El complejo entramado de la renegociación de deuda de Mendoza

La situación es compleja y en el Ministerio de Hacienda están avocados a la tarea. El gobierno provincial se encuentra en pleno proceso de negociación con bonistas para reestructurar vencimientos e intereses de una deuda de 500 millones de dólares que se tomó en el año 2016. La oferta que presentó el Ejecutivo ha sido calificada como agresiva y sigue siendo analizada tenedores de bonos, por lo que el plazo de negociación -que vencía mañana- se extenderá por otros diez días. Pero al mismo tiempo, este jueves vence un cupón que se adeuda por 25 millones de dólares, y teniendo en cuenta el contexto es posible que no sea pagado. Es decir, el jueves Mendoza podría entrar en una nueva fase de default.

El nudo del conflicto es que los tenedores se muestran comprensivos respecto a la situación actual por el impacto del coronavirus, mientras que desde el gobierno intentan hacerlos comprender que el problema de Mendoza va más allá de la coyuntura actual.

La pandemia ha dejado en una situación delicada a todas las economías del mundo y la provincia no es la excepción. En el gobierno admiten que no tienen los recursos para hacer frente al vencimiento que no se pagó el 18 de mayo y todo indica que el 18 de junio volverían a incumplir el compromiso. Es decir, se vencerá el plazo de gracia de 30 días y la provincia no estaría en condiciones de cancelar esa deuda, por lo que inevitablemente profundizará el estado de default. 

A pesar de ello, en el Ministerio de Hacienda se muestran optimistas y aseguran que esa situación no debería generar mayores complicaciones. Sobre todo porque Mendoza ha mostrado voluntad de seguir negociando con los acreedores para encontrar la forma de honrar sus compromisos.

Trazando un paralelismo con la pandemia de coronavirus, lo que busca el gobierno provincial es "aplanar la curva" de vencimientos. Patear a largo plazo los vencimientos, que a priori debían cancelarse entre el 2022 y el 2024. El desafío es que los acreedores entiendan que el problema de Mendoza no es la pandemia sin un contexto nacional complejo en el que no se avizora crecimiento económico por tiempo indeterminado. Es decir, que el inconveniente no es de corto plazo, sino estructural y que la provincia está dispuesta a pagar pero no podrá hacerlo en las condiciones que se acordaron en 2016.

Sobre todo teniendo en cuenta que hoy Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional por lo que no existirá posibilidad de tomar nuevos créditos para afrontar vencimientos. Eso torna aún más complejo el horizonte y en Hacienda explican que necesitan lograr algo como lo que se consiguió en 2004 con el bono Aconcagua. Es decir, reestructurar los vencimientos a largo plazo para poder cumplirlos.

Pero los problemas no terminan ahí. Otro inconveniente que han encontrado en el Ministerio de Hacienda es que los tenedores nos son grandes grupos, sino que están atomizados. Al ser muchos y no estar agrupados, cuesta encontrarlos para presentarles la oferta de reestructuración. 

La aceptación tiene que ser explícita por el sí y la ausencia de respuesta se toma como un rechazo a la propuesta. Eso obliga a buscarlos y fue uno de los argumentos para pedir la extensión del plazo por otros diez días.

La oferta que se hizo a los bonistas es patear el vencimiento de 2024 para el 2029 y bajar la tasa de interés del 8% al 4% anual. Incluso, libera a Mendoza del pago de los cupones de intereses. Tanto del que venció en mayo y no se pagará esta semana, como los de noviembre del 2020, mayo del 2021 y noviembre del 2021. Ese es justamente uno de los puntos que más cuestionan los tenedores y que está siendo analizado por el gobierno provincial para lograr un entendimiento.

Ese es el estado de situación actual y la misión es lograr una propuesta sea aceptada por el mayor porcentaje de tenedores.