Política Obras hídricas

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap

El litigio comenzó en noviembre del 2016 y gira en torno a intereses moratorios que no fueron percibidos por la constructora. El DGI afirma que no es su competencia liquidar el pago.
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Mariano Bustos

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Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap(Alf Ponce / MDZ)

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap | Alf Ponce / MDZ

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap(Pachy Reynoso / MDZ)

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap | Pachy Reynoso / MDZ

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap(Pachy Reynoso / MDZ)

Ceosa reclama a Irrigación dinero de obras del Prosap | Pachy Reynoso / MDZ

La empresa mendocina Ceosa es una de las principales adjudicatarias de obras del Departamento General de Irrigación. Sin embargo, en noviembre del 2016, llevó un reclamo a la Suprema Corte para que el organismo del agua se haga cargo del pago de intereses por mora en los proyectos que son financiados por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap). En este caso, lo que se pone bajo la lupa no es cómo ganó la licitación la empresa de Fernando Porreta, sino a quién le corresponde pagar intereses cuando el trabajo se finaliza.

Es usual que se registren atrasos en los pagos y esto genera intereses a favor de la contratista. Sin embargo, a la hora de ponerse al día, desde Irrigación aseguran que no es competencia de ellos hacer los desembolsos, ya que el financiamiento internacional -según se excusan- es manejado por el Gobierno provincial. En base a ello, rechazan los reclamos de liquidación y pago de intereses por mora "por carecer de competencia para ello".  Principalmente, "por cuanto los fondos para hacer frente a los mismos, en caso de corresponder, no se encuentran disponibles en las arcas del DGI, sino en custodia del Gobierno provincial".

En este caso en particular, Ceosa reclama intereses por mora de las obras de Modernización del Sistema de Riego del Río Tunuyán Inferior y las de Modernización del Sistema de Riego Área San Martín Canal Norte del Río Tunuyán Inferior. Sin embargo, existen otros reclamos por demoras en el circuito de pago de obras ejecutadas en la Quinta Zona del Río Mendoza, Quinta Zona lote 1 Lavalle Río Mendoza y Sexta Zona Río Mendoza. Por estos tres trabajos, los intereses que paga la provincia oscilan los $3,5 millones.

Paralelamente a ello, la principal constructora de la provincia se encuentra a la espera de que la Corte determine si le corresponde o no a Irrigación hacerse cargo de los intereses de las dos obras del Tunuyán Inferior.

Testimonios reveladores

El litigio que dirime la Suprema Corte de Justicia por un conflicto de competencias para liquidar intereses moratorios, a su vez, sirve para entender a la perfección el circuito del dinero de las obras financiadas por el Prosap, mecanismo puesto bajo la lupa en los últimos meses tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción.

Gracias a las declaraciones testimoniales que se han aportado a la causa, se puede entender claramente cuáles son las vinculaciones en la intrincada telaraña que componen Irrigación, Prosap, BID, Banco Mundial, Ceosa y  Gobierno provincial. Hace meses, MDZ reveló que los mismos nombres se repiten en varias de esas instituciones, pero nunca estuvo tan claro como ahora cuál es el circuito del dinero y qué rol cumple cada actor.  

Gustavo Javier Cabrera es empleado de planta del Departamento General de Irrigación y el 28 de diciembre fue citado a prestar declaración ante el juez de la Corte José Valerio. Allí, explicó el procedimiento administrativo aplicable a las obras hídricas que se realizan con financiamiento internacional a través del Prosap.

"Estas obras comienzan con la elaboración de un proyecto del área técnica del DGI, es un proyecto eminentemente técnico el cual es elevado a Prosap para solicitar financiamiento por parte de los bancos como el BID o el Banco Mundial, que son los agentes financieros que participan en esto", manifestó. "Son obras mayores. No son obras de las menores que ejecuta el DGI con su presupuesto, sino obras grandes en las cuales el financiamiento es una parte a través de estos bancos y la otra en la contrapartida del presupuesto de la provincia, lo que se denomina Pari Passu. En algunas obras es 70/30 en otras 60/40 depende del préstamo", adhirió.

