Gastos irregulares

Multan a exfuncionarios de la exDinaf por una millonaria contratación injustificada

El Tribunal de Cuentas sancionó a Vanina Barone, ex directora general de Protección de Derechos de la Niñez y al ex director de Administración, Felipe Laucieri, por el pago de $4 millones a un proveedor.

Gianni Pierobon
Gianni Pierobon miércoles, 3 de abril de 2024 · 12:42 hs
Multan a exfuncionarios de la exDinaf por una millonaria contratación injustificada
Los funcionarios Vanina Barone y Felipe Laucieri fueron multados por el Tribunal de Cuentas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El Tribunal de Cuentas de Mendoza multó a dos ex funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ex Dinaf) por irregularidades en una contratación de $4 millones a una asociación encargada de brindar proyectos de capacitación y concientización. A través de una auditoría, el organismo consideró que los responsables incumplieron la normativa vigente y no respaldaron legalmente el gasto efectuado.

Mediante el fallo Nº 18.016, el órgano de control aplicó una multa de $80.000 a Vanina Barone, directora general de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y otra de $120.000 a Felipe Laucieri, director de Administración de esta dependencia, ambos funcionarios de la última gestión provincial.

Los ex funcionarios fueron sancionados al verificar que incurrieron en pagos irregulares al proveedor Legaltech Seed S Asociación por un total devengado durante el ejercicio 2022 de $4.070.000, del cual $1.340.0000 ha sido pagado en el ejercicio 2022 y el resto en el 2023.

El Tribunal consideró que los responsables incurrieron en incumplimientos a la normativa vigente, principalmente en materia de contrataciones y de los requisitos para la autorización del reconocimiento de “legítimo abono”, al “no acreditar urgencia y/o necesidad debidamente fundadas, ni justificación de la falta de cumplimiento de los procedimientos normales de autorización previa del gasto y de los motivos por los cuales se procede al reconocimiento efectuado, configurando un procedimiento administrativo irregular”.

La asociación se define como un “espacio abierto e interdisciplinario que brinda talleres y concientización del mundo digital” pero los proyectos vinculados a la Dirección de Protección correspondían a “aprende marketing digital”, “escuela de rap”, “tutores territoriales”, “entornos digitales” y “educación sexual”.

En los antecedentes analizados, la auditoría observó que “no consta que la contratación con el proveedor ‘Legaltech Seed S Asociación’ se hubiera efectuado de acuerdo a la normativa legal vigente y al no haber alcanzado el resultado esperado hubiera sido necesaria la utilización de la figura legal prevista en el art. 151 de la Ley Nº 8.706 para la totalidad de los pagos efectuados. No consta que hayan existido razones de urgencia y/o necesidades debidamente fundadas que hubieran justificado la figura de legítimo abono”.

Por otra parte, la investigación arrojó que “no se encuentra debidamente acreditada la correspondiente prestación del servicio”. Indicaron que en algunos casos existían listados con nombres y apellidos, números de DNI, de teléfonos y direcciones de correos electrónicos que en ningún caso están suscriptos por los “beneficiarios” que habrían estado alcanzados por los proyectos facturados.

Otras irregularidades observadas es que los proyectos de “Escuela de RAP” y “Promotores ESI (Educación Sexual Integral)” no guardan relación con el objeto de la asociación que emite la facturación, relacionada a la concientización del mundo digital.

También percibieron que en la facturación del proyecto “Aprende Marketing” en el listado de los beneficiarios se advierten mayores de edad, de entre 19 y 44 años, siendo que la Dirección General de Protección comprende a quienes no han alcanzado los 18 años.

Asimismo, respecto a la irregularidad concreta en el pago de la contratación, el fallo determina que “el importe abonado durante el ejercicio 2022 de $1.340.000 mediante la figura de legítimo abono no se encuentra debidamente justificada. Se incumplen los parámetros legales, no quedando claramente fundadas la necesidad ni la urgencia para su aplicación”. Los encargados de la auditoría remarcaron que “los responsables no han utilizado ninguno de los medios legales vigentes de contratación para respaldar y documentar el gasto efectuado”.

Por otro lado, se verificó que existió “periodicidad y habitualidad por parte del organismo en contratar y desarrollar actividades con el proveedor mencionado, debiendo mediar en consecuencia la correspondiente licitación pública y/o contratación por catálogo”.

La auditoría del Tribunal de Cuentas concluyó que se advirtió “una grosera violación al régimen de contratación dispuesto por la ley 8706…” y agrega que “no se encuentra además acreditada la urgencia”.

También hace hincapié en que se acreditaron “severas deficiencias de control interno” y que han advertido “la reiterada y abusiva utilización del procedimiento excepcional del reconocimiento de legítimo abono, en abierta violación con las disposiciones y principios que rigen la contratación en la administración pública”.

Por todos estos motivos, el órgano de control consideró que la millonaria contratación constituyó un “procedimiento administrativo irregular”. En base a esto resolvió que correspondía la aplicación de una multa a los responsables, los cuales identificó como Vanina Barone, directora general de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y Felipe Laucieri, director de Administración de esta dependencia, quienes deberán abonar $80.000 y $120.000 respectivamente.

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