Gobierno y gremios: sólo una caricia en medio de las palizas

El Gobierno nacional dispuso, por decreto, cumplir con uno de los pocos pedidos que los gremios de la CGT le vienen reclamando desde hace mucho tiempo, en medio de una docena de otros que no solo no son contemplados sino que, además, siempre están a punto de ser torcidos por proyectos surgidos desde el Instituto Patria y su satélite platense conducido por Axel Kicillof.

Según dispuso el Decreto 2021-60491853- durante un año los nuevos empleados y trabajadores que se incorporan a una actividad laboral determinada no pueden cambiar de obra social. Lamentablemente, éste es sólo uno de los tantos reclamos gremiales en las que unifican personería Héctor Daer, oficialista y vinculado con Alberto Fernández, y Hugo Moyano o Sergio Palazzo, directamente en contra de la visión laboral de la actual conducción cegetista. 

"Si se toma en cuenta que desde hace una década no se generan nuevos puestos de trabajo, esto es una lágrima dentro del mar", describía un antiguo gremialista casi siempre distante de lo que aparece ante las cámaras. "Que Daer y los muchachos lo exhibieran como un éxito, es como gritar un gol a los '90 cuando perdés 4 a 0", dijo con su habitual ironía. 

Un aliado moyanista, que vive de bloqueo en bloqueo desde hace meses, sintetizó: "Tienen que tener una excusa para seguir manteniendo una alianza que, saben, no puede defenderlos de nada importante". Estaban hablando del presidente Alberto Fernández, quien a través del Ministerio de Trabajo monitorea permanentemente la actividad económica y sabe que cada vez son más las ayudas requeridas. 

"En un proceso virtuoso, que los salarios de mayor nivel no puedan pasarse a otra obra social por un año es un ingreso de dinero muy importante. Esto ahora no existe. Lo que sí sucedía es que con los aumentos salariales fijados, muchos ahorraban esa diferencia y preferían pasarse a un prepago de los caros y nos quedábamos con los sueldos más bajos en las obras sociales sindicales", explicó un especialista médico que trabaja en una de las obras sociales más importantes del país. 

Para los operadores privados, esta decisión gubernamental, en cambio, es "lisa y llana una confirmación de que vienen por nosotros". Desde hace meses Claudio Belocopitt expresa esta opinión con más diplomacia pero igual preocupación.

Luego de una reunión con las máximas autoridades parlamentarias y políticas del Frente de Todos, que le prometieron que no cambiarían las reglas de juego en la operatoria de la salud privada, se dieron cuenta que no solo no podían aplicar los aumentos que dicen necesitar y que tenían pre aprobados sino que, además, se siguen trabajando con las ideas propuestas por Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, para la reorganización integral del sistema sanitario. 

En su mirada, Kreplak no está solo. Lo acompaña y le aporta valiosas opiniones el actual presidente del IOMA (Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires), Homero Giles, de pensamiento mucho más social que capitalista del sistema, que tensiona los equilibrios preexistentes.

En los últimos meses, producto del posible avance del ala reformista contra el sistema de salud público privado, la CGT en representación de las obras sociales gremiales y los prestadores privados hicieron un acuerdo no ratificado en papeles pero sí en los hechos. "Si vienen por ellos, vienen por nosotros después", dicen de los dos esquemas hoy operativos, además del público. El decreto presidencial pone en crisis esta alianza.

Más allá de los miles de millones de pesos que maneja el sistema, y que regula el Estado a través de la Superintendencia de Seguros de Salud y que son giradas a las obras sociales de manera política, todo está basado en la creencia que todos administran eficientemente y sin intrusión de otros esquemas de negocios ocultos. En Argentina, lamentablemente, todo está bajo sospecha.

"Está bien. Nos auditan, no encuentran nada y se van", se ataja uno de los gremialistas que menos habla en la actualidad pero más activo se lo ve. "Pero ponele que alguno no trabaja de manera adecuada y utiliza esos fondos para otra cosa. En lugar de sancionarlo, lo apretan y lo obligan a trabajar para el gobierno. Esto pasa ahora y pasó siempre".

"La diferencia en estos momentos es que como acá se maneja mucha plata, porque dar respuestas en el ámbito de la salud es caro, ahora pretenden usar como excusa la multiplicidad de sistemas y de gastos que se realizan para imponer otro criterio que lo único que hará es usar la plata pero no prestar ningún servicio", se quejó el dirigente que aún, con reservas, apoya al presidente Fernández pero no a su socia y vicepresidente.