Controlar o ser controlado, la dicotomía a la que se enfrenta el Gobierno que puede condicionar los planes de futuro

Hay una broma interna que se repite alrededor del Gobernador de Mendoza. Alfredo Cornejo es Gobernador, pero también un poquito “Intendente del Gran Mendoza”, un tanto Fiscal General y, también, tiene una pizca de Presidente de la Corte. Aunque no debería ser su campo, también es de a ratos integrante de los organismos de control y, por si fuera poco, vocacional editor de diarios. La cita casi textual ahonda sobre el control que el oficialismo local tiene sobre gran parte de las cosas que ocurren institucionalmente en la Provincia y que dejan de lado otro significado de esa simple palabra. Justamente, una de las características que embellece la lengua es la polisemia; la posibilidad de que una palabra tenga varios significados, en algunos casos hasta contradictorios. Es así que el mismo oficialismo le repele, le incomoda el control, entendido como esa mirada externa crítica, fundada y con poder para rectificar, corregir y sancionar las cosas que se hacen mal.

En el contexto en el que está la Provincia es un concepto clave que está en crisis. Con fundamentos y antecedentes tangibles y, también, por esa tendencia a simplificar para manifestarse en contra; la “falta de control” es un argumento redundante y por momentos autoflagelante: nada se puede hacer porque no habrá control.

La pobreza productiva de Mendoza, que se refleja en más marginación, menos oportunidades, menos ingresos e incertidumbre, genera alguna ansiedad para encontrar rápidamente respuestas que en realidad requieren un temple mucho mayor. Cómo se realice la explotación de recursos naturales no renovables, como la minería y el petróleo, y el uso de recursos renovables pero frágiles como el agua son las claves de ese futuro, con un Gobierno que tiene poco ejercitada la tolerancia a la mirada externa; a la visión no controlada de las cosas.

El proyecto San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, es el que pondrá a prueba al Estado y a la comunidad mendocina para ver si se puede o no hacer minería; si esa actividad puede convertirse en un área más de desarrollo económico o no. El cambio de nombre no modifica los antecedentes, pero el proyecto sí tiene rectificaciones. Pero le faltan aún más. El Dictamen Técnico de la Universidad Nacional de Cuyo detectó una serie de flaquezas en el plan para explotar la mina. Del total de puntos a analizar, esa casa de estudios consideró que cumple parcialmente con las exigencias ambientales para la minería en Mendoza. Y lo puso en números: el proyecto cumple acabadamente con el 22% de los requisitos, mientras que otro 26% lo considera incumplido y un 52% lo cumple parcialmente.

No es un dato alarmante, ni definitivo. La evaluación ambiental, social y económica es dinámica y en un proceso normal podría llevar meses u años. Es lo que pasa, incluso, en San Juan con los grandes proyectos de cobre. Esas carencias deben ser resueltas. La duda es si el Gobierno quiere emitir una DIA acelerada o generar un músculo sólido para que no haya riesgos a futuro. En el análisis del proyecto hay diversas objeciones a saldar. Desde las  dudas por el proceso industrial y el dique de colas, hasta la falta de claridad sobre la disponibilidad de agua cuando, a futuro, el escuálido arroyo El Tigre traiga menos agua por efectos del cambio climático.

También se ponen de relieve carencias estructurales de Mendoza. El cobre de San Jorge tendrá como única vía de salida la ruta internacional 7, la misma vía de tránsito que está colapsada, rota y con una crisis estructural y de financiamiento para obras. La empresa no tuvo en cuenta ese detalle, así como tampoco hay claridad sobre la ampliación de vías de acceso, algunas externalidades negativas y el impacto energético que tendrá. En general quienes conocen el proyecto aseguran que hubo sustanciales mejoras a la idea original que fue rechazada por la Legislatura y que tenía informes técnicos mucho más críticos. Pero, explican, es aún un proyecto “en proceso” y no definitivo. Entre los dictaminantes de la UNCuyo hay muchos referentes conocidos, como Gabriela Lúquez, que fue funcionara de Ambiente en varias gestiones radicales, y Gonzalo Dávila, que estuvo a cargo de Protección Ambiental también durante varios períodos.

Para el Gobierno el desafío es enorme, sobre todo para construir lo más deseado y ausente en el tema: la confianza. San Jorge ha cambiado de accionistas, pero mantiene una estructura de conducción estable. La cara visible es Fabián Gregorio, que ha liderado el proyecto desde que la empresa era Coro Mining. Tienen la particularidad de pertenecer a un grupo de referentes que salieron de la misma cuna educativa. Compartió estudio de abogados con el ex gobernador Francisco Pérez y uno de los referentes de mayor prestigio en la minería de Mendoza, Raúl Rodríguez, y también eran parte de una camada (no de la misma promoción) del Liceo General Espejo junto a Guillermo Mosso, Carlos Aguinaga y otros. Curiosamente fue con Paco Pérez como actor relevante que San Jorge fracasó en su primer intento y ahora Cornejo, que era uno de los gestores de esa oposición, quien puede darles luz verde.

