El Gobierno zafó de pagar una indemnización millonaria por una contratación irregular

La justicia rechazó una demanda millonaria de una empresa de transporte por la antigua licitación. La Corte había determinado que la contratación del Grupo 7 era irregular. Y por eso la empresa "Corsino" pidió un resarcimiento, que le negaron en primera instancia. 

Pablo Icardi

El Gobierno zafó de pagar una indemnización millonaria por una contratación irregular

El Gobierno zafó de pagar una indemnización millonaria por una contratación irregular

Mendoza está en la cuenta regresiva para el cambio hacia un nuevo sistema de transporte, pero aún no se libera de los problemas del “viejo”. Antes del cambio, el Gobierno respira aliviado por haber esquivado, por ahora, el pago de una indemnización millonaria por problemas en la licitación de hace 13 años. Se trata de la causa por daños y perjuicios iniciada en 2005 por el grupo Corsino, que había sido marginado de la licitación del grupo 7 tras una serie de conflictos. Esa empresa reclamaba 30 millones de pesos (monto que actualizado sería mucho mayor) por las ganancias de las que supuestamente se los privó al haber sido marginados de la licitación. El reclamo está basado en una sentencia de la Corte que había determinado que esa adjudicación había sido irregular.

La justicia civil rechazó la indemnización y, por ahora, el Estado no deberá pagar. Ese caso cobra actualidad porque involucra a muchos actores del sistema y también revela irregularidades que hubo, según la propia justicia, en la licitación realizada por la gestión de Julio Cobos. Es que la Suprema Corte de Justicia había determinado que era irregular el proceso de adjudicación del grupo 7, otorgado a la empresa El Cacique, del actual presidente de Autam, Sergio Pensalfine.

Justamente la base del reclamo de indemnización era la sentencia de la Suprema Corte que declaró como irregular ese proceso en 2012. Pero, claro, lo hizo fuera de tiempo: la concesión ya estaba en ejecución, con el servicio funcionando y con dificultades para revertirlo. La empresa del grupo Corsino reclamaba en total 29,4 millones de pesos. Pero los montos finales podría haber sido muy superiores. Para darse una idea: sólo en honorarios para los abogados, se calcularon 10 millones de pesos que ahora deberá pagar la empresa accionante. Claro que todavía tiene la chance de recurrir a una cámara civil para apelar.

A pesar de ese antecedente, la jueza del noveno juzgado civil, Viviana Olguín, determinó que no correspondía la indemnización por el tipo de reclamo que hizo el grupo empresario. El Grupo Corsino (Transportes Colectivos del Oeste) llegó a tener un imperio en el transporte de Mendoza.

En la concesión anterior estaba a cargo del grupo 9 y licitó para continuar (a través del grupo 7 que tenía los mismos recorridos). El Gobierno dio por fracasada la licitación pública y luego otro concurso privado y adjudicó de manera directa la concesión de ese servicio a la empresa El Cacique, que actualmente tiene el servicio. La misma empresa es adjudicataria del sistema que arranca el 2 de enero del 2019.

La tensión con el Grupo Corsino había comenzado antes por las deficiencias que había en la prestación del servicio. Por eso le sacaron el grupo 2, que fue prestado por los micros que el Estado había comprado y luego licitado. A través de inspecciones y sanciones, la empresa Transporte Colectivos del Oeste quedó acorralada y no le adjudicaron los servicios para los que compitió en la licitación ejecutada desde 2005. La demanda es era por “pérdida de chance y daño moral”.

La jueza ratifica que la adjudicación al grupo El Cacique fue irregular, en base a lo que determinó la Suprema Corte. Pero eso, asegura, no le daba derecho automático a Corsino para ser adjudicado y por eso no entiende que haya que presuponer como consecuencia las pérdidas que reclama esa empresa.

“Si bien no cabe duda que, declarado ilícito el obrar del Estado, éste debe responder por los daños que con el mismo haya ocasionado; debe no obstante establecerse la medida y el alcance de dicho resarcimiento, lo que se vincula con los restantes requisitos de la responsabilidad civil” Como antes dije, en su reclamo, la actora no ha reclamado que se le indemnicen los gastos en que incurrió para ingresar a la licitación devenida luego en contratación directa. Sino que ha reclamado un porcentaje de la pérdida de “ganancias seguras y esperadas”, sin que a mi juicio existan elementos arrimados a la causa que acrediten que existe un nexo de causalidad”, asegura la jueza. En ese sentido, redunda en aclarar que la empresa “no ha logrado probar que como consecuencia directa de la actuación irregular del poder concedente, se vio privado de la posibilidad de ganar la licitación”.

El dato anexo que surge del litigio es el porcentaje de ganancias que asegura tiene la empresa El Cacique con esa concesión: un 40%.

En vísperas a la entrada en vigencia de un nuevo sistema, vale la pena tener en cuenta ésta causa judicial. Por los actores, que se repiten, por los errores y por los montos en juego. Es que el sistema de transporte es un servicio público, pero también un enorme negocio.

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