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Cornejo, la preocupación por la economía y las denuncias sobre una ministra

El gobernador busca plantar su agenda de gobierno en medio de la crisis. Otra vez, el foco está puesto sobre Jimena Latorre y su doble rol de ministra y directora de YPF, más lo que cobra por ello.

Marcelo Arce
Marcelo Arce lunes, 22 de abril de 2024 · 07:14 hs
Cornejo, la preocupación por la economía y las denuncias sobre una ministra
Cornejo y Jimena Latorre, la ministra cuestionada. Foto: Gobierno de Mendoza

Buscando poder armar un gobierno en medio de la crisis, Alfredo Cornejo intenta proponer una agenda propia de gestión que le permita demostrar que, efectivamente, está sentado en el sillón de San Martín y que esta segunda vuelta en el poder no está siendo en vano.

En ese sentido, en días nada más, irá por otro programa de reformas. En este caso en Seguridad, que se agregará a las que ya presentó en materia de Salud y de Educación y que todavía están siendo sometidas a debate en la Legislatura. Pero el foco central está puesto en lo económico. Ya se sabe desde el principio con qué intenciones regresó este gobernador: su meta, módica si se quiere, descansa en una idea de mejorar en lo que se pueda el funcionamiento del Estado y apostar a que, con un país en funcionamiento, Mendoza sea atractiva para los inversores para el futuro de la provincia y que así logre zafar de esa condena a la que hoy aparece como lamentablemente destinada.

Y en este plan los objetivos a corto y mediano plazo son dos. Abrir la puerta para que la extracción de cobre en Malargüe empiece a ser atractiva para las empresas e intentar, en octubre a más tardar, que estén adjudicadas las áreas petroleras que YPF revertirá a la provincia luego de que la empresa decidiera reorientar inversiones hacia Vaca Muerta.

En el camino, toda la preocupación está centrada en el devenir de la gestión de Javier Milei. Cornejo hizo el trabajo que se había comprometido a realizar con el gobierno nacional en el debate de la Ley Bases que fue asegurarle la mayor cantidad de votos del radicalismo al proyecto. Y así sucederá. De la muñeca de Guillermo Francos, el ministro del Interior, dependerá en definitiva conseguir el resto de los votos necesarios para lograr sacar la ley de Diputados.

Pero la preocupación gubernamental no está en esta discusión, sino en la posibilidad cierta de que durante los próximos meses la economía rebote y que en Mendoza se despejen los nubarrones que Cornejo ya tiene sobre su cielo. La caída de la recaudación de impuestos provinciales es, por un lado, dramática y eso está afectando la calidad de los servicios. Y en ese horizonte tormentoso, el gobernador ya computa un hecho: en Mendoza no se han detectado por ahora fisuras en el respaldo de la opinión pública hacia la gestión presidencial, como sí se han comenzado registrar en zonas como el AMBA, por caso. Pero el gobernador descuenta que eso puede llegar a ocurrir, sobre todo, si el impacto del ajuste sobre el comercio y la clase media continúan a este nivel actual.

 

Por ahora nada apunta a salir mal en relación a ese respaldo. El filósofo y ensayista Santiago Kovadloff pasó por Mendoza el viernes para recibir un doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo y dejó previamente, en una entrevista a este medio,un análisis que ajusta perfectamente al humor político y social mendocino de hoy.

Según su óptica "el capital de hartazgo que hizo crecer el populismo kirchnerista contribuye enormemente a ese apego a la figura de Milei. El fracaso del kirchnerismo, sus estafas, sus mentiras, sus perversiones y los delitos que abundan... contribuyen enormemente para que Milei sea el depositario de una esperanza como una desesperación. Por otro lado, hay que reconocerle que en muchos aspectos una coherencia que él dijo de entrada: que aquí iba de haber un sacrificio. Por eso yo creo que por muchos aspectos Milei genera una empatía social muy fuerte", sostuvo.

Pero Kovadloff advierte un peligro, a su vez: "Si el éxito económico del presidente Javier Milei se llegara a producir y en unos meses, además de ver bajar la inflación, empezamos a ver que se acrecienta el poder adquisitivo de la sociedad en sus niveles más desfavorecidos; es probable que muchas concesiones éticas tengan lugar a cambio de la estabilidad económica. Es muy peligroso para el porvenir de una democracia republicana que la ética tenga precio".

