Investigan a estatales que tienen hasta cuatro empleos paralelos

Investigan a estatales que tienen hasta cuatro empleos paralelos

El Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en contrataciones de docentes del Instituto Universitario de Seguridad Pública. Hay muchos que no tienen actualizadas sus declaraciones juradas e incluso hay quienes cumplen funciones en dos lugares en el mismo horario.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Mientras que en la provincia de Mendoza preocupa que el índice de desempleo haya superado el 10%, el Tribunal de Cuentas detectó casos de trabajadores que tienen hasta cuatro empleos en simultáneo, muchos de ellos con el Estado. Por este motivo, le dio vista a la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas para que determine cómo proseguir con cuatro casos puntuales.

En concreto, el órgano de control encontró deficiencias en las partidas de personal y a priori remarcó que hay empleados que no presentan la actualización de su declaración jurada desde el año 2010. Por ese motivo, le exigió al IUSP que se preocupe en actualizar su base sobre ese punto.

Pero además de ello, apuntó contra cuatro empleados que tienen varios empleos simultáneos y algunos con superposición horaria. También aseguran que hay cargas horarias que violan la legislación vigente.

Por ejemplo, destacan el caso de un funcionario de la municipalidad de San Rafael (sub Contador del área de Recaudación) que además es docente en el IUSP con una carga horaria de 16 horas de docencia superior). Además, ese mismo empleado tiene 19 horas de docencia en una universidad privada y otras 3 horas de docencia secundaria.

"La suma totaliza 35 horas de docencia superior, situación que vulneraría la normativa legal", determinan desde el Tribunal de Cuentas y agregan que ese agente no presenta su declaración jurada desde el año 2016.

Pero ese no es el único caso. A eso se suma el de otro agente que tiene dos contratos como odontólogo en el Área de Salud de San Rafael y un cargo de planta en OSEP. Ese mismo trabajador tiene cargos docentes en el IUSP que totalizan 24 horas cátedra de docencia superior.

"Se advierte que existe una superposición horaria toda vez que las clases del día lunes son de 14.00 a 18.00 y del día martes son de 11.00 a 15.00, las cuales se superponen con el horario declarado en el Área Departamental de Salud de San Rafael (lunes de 13.30 a 18.30 y martes de 07.00 a 13.00).

Pero además de marcar que eso viola la legislación vigente, adhieren que desde el 2010 ese empleado no actualiza su declaración jurada.

El tercer caso es el de una empleada que es funcionaria del Ministerio Público Fiscal, donde se desempeña como secretaria de primera instancia, con 30 horas de desempeño presencial en el organismo. A eso, suma 32 horas de docencia superior en el I.U.S.P. (dos contratos por 16 horas cada uno) y 7 horas  de docencia superior en el Instituto de Educación Superior Rosario V.P.

"Si bien no se pudo comprobar que la prestación horaria en el I.U.S.P. se haya superpuesto con el ejercicio del cargo administrativo en algún momento, atento a la falta de DDJJ de cargos, la totalidad de horas de docencia superior acumuladas (39 horas) vulneraría la normativa legal", cuestionan desde el Tribunal de Cuentas.

Por último, se apunta también contra el caso de una cuarta empleada que tiene un cargo administrativo en el Ministerio de Salud con 24 horas de desempeño presencial en el organismo, a lo cual suma 32 horas de docencia superior en el I.U.S.P. (dos contratos por 16 horas cada uno), lo que también vulneraría la normativa legal.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas cuestionó a los responsables del IUSP por no realizar ningún acto útil de control interno, tendiente a verificar si los datos consignados en las DDJJ oportunamente presentadas se mantienen vigentes. "Es decir, no tiene previsto un procedimiento que establezca la verificación periódica (anualmente) de la información contenida en las DDJJ", critican desde el órgano de control.

Pero además de ello resuelven dar intervención a la Oficina de Investigaciones Administrativas y de Ética Pública para que evalúe la situación de los empleados que presentan irregularidades en sus contrataciones. De esta manera, el Tribunal de Cuentas cumple con su obligación "denunciar ante la autoridad competente todo hecho, acto u omisión de los que tuvieran conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudiera causar perjuicio a la Provincia o configurar delito".

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