"El procedimiento sigue con la aprobación del banco, se comunica a Irrigación esta aprobación a través del Prosap y se envía desde Prosap a Irrigación un modelo del pliego de licitación donde los componentes legales y administrativos ya vienen pre determinados y en el DGI se hace la parte técnica, particular de la obra. Después, el llamado a licitación lo realiza el DGI con un volante de imputación preventiva que es previo al llamado a licitación que elabora la UFI del Ministerio de Hacienda de la Provincia. Luego, toda la adjudicación de la obra, la ejecución y certificación de los trabajos lo realiza el DGI en su calidad de unidad ejecutora de proyectos de Prosap. En todas las provincias Prosap tiene esta estructura organizativa donde existen unidades ejecutoras de proyecto y entidades de administración financiera (EPAF) y las que se denominan Entidades de Enlace que también hay una en cada provincia. El DGI, en función del acta de medición elaborada por la empresa, emite un certificado de obra el cual es firmado por la empresa y todos los funcionarios de DGI intervinientes y, luego de que es controlado y registrado contablemente en Irrigación, se remite a la Unidad de Financiamiento Internacional para su posterior pago".

Lo cuestionable es que, en Mendoza, los mismos funcionarios tienen cargos en Irrigación, Prosap y empresas vinculadas a la constructora que gana los proyectos. Por ejemplo, Fernando Gomensoro es empleado de Irrigación, funcionario del Prosap y fundador de la consultora Hydrotec, asociada a Ceosa.  Esta situación llamó la atención de la Oficina Anticorrupción, que inició una investigación para determinar si existió tráfico de influencias para que Ceosa ganara las obras hídricas Belén -Pomán y Rincón en la provincia de Catamarca.

Esa investigación nacional demostró que, en Mendoza, los mismos funcionarios de Irrigación tienen cargos en el Prosap, por lo que se encargan de armar las licitaciones, encontrar el financiamiento, adjudicar las obras y controlar los avances de las mismas. 

Por ejemplo, en Río Toro, una obra financiada por Prosap en Salta, aparecen como parte del equipo personas que tienen o tuvieron cargos en Irrigación: Carlos Martini, Leandro Ibarguren y Alejandro Drovandi, entre otros. En el mundo que rodea al DGI aseguran que las relaciones entre las consultoras, Irrigación y el Prosap son mucho más aceitadas de lo que se cree, y los protagonistas confunden roles habitualmente. El actual director de Gestión Hídrica del DGI, Rubén Villodas, creó la empresa de consultorías Aquargentina y realizó proyectos de manera particular para el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap).

Ramón Eduardo Manuel Ramet es el coordinador Técnico del Prosap en Mendoza y ha firmado proyectos con el DGI y Ceosa. Pero, además, estuvo vinculado al Iscamen como Coordinador Técnico del Área de Planificación de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario, al Coprosamen, como personal contratado, y a la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA) de la provincia.

Ramet fue uno de los testigos citados a audiencia en la causa que Ceosa impulsa contra el DGI por el pago de intereses por mora. Sobre el circuito de licitación, adjudicación y pago, allí declaró: 

"Esto es en el marco del PROSAP, en el cual se recibe financiamiento de distintos organismos internacionales, Banco Mundial o BID. Dichos organismos tienen pliegos estandarizados, aprobados por los bancos en el cual una vez que se aprueba el proyecto y se llama a licitación la obra, la unidad ejecutora llama que es el DGI, una vez que se presentan las ofertas, se hace el análisis de la misma, es remitido a la EPDA, es elevada a la unidad ejecutora central del PROSAP y dependiendo si es licitación publica nacional o internacional, se da la no objeción por parte de la unidad ejecutora central del Prosap, actualmente dependiente del Ministerio de Agroindustria, o por parte del banco financiador. Una vez obtenida la no objeción la unidad ejecutora central se lo comunica a la EPDA y ésta a el DGI. El DGI, comunica a todos los oferentes y adjudica a la empresa a través de una resolución del Honorable Triunal Administrativo del DGI. Luego se firma el contrato, la Empresa presenta todo lo que tiene que cumplimentar conforme al pliego y se comienza la obra, en algunos casos con anticipo financiero y en otros sin anticipo. En Irrigación se constituye la inspección de obra, que es la que va certificando mensualmente los avances de obra y el cumplimiento del contrato. Esos certificados, una vez firmados, son enviados a la EPDA, con la factura correspondiente, donde revisamos que se esté cumpliendo con lo previsto en el contrato y es remitido a la Unidad de Financiamiento Internacional para solicitar los fondos y posterior pago del certificado".

Todas estas declaraciones tienen lugar en el marco de la disputa que existe entre Ceosa e Irrigación por el pago de intereses por mora de dos obras en el Río Tunuyán Inferior. Esa discusión se centra en torno a si corresponde que el DGI pague los intereses o es competencia de la provincia.

Sin embargo, sirven para echar luz sobre el complejo entramado de relaciones entre entidades públicas provinciales, nacionales e internacionales y empresas privadas.