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Edil de Godoy Cruz denunció a su partido por sacarle dinero

Silvina Licata, que se desempeña como edil en Godoy Cruz desde 2016, emitió un comunicado con fuertes denuncias contra el PO. Retenciones indebidas, uso de tarjetas sin autorización y renuncias anticipadas.
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Edil de Godoy Cruz denunció a su partido por sacarle dinero(Facebook)

Edil de Godoy Cruz denunció a su partido por sacarle dinero | Facebook

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Una concejala de Godoy Cruz electa por el Partido Obrero (PO) denunció a esta agrupación política de izquierda, a la que renunció a fines del año pasado, por retenciones indebidas de su salario como funcionaria pública y el uso de tarjetas de crédito sin su autorización para comprar televisores y consolas de videojuegos.

Silvina Licata es una joven madre soltera que se desempeña desde agosto del 2016 como edil en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, tras haber sido elegida por el Partido Obrero (dentro, a su vez, del Frente de Izquierda) en las elecciones del 2015. Sin embargo, abandonó esa agrupación en diciembre del año pasado acusando a los dirigentes del PO de retenerle un porcentaje de su sueldo más elevado del acordado.

A través de un comunicado, Licata explicó que "el partido (Obrero) me retuvo hasta el salario familiar que le pertenece a mi hijo", lo que le ha ocasionado graves problemas familiares. Esto, según la concejala, fue aprovechado por las autoridades del PO: "El Partido Obrero estaba al tanto de estos inconvenientes y trataron de contenerme y brindar ayuda, pero sólo con el interés de que estos problemas no se hicieran públicos".

"Desde un principio quisieron que yo renunciara a la banca, lo cual era injusto porque estos problemas familiares no podían perjudicar al partido directamente. Siempre le fui leal y fiel a la organización política a pesar de algunas diferencias, acepté cada condición que ponían", señaló.

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Respecto a la quita del salario familiar que obtenía por su función de edil, Licata especificó que dicha remuneración "no entra en lo supuestamente donado al partido (donación cuyo destino no está claramente blanqueado a los propios legisladores)", a lo cual sumó como "inapropiada" la renta abonada "que es de aproximadamente $14.000; ésta no cubre la canasta básica familiar, por lo tanto, no cubre mis necesidades, ni las de mi hijo, siendo madre soltera y alquilando un inmueble".

Lo más grave que Licata denuncia es un presunto delito cometido por el PO, y está relacionada con el uso de tarjetas de crédito a su nombre sin su autorización. Según la concejala, el partido no le permitía utilizar su cuenta bancaria ni su bono de sueldo para realizar trámites personales, situación que cambió tras su desvinculación en diciembre. Sin embargo, según la joven, el PO tomó sus datos personales para obtener una tarjeta.

"Durante el mes de febrero del corriente año, recibo una llamada de una compañía de electrodomésticos muy reconocida, desde donde me preguntaban si quería confirmar una compra de un Smart TV realizada a mi nombre)y por ende, que confirmara la dirección donde se dirigía la compra realizada, que daba al local del Partido Obrero en calle 9 de Julio de Ciudad".

La edil manifestó que "no sólo que desistí de esta irregular obtención, sino que inmediatamente denuncié la existencia de la tarjeta de crédito, la cual sacaron a mi nombre y yo no sabía de su uso".

Al mes siguiente se repitió la misma situación, pero en esa ocasión Licata descubrió que le habían vaciado su cuenta sueldo para realizar compras "inútiles" y "en dólares" con otra tarjeta de crédito bajo su titularidad.

"Todavía sufro los descuentos de estas compras, debido a que dichas adquisiciones se efectuaron en cuotas y se continuarán debitando por varios meses, aún cuando la tarjeta fue dada de baja", añadió.

Por otra parte, Licata dio su versión respecto a un sistema de "anticipación de renuncia" a la que estarían sometidos los legisladores del Frente de Izquierda. "Cuando el partido considere necesario puede presentar este oficio pidiendo la renuncia del funcionario. Esto es como una conciliación laboral, donde le quita al trabajador todos sus derechos", señaló y recordó que el mismo FIT votó en contra de la Ley Provincial de Conciliación Laboral (OCLO) que, a su criterio, proponía lo mismo.

"El Partido Obrero hace lo mismo hacia sus afiliados con función pública, hace una intimación a los legisladores con este anticipo de renuncia. En sus palabras, si no aceptaba sus condiciones me expulsarían de la banca. Esto es algo totalmente ilegal, ya que las renuncias son personales y cada funcionario es el único que las puede gestionar", aseguró.