Ingresó a la Legislatura el proyecto para que Mendoza se desprenda de sus acciones en IMPSA

El proyecto ingresó este miércoles a Legislatura -con estado parlamentario- y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar los actos necesarios a fin de “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”. Se da en el marco de la privatización de la histórica metalúrgica, lo cual fue comunicado de forma oficial a comienzos de julio, aunque aún sin confirmación de la empresa privada que se hará cargo.

En la actualidad, el 63,7% de las acciones son propiedad de un fondo fiduciario del Estado (el FONDEP), que controla la Secretaría de Industria del Gobierno nacional, mientras que el 21,2% de las acciones pertenecen al Gobierno de Mendoza. En tanto, el restante 15,1% del capital social es de propiedad privada. Fue el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien la semana pasada confirmó que el Ejecutivo provincial enviaría un proyecto a la Legislatura para así obtener el aval que le permita no disponer más de dichas acciones.

El documento -que ya está en la Cámara baja- detalla en su articulado que el proceso de transferencia que se instrumente, “deberá asegurar los principios concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia”. La fundamentación asevera que en el año 2020 IMPSA solicitó formalmente la participación del Gobierno provincial y nacional en el Plan Integral de Recomposición de su Estructura de Capital, mediante su publicación en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

En tal sentido, la empresa solicitó la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a “la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros. La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones. Para ello, el Gobierno nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria”.

En el texto de elevación del proyecto, se manifiesta que el Plan Integral de Recomposición de la Estructura de Capital de lMPSA “que fuera aprobado por los acreedores en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial que gestionara oportunamente, comprendió tres (3) etapas”: la “reestructuración de la deuda mediante el APE, el cual fue aprobado por los acreedores en noviembre del 2020”; la “capitalización de la empresa mediante la emisión de una nueva clase de acciones (Acciones Clase C) destinada al ingreso de fondos genuinos que le permitieran a lMPSA contar con el capital del trabajo necesario para el desarrollo normal de sus operaciones hasta que se regularizaran los mercados y flujos de sus contratos”, y el “Listado de las Acciones Clases A y B para la venta de las mismas en favor de los Beneficiarios de los Fideicomisos de las Acciones de la compañía”.

Agrega que el objetivo fundamental de la solicitud cursada en aquel entonces por lMPSA al Estado nacional y provincial, fue “aumentar el capital social de la compañía mediante la emisión de acciones correspondientes a una nueva clase ``C” de acciones ordinarias nominativas no endosables que la Provincia de Mendoza acordó suscribir parcialmente e integró el aumento de capital de la empresa mediante la suscripción e integraciones de dichas acciones clase ``C”.

La condición bajo la que accedió la provincia a formar parte de esta operación fue “que el Gobierno nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional por la suma que la Provincia se comprometió a integrar”, explica, agregando que de esta manera, “los fondos que integró la provincia fueron destinados a atender los costos operativos, pago de salarios, impuestos y contribuciones, avance de proyectos nuevos y en marcha y los costos del APE, situación esta que de no haberse verificado, no hubiera posibilitado mantener las fuentes de trabajo de los más de 720 empleados directos que posee la empresa y la cantidad de trabajadores indirectos que hubieran visto resentida su economía”.

En virtud de ese proceso, la Legislatura de Mendoza sancionó en aquella ocasión la Ley 9.319 que dispuso autorizar al Ejecutivo provincial a suscribir e integrar, hasta 454.300.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. Sin embargo, sostiene la fundamentación, “habiéndose cumplido el objetivo” y “existiendo actualmente posibles compradores nacionales e internacionales interesados en la adquisición de las Acciones Clase C que ostenta la provincia”, se hace necesario “gestionar la autorización legislativa pertinente para desvincular la participación del Estado provincial en el paquete accionario de IMPSA”.

La privatización

La venta de las acciones de IMPSA que poseen el Estado nacional y la Provincia apunta a ser la primera privatización de la presidencia de Javier Milei. El proceso ha entrado en una etapa decisiva luego de que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Gobierno de Mendoza resolvieran en conjunto trasferir sus acciones en la compañía. Se esperaba que la definición del eventual comprador se resolviera durante el fin de semana, pero finalmente se extendió el plazo de presentación de ofertas hasta el 15 de septiembre. Se trata de una operación que, curiosamente, fue iniciada por el gobierno de Alberto Fernández, pero que el actual presidente aceleró.

Como contó MDZ, hasta este último viernes sólo había una propuesta para avanzar en la compañía argentina: ARC Energy, una empresa de capitales estadounidenses dedicada a la producción, provisión y servicios de insumos de petróleo y gas, que canalizará la inversión a través del Fondo de Inversión Americano (IAF). Como el ganador deberá cubrir un pasivo de más de U$S 500 millones (deudas con todo tipo de acreedores privados), reclamará los beneficios del  Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

IMPSA es una empresa centenaria e insignia de Mendoza. Entró en decadencia luego del fracaso de la instalación de la sucursal de Brasil, destinada a la construcción de aerogeneradores, sumado a la deuda del gobierno de Venezuela y a la mala gestión económica-financiera en Mendoza. Las deudas se hicieron impagables y los acreedores se quedaron con la empresa, principalmente bancos como el BID. En 2021 el Estado nacional y el de Mendoza la "rescataron" con una inversión de U$S 20 millones. Antes, hubo dos acuerdos extrajudiciales con los acreedores con los que se redujo algo la deuda y se postergaron pagos. Ahora pasará a ser del sector privado.