El Congreso será esta semana el campo de batallas internas y externas
El Gobierno y la oposición ventilarán internas y algunos pocos acuerdos en los recintos de Diputados y el Senado. Apuran la reforma al Consejo de la Magistratura a contrarreloj por el deadline que fijó la Corte Suprema. El blanqueo tiene vía libre en el Senado y alquileres en Diputados.
La aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso dejó tantas heridas en la interna del Frente de Todos que el regreso de la acción al recinto parecía improbable en lo inmediato, pero fue precisamente esa pelea dentro del oficialismo la que ahora aceleró nuevamente los tiempos. El Senado y la Cámara de Diputados volverán a la vida esta semana con debates que, en casi todos los casos, dejarán expuesta la fractura entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, motor hoy de las presiones que se viven cada día dentro del Gobierno.
La vicepresidenta esta decidida a avanzar desde mañana con el debate en comisión y la votación del proyecto que fija una tasa de 20% sobre los bienes sin declarar que los argentinos tengan en el exterior. Esa idea se basa en un concepto que tiene mas de marketing político que de realidad con la idea de lograr que se reconozcan bienes voluntariamente y de allí recaudar entre US$2000 y US$20.000 millones para destinar al pago de la deuda con el FMI. Ese monto incierto tienen algunas consideraciones a tomar en cuenta.
El proyecto fue redactado quizás con la idea de quienes piensan que en la vida solo se maneja el efectivo. La "fuga" de dólares al exterior a la que se refiere normalmente el kirchnerismo no es un proceso lineal sino que en general tiene menos de "exterior" de lo que se presume. Martín Lousteau lo explicó con claridad durante el debate en el Senado de la ratificación de la renovación del endeudamiento con el FMI. La formación de activos externos, que no es otra cosa que pasar a dólares bienes locales, y que es lo que el oficialismo gusta llamar con fervor militante "fuga de capitales", se puede dar aquí o en cualquier lugar del mundo.
La Justicia ya dio pruebas públicas y conocidas de cómo se "fugan" millones de dólares del sistema formal a cajas de seguridad en bancos, abajo del colchón o destinados a la compra de negocios dentro del país. La diferencia solo radica en si están declarados o no ante la AFIP.
De ahí el interrogante que habrá desde mañana en el Congreso sobre si estos puntos estarán también incluidos en el debate que se inicia con un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas del Senado. Allí esta invitada Mercedes Marcó del Pont para explicar el contexto técnico del proyecto y las alternativas de recaudación. La Casa Rosada dio el visto bueno a la idea aunque se sabe que el Ministerio de Economía no esta atrás de esa idea que nació del bloque kirchnerista y que Cristina Fernández de Kirchner apoya públicamente.
El proyecto llega al debate también con otras dudas más complicadas. Técnicamente mas que de un impuesto se trata de un blanqueo (ya nadie esconde ese nombre) que esta vez llega sin límite alguno como sucedió en ediciones anteriores. Es decir, no tiene plazo de vigencia y finalización, sanciones e inclusive no establece obligaciones para el que blanquea mas que el pago del 20% o 35% del activo a declarar.
El Senado también avanzará esta semana, pero en este caso en el recinto. Hay dos proyectos, oficialismo y otro presentado por Juntos por el Cambio, para modificar nuevamente la constitución del Consejo de la Magistratura de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que fijo para el 15 de abril el límite para establecer un nueva confirmación por la que deben asumir 7 nuevos consejeros. El Senado lo debatirá el jueves, pero resta luego la pelea en Diputados por lo que resulta poco probable que el Congreso llegue a tiempo con el plazo que fijó la Corte. El Consejo quedaría entonces bloqueado hasta que se apruebe la nueva ley. Mientras tanto los colegios profesionales eligen esta semana representantes para cubrir también la renovación de cargos.
En la Cámara de Diputados, finalmente, hubo consenso para terminar con la Ley de Alquileres que desde el 30 de junio del 2020 complicó todo el mercado inmobiliario y la vida de propietarios e inquilinos. Un acuerdo entre Sergio Massa y los jefes de todos los bloques fijó un plazo de un mes para lograr una nueva norma y las discusiones también arrancan esta semana.