Así será el plan para que escuelas reciban fondos recuperados de la corrupción
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, expuso este jueves los detalles de los dos proyectos de ley vinculados a la educación que recientemente presentó el Gobierno de Mendoza. Uno de ellos está relacionado con la creación del Fondo Escolar Permanente y otro con modificaciones a la Ley sobre “el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”, que permitiría redirigir recursos recuperados de la corrupción a la DGE.
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El funcionario provincial se presentó ante los integrantes de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; Cultura y Educación; y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, a quienes brindó detalles sobre ambas iniciativas.
En relación a la creación del Fondo Escolar Permanente, establecido en la artículo 212 de la Constitución provincial, el ministro explicó que “se constituirá con los recursos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles y muebles, registrables y no registrables, fondos y activos financieros que eventualmente pudieran surgir en el marco de una herencia vacante, titularizados por la Dirección General de Escuelas, en virtud de herencias vacantes y/o donaciones”.
García Zalazar señaló que se “reglamenta la constitución del Fondo Educativo Permanente a través de la subasta de inmuebles públicos, vía Escribanía General de Mendoza” y destacó que se agregó algo que hasta hoy no se había tenido en cuenta respecto a las herencias vacantes.
“Hasta hoy sólo ingresan bienes inmuebles”, indicó y aclaró que se agregan al espectro “bienes muebles, o cajas de seguridad sin herederos, herencias vacantes, vía mediación judicial”. En tanto, en todos los casos los fondos serían “para edificios y equipamiento de las escuelas de Mendoza”.
Respecto a las modificaciones al “régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”, el funcionario manifestó que “la modificación de un artículo de esta Ley, permitiría que el juez interviniente, una vez que ha fracasado el primer remate, pueda transferirlo a la DGE o para que constituya el Fondo Permanente. En ambos casos es una utilización productiva de inmuebles que están ociosos”.
El funcionario provincial hizo hincapié en la posibilidad de rápida decisión judicial si es que los remates, por ejemplo, no tienen oferentes. Ante una requisitoria sobre el particular, indicó que “el procedimiento administrativo no cambia, es el mismo, el listado de inmuebles ya ha pasado por el Consejo de Administración”, añadiendo que “lo que cambia es la posibilidad de agilizar la cantidad de inmuebles que ponemos para ser subastados y la incorporación de otros bienes”.
En este mismo orden, García Zalazar afirmó que junto a las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo se ha incorporado un Anexo en el cual se enumeran 40 inmuebles para ser subastados y que implicaría una recaudación estimada en 4 mil millones de pesos anuales (dependiendo de los índices inflacionarios y valores de mercado) destinados a equipar o mejorar la infraestructura de escuelas de la provincia. Estas propiedades que forman parte del Anexo mencionado, se encuentran en 12 de los 18 departamentos de la provincia. Además, ponderó la incorporación de esos inmuebles en el Anexo con el objeto de que sea “de conocimiento público”.