Opiniòn

¿Era relato?: la 7.722 no se tocó, pero la protesta no se terminó

En 2019, tras violentas protestas, se derogó la Ley 9.209 y quedó vigente la ley anterior. "No nos oponemos a la minería, pero en el marco de la 7.722", decían. ¿Y ahora?

Edwards Gajardo
Edwards Gajardo domingo, 26 de enero de 2025 · 08:00 hs
¿Era relato?: la 7.722 no se tocó, pero la protesta no se terminó
Foto: Pachy Reynoso/MDZ

La creación en 2007 de la Ley 7.722 significó el freno al desarrollo de la actividad minera en Mendoza, principalmente por el artículo 3ª de la norma (que tenemos que recordar que nunca fue reglamentada) que establece un filtro político para la aprobación de cualquier proyecto minero metalífero, en cualquiera de sus etapas.

En 2019, apenas asumió, Rodolfo Suarez logró amplio apoyo legislativo para reformarla y en su lugar se promulgó la Ley 9.209. Sin embargo, violentas protestas antimineras en las calles llevaron a que, el ahora exgobernador, decidiera derogar la normativa.

Desde entonces, la 7.722 sigue vigente y los proyectos mineros que se quieran realizar en Mendoza se tienen que acomodar a sus exigencias. En 2019, el discurso de los políticos y de los grupos antimineros, fue que no se oponían a la industria, sino que defendían la ley que -según dicen- es la defensora del agua.

Por eso, no se logra entender el nivel de violencia con el que estos grupos impidieron la puesta en marcha oficial de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Si la ley está vigente y según lo que repiten (especialmente los políticos que han hecho carrera frenando la minería) no se oponen a esta actividad industrial, no se logra entender cuál es la razón que los llevaría a aplicar tal nivel de agresividad por la apertura de una cámara. Agresividad porque hay una entidad que quiere representar a un grupo de prestadores de servicios que quieren trabajar en minería.

La realidad es que se caen las caretas. Claramente, no estamos hablando de ambientalistas, sino de antimineros que en base a una posición ideológica se van a oponer siempre a la actividad. Sin argumentos, quieren imponer su pensamiento por encima de todos aplicando cualquier tipo de medida extrema, buscando que -como ocurrió en 2019- se logren sus objetivos con presión en las calles y arrogándose la representatividad del "pueblo".

No hay ningún proyecto posible hoy en Mendoza que no cumpla con la 7.722 porque está vigente. Por eso, todo lo que se está haciendo en la actualidad está en el marco de esta normativa.

Lo que desnuda la violenta acción de estos grupos antimineros, es que sólo era relato esa posición de 2019, cuando decían que no se oponían a la minería, sino que la querían dentro del marco de esta ley que, entre otras cosas, establece que sea la política la que tenga la palabra final para aprobar un proyecto.

Nunca les importó la Ley 7.722 y tampoco les importa si realmente defiende el agua o no. Estos grupos tampoco son defensores del agua, porque no hacen un trabajo que respalde eso. Sólo se reúnen para sus acciones antimineras, no tienen ninguna labor concreta en cuidado y estudio del uso del recurso hídrico y no se manifiestan ante hechos en los que el agua de Mendoza si se ha visto realmente comprometida (y no por la minería claramente).

Entonces, si la Ley 7.722 sigue vigente y establece una serie de instancias en las que se incluye la voz de todos los actores sociales, no se entiende el nivel de violencia aplicado por estos grupos antimineros. Una vez más quieren instalar el miedo como la base de su estrategia para frenar una actividad que es absolutamente necesaria para los desafíos ambientales que tiene el planeta.

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