Sin embargo, nadie parece estar preocupado por esta advertencia. Y el problema hoy, más que con razón, es el bolsillo y el golpe puntual que está sustentado en las subas de los servicios públicos. La luz ya aumentó, el gas lo hará en el próximo bimestre, la tarifa del agua subirá en el segundo semestre y el precio del boleto pegará un salto histórico en días nada más.

Apurado por la crisis, Cornejo debió romper con un tabú de los gobiernos de Mendoza de los últimos veinticinco años y que estuvo relacionado con la forma en que se actualizan las tarifas de los micros. Nunca nadie se atrevió a pegar el golpe que le pegarán a los usuarios desde mayo, en donde las tarifas pasarán de un saque a subir un 165%. Y aquí la justificación está en la realidad: el aumento de los costos, más la eliminación de los subsidios nacionales hacen imposible mantener el precio actual. Hasta aquí, el gobierno provincial tiene previsto poner este año $112 mil millones para hacer funcionar al sistema, cuando está previsto que la recaudación por lo que paga el usuario solo llegue a los $12 mil millones. Es decir, que el boleto sostiene el 10% del transporte público. El resto, lo asume el Estado en sus actuales condiciones y por eso las subas no se detendrán en mayo. Seguirán a lo largo de todo el año.

Por eso es que el foco está en el desarrollo de la economía. Y en el eje de estas definiciones está una de las figuritas políticas en ascenso del gabinete como es Jimena Latorre, la ministra de EnergíaLatorre es una de las dirigentes mujeres del universo cornejista que, junto con la actual ministra de Seguridad, Mercedes Rus, encabezaron durante toda la campaña de 2023 el listado de las especulaciones para convertirse en compañera de fórmula del candidato del radicalismo. Cornejo terminó definiendo a su vice con una mirada de género, como se había propuesto desde el principio. Pero no pudo escapar a sus acuerdos con Patricia Bullrich y al aluvión Javier Milei a la hora de elegir a una mujer y terminó proponiendo a una dura del PRO como Hebe Casado.

Latorre es la ministra que suma denuncias debido a sus funciones. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ


La coyuntura política, vuelve hoy a cruzar de alguna manera a quienes hoy se desempeñan como vicegobernadora y ministra. Las expresiones de quien preside el Senado acerca de que a Ley 7722 fue una “estupidez de los mendocinos”, provocó el efecto esperado en organizaciones y dirigentes ambientalistas que, desde hace dos décadas, están sentados sobre la norma que lograron empujar en 2006 para que la minería a gran escala nunca se logre desarrollar en la provincia.

Cornejo viene tejiendo un entramado para avanzar con el desarrollo de la minería que, por ahora, no acarrea detrás de sí la intención política de modificar el cerrojo que, para el desarrollo pleno de la actividad, implica la vigencia de la Ley 7722. Pero que si lo diseñado resulta, como el proyecto de impulsar un distrito minero en Malargüe, quizás eso pueda servir para abrirle la puerta (en un futuro bastante lejano a decir verdad) a un debate que hoy está clausurado y que, asimismo, termina sacando a miles de personas a las calles y rutas de la provincia que siempre se mostraron exageradamente susceptibles ante la más mínima posibilidad de que se mencione discutir el tema.

Casado estuvo en Australia por cuestiones vinculadas precisamente al desarrollo de la minería y sus declaraciones volvieron a dejar al desnudo un estilo de construcción política que está muy a la moda. Como Milei, la vice logró cierta relevancia en su época de senadora provincial por su estilo agresivo y frontal en las redes sociales. El consultor Mario Riorda describió a este fenómeno como “brutalismo comunicativo” que, entre otros factores, apela a la incivilidad y a la descortesía como mecanismo. “En el fondo- sostiene Riorda- con o sin argumentos ambos son formas de agresión”.    



El tema fue que esta agresión de quien preside el Senado generó efectos inmediatos. Y precisamente sobre Latorre. Dirigentes de la Izquierda y ex legisladores provinciales como Lautaro Jimenez, Jorge Difonso, Víctor Dávila y Marcelo Romano, apuraron una denuncia contra la ministra por incompatibilidad y conflicto de intereses en los términos del art. 7, inciso 1 de la ley provincial 8.993, por el hecho conocido desde hace tiempo de que Latorre ejerce el cargo de ministra y está sentada a su vez en el directorio de YPF como representante de Mendoza.

