El tapón kirchnerista que estaría frenado el "despegue" de IMPSA
Los cortocircuitos internos en la Casa Rosada podrían tener un impacto directo en el impulso que se pretendía dar a la empresa metalúrgica. "Todo se frena en la oficina del subsecretario de Energía", afirman en referencia el kirchnerista Federico Basualdo.
Hace 12 años que IMPSA no tiene un contrato doméstico significativo. En teoría eso iba a cambiar gracias al desembarco del gobierno nacional en el directorio de la empresa, sin embargo por cuestiones burocráticas y problemas en la comunicación no ha ocurrido. Todo apunta a un funcionario en particular, Federico Basualdo, en cuyo despacho se juega el futuro de la compañía mendocina que supo ser competitiva a nivel mundial.
"Matías Kulfas empuja desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero todo queda en la secretaría de Energía", explican a MDZ sobre la situación en la que se encuentra la nave insignia de la provincia.
La situación de la compañía, más allá del empujón estatal, está lejos de ser óptima. Según un informe presentado ante la Comisión Nacional de Valores, "ciertos hechos y condiciones que, junto con las pérdidas operativas incurridas en el presente período, en principio, podrían generar incertidumbre sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento".
Pero más allá de esa advertencia, se pone énfasis en la posibilidad de que eso cambie en el corto plazo y queda claro que la apuesta es a que se abran nuevos proyectos gracias a la participación del gobierno nacional. "La Sociedad estima que la aprobación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial y su homologación judicial, la aprobación del aumento de capital descripto en la referida nota y su suscripción total por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Mendoza en la forma allí descripta, junto con la alta probabilidad de éxito de algunos proyectos de obras potenciales, son suficientes para mitigar dichas incertidumbres", se puede leer en el informe de estados financieros al 30 de septiembre.
Pero es justamente allí donde se ha generado una suerte de embudo que pone en riesgo de forma inexplicable. Sobre todo si se tiene en cuenta que la llave para destrabar la situación la tiene un funcionario de tercera línea pero con más poder que sus superiores.
Basualdo debería responder al secretario de Energía Darío Martínez y al propio ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, meses atrás quedó claro que goza de una independencia total y cuenta con un respaldo directo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el mes de mayo Guzmán intentó hacer cambios en su ministerio pero Basualdo se resistió a dejar su cargo. El cortocircuito fue el aumento de tarifas, algo a lo que el kirchnerismo se resistía por el contexto electoral.
Pese a que Martínez le pidió la renuncia y que Guzmán respaldó esa decisión, Basualdo se mantuvo en su oficina amparado por la vicepresidenta.
Al parecer, las diferencias internas siguen existiendo y es cada vez más notorio como los esfuerzos por ayudar a IMPSA se frenan en la oficina de Federico Basualdo.
"Hoy no existe una política energética. Hay una dinámica extraña con una persona que toma decisiones. Tenemos un secretario que está pintado y un subsecretario todopoderoso", remarcan con preocupación.
Específicamente, de Basualdo depende que se le adjudiquen trabajos a IMPSA. Por ejemplo, existe una oportunidad importante en Yacyretá que es apuntada como "la pista de despegue" de IMPSA. De las 18 turbinas con las que cuenta la central hidroeléctrica, cuatro ya han sido reparadas pero es necesario avanzar con al refuncionalización de las otras 14. Ese trabajo sería un paso enorme para la compañía mendocina pero las gestiones han quedado empantanadas. Lo mismo con otras represas.
A pesar de esta situación, tanto Matías Kulfas como Martín Guzmán han puesto en marcha otros resortes necesarios para volver a posicionar a IMPSA como una empresa competitiva a nivel mundial.
Concretamente, el presupuesto 2022 cuenta con dos artículos a medida de IMPSA. Uno de ellos es un aval por 130 millones de dólares para que la compañía pueda volver a competir en el exterior. Producto de su situación financiera y de la mala reputación de Argentina a nivel internacional, IMPSA no tenía quien lo asegure para poder competir en licitaciones internacionales. Sin un respaldo sólido no tenía posibilidades de firmar contratos en el exterior y eso se subsanó con el aval que puso a disposición el gobierno nacional.
El otro resorte es una línea de crédito bancario para capital de trabajo con el objetivo de que la empresa pueda capitalizarse y participar de obras.

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