De entrada el Gobierno optó por acortar caminos, armar una estructura verticalista y evitar visiones divergentes en el sistema de control y promoción de esas actividades. Unió el área de Energía  Minería con la de Ambiente, área que bajó de rango, con una simbólica mudanza de la influyente Dirección de Protección Ambiental al cuarto piso de Casa de Gobierno y hasta una nueva denominación. En la misma órbita están las empresas provinciales de energía y minería (Impulsa Mendoza) que tienen mucho más peso político en las decisiones que las subordinadas Ambiente y Protección Ambiental.

La subsecretaria de Ambiente marcó una línea conceptual curiosa el año pasado a poco de asumir. Dijo, ante un grupo de periodistas, que en minería había que “hacer para aprender y corregir”. Lo mencionaba al ver la cantidad de información faltante sobre el Distrito Minero Malargüe Occidental, sin darse cuenta que esa idea es justo lo contrario al principio precautorio ambiental, protegido por la Ley Nacional de Ambiente. También obviando la extensísima información ambiental disponible, igual que las prácticas locales. Más aún, cunado en Malargüe y San Rafael hay antecedentes recientes de producción y frustración minera.

Quién controla, es la cuestión

La permeabilidad a los controles reales tiene impacto puertas afuera de Mendoza. Justamente la hiper presencia del Estado o, mejor dicho, el Gobierno es lo que genera algún ruido. Hay quienes recuerdan cómo fue el proceso de evaluación de Potasio Río Colorado. En el proceso que llevó adelante la empresa inglesa Río Tinto, una de las mineras más grandes del mundo y quien desarrolló el plan, tuvieron más  participación y protagonismo los ambientalistas mendocinos que los organismos de control locales. Fue así, por ejemplo, que una comitiva de ambientalistas viajó a Inglaterra para que dieran su visión a los accionistas e inversionistas, propuestos también por referentes del sector que se oponían a la actividad en ese país. 

En Mendoza hay una nueva tendencia hacia el otro lado. Fue la actual gestión la que hizo interpretaciones de la ley ambiental para aprobar planes de acción de manera laxa. Ocurrió cuando se hizo fracking por primera vez y también con planes de saneamiento altamente delicados como el de la contaminación con hidrocarburos en la cuenca El Carrizal. Allí se eligió hacer un “aviso de proyecto” sin mecanismos de participación pública y se evaluó la obra civil para poner un acueducto, pero sin explicar que por allí viajará agua contaminada. Ese proceso está plagado de hechos donde el resarcimiento económico individual (incluidas personas con leucemia) se ponderó sobre la información pública y resolución ambiental. YPF, por ejemplo, deberá destinar más dinero al saneamiento del acuífero que la inversión que hará para explorar Vaca Muerta.

La misma vidriosa visión institucional tiene el Estado mendocino sobre el aprovechamiento del agua subterránea disponible en esa cuenca y que abastece a los emprendimientos turísticos y vitivinícolas top. Los 20 pozos que se otorgaron de manera irregular no fueron cegados y, por el contrario, sus beneficiarios desarrollaron los planes que tenían. La Corte pausó la decisión sobre esa irregularidad, deslegitimando así al propio Departamento General de Irrigación, que había determinado ya la ilegalidad de ese acceso al agua. La “gobernanza” de ese recurso y el accesos será el gran tema del futuro inmediato. La idea de que Irrigación sea un Departamento de Aguas, en el sentido general, y cambiar el concepto de “regantes” por el de “usuarios” es una de las definiciones políticas más relevantes, pues incorporaría en a mesa de decisiones a otro tipo de actividades fuera de la producción primaria.

Esa tensión, que es inevitable y no necesariamente negativa, también traerá la exigencia de rigor en la ejecución y el control (como auditoría, claro). La mirada externa, imparcial y prestigiada es relevante. En las encuestas de confianza y credibilidad realizadas en Argentina, los organismos estatales, las grandes empresas y el propio Estado como entidad general están en el fondo de la tabla. Las universidades públicas, en cambio, mantienen prestigio y credibilidad (así quedó plasmado en un sondeo realizado por Poliarquía al que tuvo acceso MDZ). Quizá, entonces, sea una buena oportunidad para liberarse a que ese tipo de voces sean parte de los aportes y los controles y no, en cambio, intentar controlarlas.