DDHH

La Justicia investiga si Pietragalla, Gómez Alcorta y Donda se desentendieron de la crisis en Formosa

Tras una denuncia de diputados de la oposición se abrió un expediente para investigar responsabilidades de los funcionarios por no denunciar violaciones a los derechos humanos en la provincia de Gildo Insfrán.

Lourdes Marchese
Lourdes Marchese jueves, 25 de marzo de 2021 · 19:50 hs
La Justicia investiga si Pietragalla, Gómez Alcorta y Donda se desentendieron de la crisis en Formosa
Foto: Prensa Gobierno

El fiscal Ramiro González abrió una investigación para determinar si el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la titular del INADI, Victoria Donda, omitieron denunciar la situación de 86 mujeres embarazadas ocultas en el monte formoseño, sin luz ni agua potable, para evitar ser trasladadas por la Policía formoseña a centros de aislamiento. Allí, según la denuncia presentada por referentes de la oposición, se les practicaría una cesárea y permanecerían 14 días aisladas.

La denuncia que también alcanza a Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, buscará dar luz si los funcionarios nacionales tomaron conocimiento de los acontecimientos reseñados en una denuncia por estas mujeres y omitieron denunciarlos ante el organismo competente para su consecuente investigación, tratándose de delitos de grave índole constitucional.

Según la presentación realizada por los diputados nacionales Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Omar de Marchi, Pablo Torello y Jorge Enríquez entre otros, Pietragalla durante su viaje a Formosa habría omitido la información suministrada por el diputado provincial Enrique Ramírez, que detallaba la situación de las 86 mujeres ocultas en la zona de El Potrillo. Según la denuncia allí vivían "sin luz ni agua potable, para evitar ser violentamente trasladadas por la policía local a algún centro de aislamiento, donde se les practicaría una cesárea y se las obligaría a permanecer 14 días aisladas, sin la posibilidad de tener contacto con sus hijos recién nacidos".

Estos hechos habrían sido expuestos ante Pietragalla en una reunión en la que también participaron el diputado nacional Ricardo Buryaile, junto con los diputados provinciales, Osvaldo Zarate, Juan Carlos Amarilla, Noelia Luna, Adrián Malgarini y los concejales capitalinos, Celeste Ruiz Díaz, Miguel Montoya, Daniel Caballero, y Gerardo Piñeiro.

Recordemos que esta reuníon fue dada a conocer publicamente por el secretario de DDHH a través de una publicación en Twitter el 28 de enero: “estoy reunido con legisladores nacionales, provinciales y dirigentes de la UCR Formosa para escuchar sus preocupaciones e inquietudes respecto a la situación actual de la Provincia” había dicho Pietragalla aquella vez.

Por otra parte, los denunciantes solicitaron a la Justicia ampliar la investigación hacia las restantes funcionarias del gobierno del presidente Alberto Fernández, luego que se publicara una carta de militantes de Derechos Humanos, en la cual se hacía referencia a la sistemática violación de los derechos humanos ocurridos en perjuicio de las comunidades indígenas.

Según la petición, se instó a Elizabeth Gómez Alcorta a "investigar las prácticas violentas" denunciadas y a "administrar los medios que correspondan para que sea garantizado el derecho al parto respetando las perspectivas interculturales".

Así también, teniendo en cuenta que se articulaban situaciones de violencia de género y maltrato hacia mujeres indígenas, se solicitó a la titular del INADI, Victoria Donda y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda la intervención y garantía de los derechos vulnerados. La misiva apelaba además a la intervención de Horacio Pietragalla por tratarse de una clara situación de violación a los Derechos Humanos.

El representante del Ministerio Público Fiscal, ya solicitó diversas medidas para avanzar en la investigación y pidió información a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, con jurisdicción en la Provincia de Formosa, para determinar si se iniciaron causas penales relacionados con la situación de la población indígena de Formosa, a raíz de la pandemia del COVID 19.

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