Causa Bento: el impacto político por la imputación del juez más poderoso

Los muertos hablan. Es lo que pasó con Diego Alfredo Aliaga, un hombre cuyo asesinato incomodó y reveló una aparente trama de corrupción que conmueve a la provincia. La imputación que pesa sobre Walter Bento genera un shock que trasciende tribunales. Por lo que implica como figura, por el poder que tiene en sus manos como titular del Juzgado Federal 1 y por las sospechas que durante años se manejaron en los suburbios políticos y jurídicos acerca de lo que pasaba.

Bento fue imputado como líder de una asociación ilícita que, según la investigación, funcionaba aprovechando el poder que el juez tenía sobre las causas para alivianar cargas de acusados, liberarlos o generales menos peso jurídico. Todo a través de abogados y “punteros” judiciales que oficiaban de partícipes de esa organización. Se trata de causas federales como contrabando y narcotráfico. 

El Juez no fue detenido porque tiene inmunidad, pero pesan sobre él acusaciones gravísimas. La asociación ilícita de la que, se sospecha, es líder tenía como delitos originales el cohecho, es decir el pago de coimas. Pero además se lo acusa, junto con su esposa, de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por eso se investiga el patrimonio y hasta los viajes que hizo al exterior. 

Temblor político

La situación no solo tiene implicancias jurídicas, sino  también políticas. Por el accionar de Bento, que tiene en sus manos el control de los partidos y las elecciones, y también porque la política podría tener la responsabilidad de juzgarlo. El Consejo de la Magistratura puede tomar denuncias o accionar de oficio y hasta suspenderlo. Como juez de primera instancia es el Jury de Enjuiciamiento quien puede evaluar el desempeño. Así lo indica la Constitución. Ese tribunal tiene 9 miembros: tres jueces, tres legisladores y tres abogados. El Jury puede avanzar en paralelo a la causa penal.

La investigación se inició en silencio, como contó MDZ durante todo este tiempo, pero con una fuerte repercusión interna. Tanto, que costó hallar fiscal y juez que se hiciera cargo. La red de vinculaciones de Bento dentro de Tribunales Federales complica todo. Además de tener a toda su familia, muchos de los funcionarios han respondido o responden a él.

La Cámara Federal también le presta atención al tema. Y hubo una fuerte señal desde el Poder Judicial de la Nación: el procurador Eduardo Casal envió dos fiscales adjuntos para asistir a Dante Vega.

Los referentes de las dos principales fuerzas políticas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, han seguido desde atrás lo que ocurre. La repercusión pública y la acusación formal puede cambiar la pasividad.

Bento es juez desde 2005, cuando fue designado por Néstor Kirchner. Allí fue clave la intervención de Juan Carlos Mazzón para que sea elegido a pesar de su mal posicionamiento en el concurso. Tuvo varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura, pero fueron desestimadas en su momento, con el aval del oficialismo. Bento va a estar en una situación incómoda. Acusado, pero aún a cargo del Juzgado Federal 1. Incluso en medio del proceso podría hasta controlar las elecciones, si no media alguna sanción previa. Los caminos posibles son varios. El propio juez podría pedir licencia, cuestión que muchos ven difícil. Para él también trasciende lo profesional: su esposa también está imputada y en la causa se menciona a toda la familia, que en su caso más que nunca es "una familia judicial".