son muchos más los docentes que sacan plata de su bolsillo, cuando es necesario, para reforzar una merienda o atender otras necesidades de sus alumnos. Algo que por otro lado le aseguré que no correspondía, pues es tarea indelegable del Estado ocuparse. Por eso le pedí que ante cualquier caso lo comunicara rápido para atenderlo.

Su respuesta fue inmediata: "¿Por qué no escribe esto que me está diciendo para que no se le mienta a tanta gente sin que usted lo aclare? Lo que me explica suena creíble". Me dejó pensando, pero nunca seguí su consejo, absorbido por el día a día de la gestión y en la convicción de que en tiempos de la llamada posverdad (un conjunto de mentiras que circulan en las redes sociales y que los medios a veces incluso amplifican), es difícil rectificarse ante quien tiene una posición tomada con convicción religiosa antes de informarse. Cada uno cree lo que está dispuesto a creer y no existe mucha voluntad de quienes navegan en las redes (una maraña de la que estoy absolutamente ajeno, por suerte y por sanidad mental) de indagar en la verdad. Esa verdad de cuando éramos chicos, la que se contrasta con las evidencias sin fanatismo, con mesura, la que se construye escuchando al otro y dejándolo rectificarse si se ha equivocado o ha sido mal interpretado.

Como hago cada vez que hablo con protagonistas del sistema educativo le dejé mi número de teléfono y mi mail a la supervisora peronista y participante de las gestiones kirchnerista. Hasta el viernes pasado no volví a saber de ella. Ese día se lanzó el año educativo en la Nave Cultural con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, en un acto en el que se reunieron las supervisoras y los supervisores de toda la provincia, de los distintos niveles y modalidades, los rectores de los institutos superiores y el equipo de trabajo de Dirección General de Escuelas.

El gobernador recorrió lo hecho hasta ahora y sus expectativas para los dos años que restan de su gestión. Introdujo algunas ideas que vale la pena reproducir porque aluden directamente a las circunstancias del reencuentro con la supervisora que me aconsejó en aquella bella mañana tupungatina. Cornejo argumentó que se hace imprescindible gobernar el sistema educativo con medidas que apunten al interés general ante todo, sin perder ese objetivo por intereses particulares, ya sean personales o sectoriales. Añadió que muchos de los aspectos negativos se deben a la demagogia de quienes gobernaron respondiendo a intereses sectoriales en detrimento del bien común. En ese contexto aseguró que los destinatarios y beneficiados de las medidas de gobierno deben ser ante todo los niños, jóvenes y adultos que reciben el servicio educativo y no poner por delante de ellos los intereses personales y sectoriales de los docentes, directivos, supervisores o funcionarios de DGE que deben supeditar esos intereses particulares al interés general. En esto hizo un llamamiento al Sute a repensar sus posturas en función de este principio que debe regirnos.

A renglón seguido agregó otra idea muy fuerte, apelando a la necesidad de generar consensos, aun en la divergencia de ideas, entre los distintos protagonistas, para ayudar a la concreción de la defensa del interés general sobre los intereses particulares. Dio como ejemplo contundente al Ítem Zona, que no contó con el apoyo esperable del sindicato aunque si de una mayoría docente y que apunta a mejorar el servicio educativo para los niños y adolescentes.

Finalmente, Cornejo argumentó que el Ítem Aula es una medida de gobierno que privilegia el interés general de quien recibe el servicio educativo y que las resistencias sindicales han sido pura y exclusivamente basadas en situaciones individuales, que se contraponen a la aceptación masiva de la medida y a los abrumadores resultados positivos. Yo agregaría que esos casos individuales han sido mañosamente utilizados para enmascarar el gran logro de conseguir que el buen docente, el que cumple, que es una mayoría, tenga un reconocimiento ante quien no lo hace. Las cifras del mejoramiento son tan grandes que ya no merecen discusión alguna.

