Aníbal Fernández polémico: críticas, denuncia y contrataque

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ratificó sus dichos y apuntó a los medios de comunicación con dureza. Sus declaraciones se dan luego de la polémica que se desató a partir de su pronóstico de "calles regadas de sangre y muertos" si pierde el Frente de Todos en las elecciones presidenciales.

“Recién veía a Clarín y dice ‘irresponsable’ y cuentan el tema. No, irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Macri, lo que dice Milei, lo que dicen un montón de la oposición”, cuestionó el funcionario

Y continuó: “Dicen que van a dinamitar todo, dicen que van a morir los que tienen que morir. ¿Cómo se dinamita sin que haya heridos o sangre? ¿Cómo se hace para que mueran los que tengan que morir?”.

Cuando le preguntaron si ratificaba sus declaraciones de ayer, contestó: "Totalmente". Y añadió, a modo de explicación, que "son todas las expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición. Entonces lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y eso es lo que llevarán a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión”.

La denuncia contra Aníbal Fernández 

El abogado Gastón Marano denunció a título personal al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Es cierto que la libertad de expresión cuenta con protección constitucional y convencional, pero no es menos cierto que eso no habilita a la impunidad ante determinados dichos sancionados por las normas”, resume en la denuncia de dos páginas.

El expediente quedó registrado con el número 1191/23 y fue asignado por sorteo al Juzgado Federal número nueve, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

“Determinadas formas de discurso, como las calumnias, las injurias, o el discurso de odio, se encuentran punidos en nuestro ordenamiento. También es el caso de este tipo de frases inflamatorias, con virtualidad para poner en jaque nuestro sistema electoral y su normal funcionamiento”, subrayó el denunciante.

Marano subrayó que “las expresiones cuestionadas han sido vertidas por un funcionario público de máxima jerarquía”.

La denuncia apunta a los delitos de intimidación pública y violación de un artículo de la ley electoral.

El artículo 211  del Código Penal establece penas de dos a seis años para quien “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común”.

En tanto, el artículo 139 de la norma electoral pena “con prisión de uno a tres años a quien (…) compeliere a un elector a votar de manera determinada”.

“Amenazar con consecuencias ominosas en caso de que un candidato en particular sea elegido no es otra cosa que compeler a los electores a votar por alguien que no sea ese candidato”, consideró el denunciante.