Cómo sigue: a pesar del rechazo, el aborto podría ser despenalizado

El proyecto no puede ser tratado antes del 1 de marzo del 2019. Pero hay otra alternativa que el Congreso sí puede abordar.
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Pablo Icardi

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El rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no es un punto final al debate. El tema no podrá tratarse en el mismo período legislativo y por eso para volver a insistir con la ley habría que esperar luego del 1 de marzo del año que viene. En lo político, creen que sería mejor esperar a que haya una nueva composición legislativa, sobre todo en el Senado. El diciembre del año que viene se renueva un tercio de esa Cámara y el aborto será, más que nunca, un tema de campaña.

Sin embargo, la coyuntura hace que el aborto pueda ser despenalizado antes. Es que en las próximas semanas ingresará al Congreso el proyecto de modificación del Código Penal, donde hay propuestas para cambiar los artículos referentes al aborto. Esa discusión tendrá como herencia los debates y los aportes que hubo en el marco del proyecto rechazado hoy en el Congreso. En el mismo Gobierno nacional entienden que es probable que el tema vuelva a la escena política. Incluso algunos de sus principales referentes podrían impulsarlo, así como hicieron dentro del Congreso.

El primer paso será incorporar los conceptos que la Corte Suprema introdujo en el fallo "FAL" emitido en 2012 por el cual se ratifica que las mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación, tienen derecho a interrumpir el embarazo sin necesidad de judicializar el caso y exigieron que se establezca un protocolo de atención. Pero la reforma podría avanzar más allá del artículo 86 del Código Penal que la Corte interpretó, y podría avanzar por la despenalización completa para las mujeres que interrumpan el embarazo.

Pero además la apertura del tema lleva implícito el reconocimiento de un problema que no se salda con el archivo del proyecto. Quedó claro en las discusiones y los aportes de especialistas que en Argentina hay un problema de acceso a la salud, a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos; que hay restricciones para la planificación familiar y, principalmente, para el ejercicio de derechos por parte de las mujeres. Por eso la carga política que dejará en lo inmediato para el Gobierno es la obligación de ejecutar políticas de salud y educación para cambiar ese estatus.