Empresas de vigilancia truchas: la cámara culpa al Estado y el gremio dice que la informalidad no para de crecer

El rubro de la vigilancia privada creció en Mendoza en los últimos tiempos a la par de la expansión de los barrios cerrados. Mientras la inseguridad se volvió un flagelo enquistado en la sociedad, la necesidad de protección y custodia empezó a convertirse en una necesidad imperiosa. Pero este servicio no es de uso exclusivo del sector privado, sino que el Estado también suele contratarlo.

Como contamos anteriormente en MDZ, el aumento de esta demanda de servicio habilitó a su vez a que crecieran las empresas de vigilancia truchas, lo cual es admitido por los mismos empresarios, la propia cámara que los aglutina y hasta por el sindicato de Unión de Personal de Seguridad. Incluso se da la paradoja que el propio Estado contrata a un precio menor al que corresponde.

La consecuencia de este escenario es que la informalidad gana cada vez más espacio y los vigiladores son los que más padecen esta irregularidad ya que perciben un salario menor al convenido por ley.  De este modo, al no cumplirse con el control estatal y una fiscalización adecuada para desterrar este empleo informal, los guardias representan el eslabón más débil de la cadena al aceptar condiciones laborales que violan lo que manda la norma y el convenio.

Orlando, un empleado de vigilancia privada con más de 25 años de trayectoria en el rubro de la seguridad, dio un testimonio sobre el avance de la pauperización laboral en su sector en Mendoza. "A veces sentimos que estamos muy desprotegidos, vemos que de un día para el otro nos quedamos sin trabajo, tenemos que bajar la cabeza y aceptar condiciones que en otras circunstancias no hubiésemos tolerado. Tengo la necesidad de mantener a mi familia y tener proyectos, y muchas veces tuve que doblegarme y aceptar condiciones que no me convenían, que nadie puede mantener en el tiempo", graficó.

Ariel Edgechman, titular de la Unión de Personal de Seguridad, dijo a MDZ Radio: "La informalidad viene creciendo muchísimo con una competencia desleal, pseudo empresarios que dejan  muy chica la formalidad, yo creo que hoy en Mendoza hay un 30% de formalidad y un 70% de informalidad, no es que sean todas malas, pero algo informal tienen".  En este sentido, planteó que para combatir la informalidad desde el sindicato iniciaron junto con la subsecretaría de Trabajo "operativos contra la informalidad, impulsamos un compromiso ético laboral, con inspecciones al 80% de las empresas".

Si nos asomamos al mercado de la vigilancia privada en la provincia, encontramos según estadísticas del gremio un total de 154 empresas que trabajan en Mendoza. De acuerdo a los números de la propia Cámara de Seguridad Privada, existen unos 10 mil vigiladores inscriptos. El problema radica, de acuerdo al sindicato, en que de ese universo de empresas habilitadas, "hay un gran porcentaje formadas por monotributistas, entonces hay gente que termina trabajando en negro, monotributistas, gente que no está capacitada y no puede trabajar, hay un grupo de empresarios que juega con la necesidad del trabajador", remató Edgechman.

Pablo Martínez, titular de la cámara, dijo a MDZ Radio "la mayoría de las empresas tenemos más de 30 años en el mercado, hay empresas que ofrecen 400 pesos por hora, entonces, uno tiene que decirle que no porque no se puede bajar el precio, no se pueden bajar los costos laborales, hoy tenés 50 o 60 empresas formales y todo lo demás son satélites, entonces esto se soluciona si los propios vigiladores rechazan las condiciones que les ofrecen que no respetan el convenio, no puede existir un monotributista, un sereno no puede existir, tiene que ser la guardia a cargo de la empresa y no de 4 personas que se juntan y van a un bar y le ofrecen 400 pesos la hora".

Edgechman agregó a este cuadro sombrío que "el principal enemigo de todo esto es la necesidad del trabajador, estas empresas aprietan, obligan al trabajador a firmar recibos y planillas que no corresponden, hay vigiladores que ganan 30 mil pesos y que laburan 300 horas, pero en la subsecretaría está todo firmado". 

Martínez puntualizó el deterioro en "las inspecciones que deberían corresponder y no se hacen, o las denuncias judiciales que se cajonean, los satélites de seguridad informales perjudican a las grandes empresas, al generar una competencia desleal", que termina pagando el propio vigilador.  "Si un pseudo empresario te ofrece 400 pesos la hora tenés que rechazarlo, si el gobierno aplicara la ley que trabajamos se termina todo esto, la trabajamos con el REPRIV (Registro Provincial de Empresas de Vigilancia) y con el sindicato. Esa ley dice que toda persona que quiera cumplir funciones de seguridad privada tiene que pertenecer a una empresa".

Martínez concluyó echando gran parte de la responsabilidad al Estado: "si hay esta informalidad es porque alguien mira para otro lado y el primer ente que contrata mal es el Estado, los que contratan a precios vil nos impiden crecer".