Un diputado pampeano pidió que IMPSA no participe en la licitación de Portezuelo del Viento

Un diputado de La Pampa señaló que IMPSA debería retirarse del consorcio que pretende construir Portezuelo del Viento y cuestionó la imparcialidad del Estado nacional para resolver las condiciones ambientales de la obra a partir de que la empresa metalúrgica que compite por hacerla fue estatizada.

El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) presentó un proyecto solicitando al Gobierno nacional que informe "cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo Nacional para resolver sobre las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima)". 

El legislador consultó también “si se ha considerado la posibilidad de determinar el retiro de IMPSA del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales”. 

Además preguntó “si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado”.

Incluso Berhongaray preguntó si el Gobierno nacional  "ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación”.

En realidad no hay denuncias de sobreprecios en la obra, sino que existe una diferencia entre el presupuesto requerido por el consorcio Malal-Hué (entre 1.070 a 1.286 millones de dólares) y los 1.023 millones de dólares comprometidos para esa represa en el acuerdo Nación-Provincia.

Berhongaray cree que el Gobierno nacional, desde la estatización de IMPSA no puede "definir la realización de un estudio integral de impacto ambiental, requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”. 

Y señaló que “el Gobierno nacional debe requerir información para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”.