El análisis del gobernador nos da lineamientos interesantísimos para la gestión de la cosa pública: el bien común por sobre los intereses particulares y sectoriales y la búsqueda de consensos en la medida en que estos no lesionen el interés general, como ha sucedido una y otra vez durante las gestiones demagógicas del populismo en los últimos años. Cornejo hizo otra apelación muy importante llamando a no partidizar políticamente la educación como se venía haciendo, con los resultados que están a la vista.

Después de la intervención del gobernador me tocó el turno y desgrané algunos hitos de estos dos años de gestión, que enmarqué en los principios que acabábamos de escuchar. Expliqué la deuda con que nos habíamos encontrado y cómo se había saldado y enumeré la contundencia estructural que tienen para el sistema educativo medidas como el Ítem Aula, el Ítem Zona, el programa Mendoza Educa, que este año sumará más millones de pesos para los proyectos de cada escuela mendocina y, finalmente, informé que mediante gestiones que encabecé, con el apoyo del gobernador, ante la UNCuyo y el gobierno nacional la Provincia salió de una ruinosa decisión de la gestión de Arturo Lafalla. Mientras la ley nacional de Educación dispone que el Estado nacional financie a las universidades nacionales, durante 18 años la Provincia ha venido pagando los salarios del Departamento de Aplicación Docente de la UNCuyo, además de haber aportado los fondos para la construcción de su edificio. Esta sinrazón contó con un silencio cómplice que se agrava cuando se piensan las carencias que tienen nuestras escuelas mientras se pagaban gastos de una institución de Nación.

Al asumir la actual gestión la deuda por ese concepto, que el gobierno de Paco Pérez había dejado de pagar durante un año, era de $78 millones. Se cancelaron y además se pagaron los $120 millones del año siguiente. Merced al acuerdo firmado con la Universidad, en el futuro la Provincia pagará las cifras fijas de $70 millones el año en curso, $30 millones el que viene y $10 millones el siguiente, para dejar finalmente de hacerse cargo de un dinero que nunca debería haber salido de las arcas provinciales, constituyendo el único caso en la Argentina de un estado provincial que paga los gastos de un organismo nacional.

Las estimaciones indican que de no haber mediado este acuerdo este año Mendoza debería haber pagado alrededor de $200 millones a la UNCuyo. Si esa cifra se multiplica por los 18 años que estuvo vigente el acuerdo, se llega a unos $3.600 millones, que representan alrededor de 144 edificios escolares. Esa cifra de dinero equivale más o menos el déficit que la provincia tiene en infraestructura. Mi apelación a los supervisores y directores de institutos superiores fue que esa sinrazón contó con el acuerdo político de al menos cuatro gestiones de gobierno y que había sido la de Alfredo Cornejo la que había acabado con esa sangría. Me pregunté en voz alta dónde habían estado los protagonistas del sistemas, incluidos los sindicatos, mientras esto ocurría. Y marqué como ahora todos criticaban la situación de la infraestructura educativa habiendo tolerado durante años una situación tan grave como la explicada.

En este contexto aludí a que nuestros institutos superiores habían encabezado por primera vez en la historia la capacitación para el concurso de jerarquía directiva que se inició el año pasado y que está en su instancia final. Capacitación gratuita, estatal y no obligatoria, con lo cual, expliqué, se evita que el sindicato y algunos particulares tengan el monopolio de esa instancia clave en el concurso, con el negocio que esto implica en detrimento de los docentes aspirantes. Además destaqué que habíamos heredado un concurso diseñado con un programa y una bibliografía dejados por la anterior gestión muy sesgados y sin la necesaria parte práctica, mediante proyectos de mejora. Con lo cual todo estaba preparado para que con el recitado de un evangelio fuera suficiente. Esto se modificó y el examen se está tomando con la elaboración y defensa de un proyecto de mejora.