Desde que se armó el nuevo esquema organizacional del gobierno de Cornejo, nunca cayó bien en estas organizaciones ambientalistas el hecho de que el área de Energía tenga bajo su órbita a la cartera de Ambiente. O dicho de otra forma, que la la misma lapicera del Estado que impulsa los proyectos, tenga asimismo la tarea de controlarlos. Cuando Latorre fue designada en YPF sumó otro cuestionamiento aún más fuerte. En materia petrolera, no solo quedó de los dos lados del mostrador. Sino que sumó un episodio  de ribetes escandalosos: para sortear las incompatibilidades que administrativamente se le plantearon en la provincia, renunció a cobrar uno de sus dos sueldos, en este caso, el de ministra. Y se quedó con el de directora que era tres veces superior. La forma en que el propio gobierno describió el episodio fue papelonesca, asimismo. Cuando anunciaron de manera oficial que renunciaba a cobrar uno de sus salarios, describieron que el hecho “constituye un acto de desprendimiento y compromiso con el servicio público". Para poner en términos de plata el “acto de desprendimiento”: Latorre dejó un sueldo de $3 millones para cobrar uno de $9 millones, según trascendió en su momento.

En los próximos días la cosa puede ir mejor. YPF discutirá en asamblea de accionistas el próximo 26 de abril un aumento de sueldos del 40% por encima de la inflación, que podría llevar el salario de algunos integrantes del directorio a multiplicarlos por cinco para que terminen cobrando $70 millones mensuales.

La propia funcionaria hizo su descargo público en su momento cuando se conoció la designación e incluso cruzó unos mensajes con este cronista para argumentar la legalidad de su accionar. “Consulté con quienes tendrían legitimidad para cuestionar la decisión y no hay nada fuera de la norma”, afirmó. “El lugar en el directorio (de YPF) es de la provincia y lo propone el gobernador. Entonces, siempre va a ser alguien de su confianza esté o no dentro del gabinete. Si la vía administrativa se agota en el gobernador como máxima autoridad del Ejecutivo (es decir en última instancia sobre todos los controles y sanciones) y el director lo propone el gobernador: ¿En qué cambia cuál de los ministros es el director? ¿No se les ocurre pensar que la elección tiene que ver con la expertise?”, se auto preguntó.

En cuanto a la elección de los haberes, su respuesta fue lacónica ante la consulta. “Veo que tu cuestionamiento es con respecto a la cantidad, no a la calidad”, acusó. Algo en lo que Latorre puede descansar tranquila y varias en lo que no, quizás.

Con respecto a esto último. Un antecedente cercano la complica, al menos desde lo ético. El exministro de Economía durante la primera gestión de Cornejo, Enrique Vaquié, también ocupó el doble rol de ministro y representante de la provincia de YPF. Pero Váquie optó por cobrar su salario de funcionario provincial y donar su sueldo en YPF. Es complicado no cobrar un salario frente a una designación, pero una vez que se resolvió el problema del pago de Impuesto a las Ganancias, Vaquié destinó a un fondo de infraestructura escolar lo que percibía en la empresa petrolera.

El que denuncia ahora a Latorre, entre otros, es Jorge Difonso. El sancarlino fue en los hechos uno de los redactores de la 7722 y quien más ofendido saltó porque llamaron a su “obra” una estupidez. El exdiputado, el martes, dará una conferencia de prensa en donde anticipa más denuncias públicas contra la ministra.

Desde lo jurídico, desde hace semanas que más ambientalistas vienen detrás de la elaboración de una querella contra la funcionaria. Si bien, como sostiene Latorre, la cuestión administrativa provincial está saldada porque se quedó con solo uno uno de los dos sueldos a cobrar, hay quienes entienden que la ministra incumplió con la Ley Nacional 25.188 que establece exigencias éticas para el ejercicio de la función pública a nivel nacional. Para entender, en trazos gruesos, esa norma actúa de manera preventiva ante una presunta incompatibilidad y el funcionario o bien no debe tomar el segundo empleo, o tiene que renunciar al primero para tomar el segundo.

¿Por qué puede descansar tranquila Latorre? Porque Difonso y compañía llevaron su denuncia ante la Oficina de Ética Pública provincial, que está a cargo del exlegislador radical Gabriel Balsells Miró, quien precisamente no se ha ocupado demasiado en los últimos años por avanzar en denuncias que involucran al gobierno. De hecho, el encargado de controlar el accionar de los funcionarios recibió una denuncia contra Latorre por este mismo asunto y que fue presentada por el dirigente ambientalista Eduardo Sosa que es un calco de otra similar que adjuntada ante la Oficina Anticorrupción a nivel nacional. Esa presentación en Mendoza se hizo el 13 de marzo pasado. Y, hasta aquí, no hay novedades del movimiento de ese expediente.
 

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