Fuertes críticas de la fundación LED a la Ley de Equidad en los medios

Este viernes la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto ya aprobado por el Senado que promueve la “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual” en los medios de comunicación, “cualquiera sea la plataforma utilizada”, y que contempla un cupo para personas trans del 1 por ciento.

El proyecto propone imponer como criterio de accesibilidad a la pauta publicitaria que maneja el Poder Ejecutivo nacional, la obtención de un “certificado” que emitirá la autoridad que determine el mismo gobierno, el cual acreditaría el cumplimiento de una exigencia específica a las empresas de medios de comunicación para la selección de personal con equidad de género, políticas de inclusión laboral en función de género y diversidad sexual y la promoción del uso de lenguaje inclusivo.

Frente a esto, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) emitió un comunicado donde manifestó su preocupación y sostiene que la ley "condiciona la línea editorial de los medios y acrecienta la discrecionalidad en la asignación de pauta publicitaria estatal".

En un extenso escrito desde la ONG aseguran que si bien el objetivo del proyecto es positivo "al incorporar como requisito para el acceso a la pauta oficial la obtención de un certificado, sin criterios objetivos ni parámetros claros de ponderación, se desvirtúa el sentido del proyecto y se lo transforma en una nueva herramienta que podría condicionar la línea editorial de los medios".

Asimismo agrega que el ley "no establece claramente la autoridad de aplicación que otorgaría el certificado habilitante, ni las características de clasificación o ponderación de las condiciones exigidas, como contratación de personal, cuota de género, lenguaje inclusivo o criterios objetivos para la viabilidad de la certificación".

Por esto, consideran que imponer condiciones diferenciadas de contratación "pone en un pie de desigualdad y de discrecionalidad, cuando tal exigencia, podría además imponer otras requisitorias administrativas, no fijadas por ninguna otra norma de alcance legal, fiscal o societario. Por lo tanto esta diferenciación pone en la órbita de funcionarios de ejecutivo nacional la aprobación o no, de las exigencias solicitadas a los medios para la asignación de pauta oficial, que serán a su vez los auditores de requisitos no previstos en el marco jurídico vigente".

Desde FED sostiene que hay puntos ambiguos en el proyecto que impone exigencias como la de adoptar el “lenguaje inclusivo”, de forma obligatoria sin parámetros objetivos para la adoptación del mismo podrían condicionar la línea editorial de los medios de modo claramente inconstitucional, quedando alcanzados por exigencias de tratamiento de noticias o contenidos periodísticos, culturales o informativos que condicionarían la libertad de expresión, como guía rectora, y los principios previstos en el art. 1,14, 19, 28, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

También vuelven a hacer foco en la distribución de la pauta publicitaria a la cual califican como "el proceso de distribución discrecional y poco transparente".