Opinión

El Gobierno insiste una vez más en regular la libertad de expresión

Fueron muchos los intentos de regular las libres opiniones y expresiones de la gente, de limitar la forma de poder buscar y difundir libremente sus ideas en las redes sociales y por la prensa.

Alberto J. Lucchetti lunes, 4 de abril de 2022 · 15:17 hs
El Gobierno insiste una vez más en regular la libertad de expresión
Foto: Freepik

En una sesión plenaria del Consejo Económico y Social de Argentina celebrada el jueves 24 de junio de 2021 y dedicada a las amenazas digitales contra la democracia, el gobierno ha anunciado que el país se suma al Pacto por la Información y la Democracia, que fue lanzada en 2019 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que cuenta con 43 estados signatarios comprometidos con la promoción y puesta en práctica de los principios democráticos en el espacio digital.

La Iniciativa sobre Información y Democracia, que inicialmente fue lanzada por Reporteros sin Fronteras (RSF), también cuenta con el apoyo de la Alianza para el Multilateralismo y festejada por la Media Freedom Coalition.

En septiembre de 2021, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se organizó una Cumbre de la Iniciativa sobre Información y Democracia. Fue el punto convocante para acercar a los países democráticos y promover la cooperación internacional en temas relacionados con el caos de la información.

El Pacto por la Información y la Democracia responde a la necesidad de fomentar un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información fiable para ayudarlos a forjar una opinión en un contexto de desinformación masiva en línea, que contribuye a minar la confianza en las instituciones y los procesos democráticos, de creciente influencia de los actores privados que conllevan al debilitamiento del periodismo profesional y prosecución del control político de los medios de comunicación en muchos países.

A petición de Francia la ONU, basándose en la labor de la comisión internacional creada por Reporteros sin Fronteras (RSF), doce socios unidos (Francia, Burkina Faso, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Letonia, el Líbano, Lituania, Noruega, Senegal, Suiza, Túnez), dinamizó y lanzó una iniciativa para que los Estados se movilizaran durante el primer Foro de París sobre la Paz, en noviembre de 2018. En junio de 2019 se acabó de redactar un texto titulado «Partenariat Information et démocratie», que firmaron formalmente los Estados el 26 de septiembre de 2019 en Nueva York.

El texto sienta principios y objetivos para promover el acceso a información fiable. Los Estados firmantes se comprometen a fomentar marcos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el ejercicio de la libertad de opinión y expresión y el acceso a una información fiable. Invitan a las empresas que configuran el espacio mundial de la información y la comunicación a respetar principios de transparencia, responsabilidad y neutralidad y a garantizar la compatibilidad de sus actividades con los derechos humanos para fomentar la información fiable.

El informe del grupo de trabajo sobre la infodemia creado por el Foro sobre Información y Democracia fue presentado por Christophe Deloire, presidente del Foro, en el marco de la reunión ministerial de la Alianza por el Multilateralismo celebrada el 12 de noviembre de 2020. Christophe Deloire insistió en cuatro aspectos estructurales sobre los que debería reforzarse el marco regulatorio: la transparencia de las plataformas, la metarregulación de la moderación de contenidos, el fomento de la fiabilidad de la información y la eliminación de la distinción entre espacio público y privado en línea cuando los servicios de mensajería privada se convierten, de hecho, en un nuevo espacio público no regulado. Los  países participantes (a 24 de junio de 2021): Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, India, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, el Líbano, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Senegal, Túnez, Reino Unido y Sudáfrica.

En la coyuntura actual y en el marco de pleno tironeo por el ejercicio del poder en el frente del actual gobierno (FDT), una extraña sociedad de peronistas que se dicen de Perón (a la antigua), kircherneristas que dicen ser una corriente interna del Justicialismo y la Cámpora (un grupo de ex -jóvenes comandados por el hijo de la actual vicepresidenta, radicalizados y con evidente apego al populismo), un importante funcionario del poder ejecutivo anuncia la necesidad de creación de un organismo para controlar las redes sociales.

Vale recordar que ya fueron muchos los intentos de regular las libres opiniones y expresiones de la gente, de limitar la forma de poder buscar y difundir libremente sus ideas en las redes sociales y por la prensa.

Podemos recordar algunos episodios previo a este nuevo que se intenta. A principio de este gobierno, y al mejor estilo de un país donde no se vive en un estado pleno de derecho, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el oficialista neuquino Oscar Parrilli pretendió incorporar una disposición normativa que obligaba a los jueces a denunciar presuntas presiones mediáticas. En el fondo se pretendía limitar a la prensa o a cualquier persona opinar sobre la labor de los jueces en sus sentencias.

También, a principios de este gobierno, y bajo los auspicios de la defensora del público, se creó NODIO, un observatorio para analizar, relevar y prevenir contenidos “maliciosos y falsos” en los medios masivos de comunicación. La defensora del Público Miriam Lewin fue su mentora, y fue otro intento más de disciplinar la libertad de expresión en la prensa y también del público en general por las redes sociales. Este organismo con un abundante presupuesto e inocuas políticas públicas en un país que cuenta ya con un 48% de habitantes en situación de pobreza continúa vigente a solo efecto de controlar y disciplinar.

Recientemente, en plena crisis económica y financiera, y con un nivel de pobreza que petrifica, con una economía cerrada y sin miras de mejorar, el gobierno anuncia otro intento más de limitación o perturbación a la libertad de expresión, direccionado específicamente al uso de las redes sociales. Dice que es para el bien común, para que "dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. Un paternalismo al que ya nos tiene acostumbrados pero no hay que naturalizarlo. Esta vez quien lo anunció fue Gustavo Béliz, uno de los consejeros más influyente que tiene el Presidente de la Nación.

Los deseos de controlarlo todo llevan al gobierno a cometer sistemáticamente torpezas y atropellos a las libertades individuales y fundamentales. Un gobierno que goza de una mala imagen y baja intensidad democrática (por sus políticas públicas) pretende ahora regular y controlar el uso de las redes sociales. Estos embates a las libertades bajo una verdadera democracia debería ser casi, de cumplimiento imposible.  Y ello es así, y voy a citar al experto en redes sociales y libertad de expresión, el colega Raúl Martínez Fazzalari, quien nos ilustró en una nota periodística y opinión que “Desde el mismo comienzo de la prestación de los servicios de acceso, los gobiernos han pretendido influir por medio de leyes o decisiones administrativas sobre aquello que circula por las redes sociales.”

Clarísimos los dichos del colega pero, podríamos doblar a la apuesta, quién controla al que controla. Claro está que en un estado de derecho debe ser el poder judicial quien controlar la constitucionalidad, o legalidad de los actos del gobierno. Y es tan sensible la afectación constitucional y convencional que de judicializarse la cuestión, bien ameritaría un “per saltum”, un recurso atípico que implica el salto de instancia para presentar directamente una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin que haya sido tratado por una Cámara de Apelaciones previamente.

La pretendida norma nada tiene que ver con el espíritu del Pacto por la Información y la Democracia, con buenas prácticas de los principios democráticos en el espacio digital. Todo lo contrario, la desdibuja y hace un mal uso de ese instrumento internacional.

El propósito del pacto es promover un periodismo independiente, pluralista, de calidad y sostenible desde el punto de vista económico y desarrollar la educación de la ciudadanía en materia de información y medios de comunicación en la era digita.

Una vez más las buenas intenciones del sistema internacional de protección de derechos humanos son desnaturalizadas arbitrariamente y mutadas a restricciones específicas con el fin de controlar y disciplinar a la sociedad.

*Alberto J. Lucchetti es profesor de la UBA y especialista en libertad de expresión

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