En ese momento, a los gritos, una supervisora comenzó a interpelarme. Interrumpí mi presentación y pedí que me dejaran escuchar las objeciones para poder contestarlas, aunque no se me escapaba lo impropio de que alguien que debe saber de jerarquías, pues en ellas se basa su gestión, interrumpiera de esa forma a la autoridad durante su exposición. El respeto a la vía jerárquica como una regla de hierro del sistema me ha sido transmitido en estos dos años justamente por las supervisoras. Como es mi estilo desde que ocupo el puesto de Director General de Escuelas, escuché los cuestionamientos, a los que se sumó otra supervisora, apoyadas ambas por algunas voces. Aclaré lo que había que aclarar y pedí disculpas si me había expresado con poca claridad, había sido mal interpretado o simplemente me había equivocado. Lo cierto es que me había referido a un concurso en particular y la supervisora lo había hecho extensivo al caso de su propio concurso de supervisión, al que yo no había aludido. Creo que aclarar es lo que corresponde aunque los interlocutores apelen a la violencia verbal o la descalificación o se tenga la sensación de que el objetivo real del ataque no es el expresado. Es función de la autoridad reencauzar el diálogo y conducirlo. Así se hizo y terminé mis palabras.

La supervisora apenas finalizado el acto siguió su raid haciendo declaraciones a los medios, en las cuales insistió con sus argumentos como si no hubiera sido aclarado el malentendido, dando muestras de que sus intenciones excedían al tema en discusión. Después de esto se acercó a mí, me pidió disculpas y se mostró conciliadora. Por supuesto, como el lector ya habrá descubierto, era mi vieja amiga de Tupungato, la peronista que participó de la anterior gestión.

Pero el acting no podía concluir ahí porque en tiempos de redes sociales a nadie se le niega nuevas dosis de posverdad, es decir de falsedades, y allí estuvo el facebook de la supervisora para una nueva andanada en mi contra, rematando con un reconocimiento de mi actitud de diálogo. Falsa información en la búsqueda de falsos consensos: una fórmula que se repite y que por desgracia tiene cierto éxito. El hecho de que todo este sainete fue público y frente a muchos ocasionales testigos me exime de cualquier consideración que dejo a la sensatez de los lectores. No puedo dejar de aclarar que algunas supervisoras se acercaron a decirme que los concursos que ellas habían rendido en anteriores gestiones habían sido tan pautados como yo había descripto para el de dirección que nos tocó reencaminar. No me consta, pero dejo constancia de los testimonios.

Esta larga parrafada tiene varios sentidos. En primer lugar cumplir con el consejo de la supervisora y no dejar que el espacio de los hechos lo ocupen los mitos creados intencionalmente para desdibujar la realidad. Pero además, para poner el foco en que la presunta ofensa individual o sectorial (otros supervisores se sumaron al enojo) a partir de mis dichos es un clarísimo ejemplo de lo que dijo el gobernador sobre anteponer los intereses individuales al bien común. Mientras yo informaba sobre una millonaria mala utilización de recursos que explica mucho de la deficiente infraestructura que tenemos, la supervisora y quienes la apoyaban en su reclamo estaban obsesionados con su reivindicación personal. Lamento mucho que una o varias supervisoras se ofendan con la interpretación que hacen de mis dichos, aunque les aclaré que no me refería a ellas. Deben comprender que mientras siguen sumergidas en la ofensa individual o sectorial, el gobernador, quien esto escribe, la actual gestión y muchos otros estamos enfocados y activos para revertir años de desprecio por la educación. Porque los fondos públicos, tal como ocurrió con lo narrado en el DAD, fueron a donde no deberían haber ido nunca por politiquería o mala administración. No fueron a la infraestructura que piden a gritos esos niños, niñas y adolescentes pobres, que no fueron defendidos por los ofendidos de hoy, en la medida en que la comodidad de una misión especial o de la adhesión a un gobierno circunstancial los hacía mirar para otro lado mientras se malgastaban cifras millonarios. Esos olvidados son los que se deberían ofender, más que cualquiera de nosotros. A ellos poco les importa si un director o supervisor rindió con un proyecto o no. Pero sí son víctimas de que una gran cantidad de personas, muchas de las cuales estaban presentes el viernes, hayan mirado para otro lado mientras se malgastaban los fondos que hubieran servido para darles la infraestructura que hoy no tienen.