Los tres factores ocultos por los que Suarez "estatizó" IMPSA

Este miércoles la Cámara de Senadores le dio sanción definitiva al proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suarez y que autoriza a la provincia a comprar 5 millones dólares en acciones de IMPSA. De esta manera, comienza a concretarse la operación mediante la cual el estado nacional y el gobierno de Mendoza tomarán el control de la compañía que supo ser de la familia Pescarmona. Detrás de la operación existen tres motivos que fueron clave a la hora de que el gobierno se decantara a favor de que el Estado desembarque en IMPSA.

Los motivos son diversos pero todos de peso. El primero es vox populi tiene que ver con la construcción de Portezuelo del Viento. IMPSA es un jugador clave dentro de la UTE que se presentó como único oferente para construir la obra que tiene un presupuesto de 1023 millones de dólares.

Si IMPSA cae, la continuidad del proceso quedaría en la cuerda floja, dejando trunca la ambición del gobierno de construir la enorme represa en Malargüe. El proceso estuvo teñido de sospechas y al ser la única empresa oferente no hubo competencia, por lo que incluso podría terminarse pagando la obra aún más cara ya que la UTE asegura que podría costar 1063 millones de dólares.

El segundo motivo es lógico. Ningún gobernador quiere ser recordado como el mandatario en cuya gestión murió IMPSA. Se trata de una empresa emblemática para la provincia y su caída arrastraría a un centenar de Pymes provinciales. En Casa de Gobierno confiesan que esa situación también se contempló a la hora de participar en la capitalización de la empresa. 

Mendoza comprará 5 millones de dólares en acciones de la compañía y eso servirá para sostenerla y mantener las fuentes de trabajo de 720 empleados. Gracias a la compra de acciones Clase C Mendoza tendrá derecho de designar cuanto menos un director titular y un suplente, y un síndico titular y otro suplente. 

Por último, el tercer motivo es más bien político. Sucede que no solo la provincia de Mendoza va a formar parte de la operación, sino que el principal inversor en la capitalización de IMPSA será el gobierno nacional. El gobierno de Alberto Fernández comprará 15 millones de dólares en acciones y tendrá el control del directorio.

En otras palabras, desde Casa de Gobierno afirman que las opciones eran participar o dejar que el Estado nacional se hiciera con toda la participación en la toma de decisiones de la empresa. Ante ese escenario, no hubo dudas de la necesidad de que Mendoza forme parte de la operación y tenga un vínculo directo con la compañía insignia de la provincia.

El verdadero desafío comienza ahora y consiste en que el Estado se convierta en un aliado estratégico para relanzar la empresa y que vuelva a tener el brillo que alguna vez supo ostentar. El riesgo es que -como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia del país- la participación estatal termine generando aún más conflictos que lleven a IMPSA a una situación insalvable.