Política Dictamen de la Oficina Anticorrupción

Caso Triaca: lo cuestionan, pero no lo sancionan

Según el documento, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resolvió hacer saber a Triaca que "debió actuar en forma prudente"
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Caso Triaca: lo cuestionan, pero no lo sancionan

En el medio de la volatilidad del dólar y la inflación, el caso del escándalo del minstro de Trabajo, Jorge Triaca, y su empleada doméstica, pasó a un segundo plano. Sin embargo, este martes trascendió el dictamen de la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, sobre el caso. En el texto con fecha de abril, se cuestiona duramente la ética del funcionario, pero no se le dan una sanción particular.

Según el documento, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resolvió hacer saber a Triaca que "debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra HEREDIA en el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso (art. 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)".

De esta forma cuestionó la contratación de la empleada doméstica de la familia del ministro de Trabajo, Sandra Heredia, como administrativa y luego delegada de la filial San Fernando del SOMU, mientras el sindicato estuvo intervenido y bajo la órbita de acción del cuestionado funcionario.

El caso se conoció después de difundirse un audio en el que el minstro insultaba y maltrataba a la empleada de la quinta familiar de los Triaca. Todo el escándalo que se generó derivó una norma antinepotismo del Gobierno, para descomprimir el reclamo de renuncia del funcionario. 

Según el documento difundido por Border Periodismo, el dictamen de la Oficina Anticorrupción lleva la firma de Laura Alonso, y sostiene que"el funcionario no pudo desconocer que la Sra. Heredia -empleada de su hermano- se había ofrecido o le habían ofrecido ocupar un empleo en un área, si bien no dependiente,fuertemente vinculada a su jurisdicción y, en orden al aludido deber de prudencia, no debió consentir la referida contratación" y que, entonces Triaca debió actuar"transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso".

En el texto se hace un duro cuestionamiento ético y dice: "En un momento institucional donde la ética y la transparencia se señalan como valores fundamentales de la gestión de gobierno, las autoridades deben no sólo actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio sino proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento, a fin de no debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Además, se le pide que "en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción".