Polémica situación

El caso de corrupción que sacude a Irrigación y que tendrá hoy un día clave

Desde hace meses se ventila un expediente que involucra a un inspector de cauce que no puede justificar más de $30 millones. Con escándalo y presiones, un tribunal vota hoy si lo destituye o no.

Marcelo Arce
Marcelo Arce martes, 18 de junio de 2024 · 09:00 hs
El caso de corrupción que sacude a Irrigación y que tendrá hoy un día clave
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una investigación por un posible caso de corrupción protagonizado por un inspector de cauce mantiene al Departamento General de Irrigación (DGI) envuelto en un escándalo y al borde de un conflicto por la supuesta protección del titular del ente, Sergio Marinelli, al responsable del hecho que se viene ventilando hace varios meses ya.

En ese sentido, este martes, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del organismo del agua, definirá si aplicará o no algún tipo de sanción sobre Alejandro Currenti, el inspector de cauce que desempeña sus tareas desde hace años en la zona de Corralitos, Guaymallén. Al trabajador se le abrió un expediente por el supuesto desmanejo de recursos públicos por una cifra que, en principio, ronda los $30 millones, los cuales estaban destinados a la construcción de obras que nunca se hicieron. Esto, entre otras irregularidades.

 

Alejandro Currenti, el inspector de cauce sospechado.

El caso de Currenti ya se trató el martes de la semana pasada en el seno del HTA, pero los consejeros de los ríos de Mendoza que lo conforman no consiguieron ponerse de acuerdo con respecto a las medidas a tomar y tuvo que imponerse un cuarto intermedio hasta este martes para volver a tratar el tema y, en definitiva, intentar decidir qué hacer con este caso que les quema. 

Hace una semana dos consejeros, Eloy Guerrero -del río Tunuyán Inferior- y Alejandro Gennari -del río Mendoza-, no prestaron su acuerdo para que se aprobara la rendición de cuentas presentada por Currenti por los gastos de su inspección, así como tampoco avalaron la decisión del superintendente de avanzar con una sanción leve (que iba del apercibimiento o, en todo caso, una suspensión) por los hechos de los cuales se lo acusa.

La situación alcanzó en un momento de esa discusión ribetes políticos de otra magnitud, cuando delegados del gobierno provincial tomaron el teléfono y buscaron intervenir para que el agua no llegare al río. Lo que intentaban, en definitiva, era que al cuestionado inspector se lo suspendiese de sus funciones y no se lo destituyera, como era la intención de quienes se negaron a levantarle la mano a la salida ideada por Marinelli.

Lo que se está investigando y, como se mencionó, ya generó un expediente interno en septiembre del año pasado por la Dirección de Fiscalización de Irrigación (Repartición 24- Letra 2- Número de orden 802812) es la posible irregularidad cometida en el manejo de, al menos, tres obras financiadas por el DGI que no se hicieron y que las autoridades del ente buscan disimular bajo el argumento de que, en realidad, Currenti tuvo un problema de costos que le impidieron avanzar con lo que había firmado y que, a lo sumo, la sanción que debería corresponderle es por no haber avisado del problema.

El punto aquí es que la Inspección de la discordia en Corralitos presentó un déficit en sus últimos dos balances que reconoce un agujero de $22 millones en el 2022 y de $12 millones en el año 2023.

La última rendición de cuentas realizada por Currenti derivó en un escándalo. Fue el pasado 31 de mayo cuando, en una asamblea de regantes, el inspector fue cuestionado por su posible accionar irregular y apareció en escena el exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, para defender al funcionario cuestionado. La irrupción de Marcelino esa noche terminó por alimentar otras sospechas: la Municipalidad de Guaymallén no solo firmó los convenios para las obras que no se hicieron, sino que además -expresado por el propio exintendente en ese mismo lugar-, se habían aportado materiales y logística del municipio para tal fin.


“Marcelino vive en la zona (la Primavera) y es sabido que conoce desde hace años a Currenti y que tienen una relación. El exintendente contó cómo la municipalidad aportó miles de kilos de hierro y más de ocho camiones de hormigón por día (unos 100 mil metros cúbicos) para obras que no sabemos donde están. Todo lo que ha salido de ahí tiene que tener un control porque, de otra manera, estamos en presencia de un verdadero festín”, fue lo que dijo a MDZ José Pozzoli, concejal del peronismo en Guaymallén y uno de los que protagonizó una escena con el propio Currenti que casi termina a las piñas en la tumultuosa asamblea de finales de mayo.

Pozzoli es uno de los integrantes de la oposición que se metió en este tema y anticipó que esperará por el resultado de la votación de hoy en el HTA para definir si la acusación contra Currenti deriva en una denuncia penal. El caso también llegó a la Legislatura: la semana pasada se terminó por aprobar (después de varias semanas de idas y vueltas) un pedido de informes presentado por el senador de Unión por la Patria, Félix González, quien pidió el expediente iniciado en septiembre por Irrigación para analizar así su contenido.

Marcelino Iglesias junto a Currenti, en un acto en Guaymallén.

Las irregularidades que se están ventilando no se terminan solo en la manera en que se manejaron recursos por parte de esta Inspección. Según se está investigando, Currenti habría incurrido también en otra maniobra: Irrigación le otorgó fondos para que construyera la sede en Corralitos, pero Currenti la terminó edificando en un terreno de su propiedad y aprovechó el dominio para hacer un comodato con la DGI que le permitiría utilizar las instalaciones que le pagó el Estado (galpones, infraestructura , etc) en beneficio propio.

Su mujer, Romina Cagol, habría firmado en enero de este año un contrato de locación de servicios con la Inspección Canal Vertiente Corralitos para la realización de tareas administrativas por un total de $5.040.000 a pagar en doce cuotas de $420.000 cada una. Pero lo más interesante de este vínculo no queda aquí. Cagol, asimismo, habría firmado un convenio para aportar a la Inspección un tractor Massey Ferguson de su propiedad y además con una cláusula especial: Irrigación le garantizó que, en caso de que las cubiertas de las máquinas se gastaran en un 20%, estas debían ser reemplazadas automáticamente por el organismo estatal.   

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