Los gremios son culpables de la brecha salarial en el Estado

La pandemia ha dejado al desnudo las diferencias que existen entre los trabajadores del sector privado y los empleados estatales. En su discurso del 1 de Mayo el gobernador Rodolfo Suarez remarcó el esfuerzo de los contribuyentes "para financiar la estructura del Estado y en particular el pago de los salarios de los empleados públicos". Incluso, destacó que los empleados estatales "gozan de salarios en promedio un 30% superior a los que se registran en el sector privado y de una estabilidad laboral superior, sin riesgo de quiebra por parte de su empleador". Pero al mismo tiempo, ha puesto en evidencia la enorme brecha que existe en los sueldos dentro de la planta estatal.

Bajo la premisa de acuerdos paritarios con porcentajes de aumento iguales para todos los trabajadores se ha generado una desigualdad cada vez mayor en la escala salarial del Estado. Los gremios son responsables y los funcionarios públicos se han visto directamente beneficiados. La cláusula gatillo ha tenido un efecto negativo que es necesario discutir con seriedad.

Punto número uno y primer mito que debe derrumbarse: aumentar por el mismo porcentaje no es ser ecuánime. El resultado está a la vista y es necesario hacer una cuenta muy simple para revelar el lado B de las paritarias que muchos -por conveniencia- prefieren ignorar.

Para que no queden dudas, usaremos números redondos y supondremos que el salario más bajo era de 10.000 pesos y el más alto de 100.000. La brecha era de 90 mil pesos.

Si el aumento salarial fue del 50% el resultado es un salario mínimo que sube a 15.000 pesos mientras que el máximo trepa a 150.000 pesos. Es decir, la brecha aumentó a 135.000 pesos.

Al segundo año, gracias a la cláusula gatillo acordada por los gremios y el famoso porcentaje igualitario, se vuelve a conseguir otro aumento del 50%. ¿El resultado? El salario mínimo queda en 22.500 pesos y el máximo en 225.000 pesos, con una brecha de 202.500 pesos. En dos años la diferencia pasó de 90 mil pesos a más de 200 mil pesos

En este sentido, es imperioso que se tomen cartas en el asunto y que se empiece a discutir con seriedad y -sobre todo- responsabilidad sobre la composición salarial en el Estado. La semana pasada la diputada Josefina Canale presentó un proyecto de ley que propone implementar aportes obligatorios a todos los estatales. Una alícuota de 0,5% para un sueldo de 20.000 pesos, lo que representa 100 pesos de aporte, y una alícuota de 20% para sueldos de 210.000 pesos, redondeando un aporte de $42.000 pesos.

En lugar de salir a cuestionar rápidamente la iniciativa, los sindicatos deberían estar trabajando en mecanismos similares para ordenar la desigualdad que ellos mismos ayudaron a generar.

Incluso, beneficiando directamente a los funcionarios políticos y legisladores, ya que sus aumentos están determinados por las paritarias de los empleados de la administración central.

Es un tema complejo y la maraña no será fácil de desenredar, pero es hora de que se pongan a hacerlo. Por ejemplo, hay que rever la fórmula mediante la cual se determina el sueldo del gobernador y también cambiar el tradicional mecanismo de paritar salarios por porcentaje.

Son decisiones de fondo que modifican el status quo, pero si no se dan seguirá aumentando la desigualdad. Está bien que el que los trabajadores no pierdan ante la inflación, pero no tiene que ser el único factor a tener en cuenta o la brecha será cada vez mayor.

El 1 de mayo Roberto Macho dijo que no puede ser que haya "funcionarios que cobran 400 mil pesos". Incluso señaló que los 40 millones de pesos que en marzo ahorró la provincia al fijar un tope salarial a 270 funcionarios, demuestra que esos salarios equivalen a los de 2400 estatales que trabajan precarizados. 

Pero en parte el propio Macho es responsable de esa situación. Él fue quien acordó porcentajes iguales para todos los trabajadores y genera la brecha que luego critica. "La distribución justa no está en este momento. Es necesario plantear una política de Estado", aseguró en MDZ Radio.

"La responsabilidad no es solo de los gremios sino también cómo se implementan  discrecionalmente los adicionales", aclaró Macho y asegura que por eso sostienen que es hora de revisar y cambiar la ley de sueldos. "Hay una desigualdad terrorífica", reconoce el secretario General de ATE.

Habrá que esperar la reapertura de paritarias para saber si este contexto de pandemia sirve de plataforma para encarar con profundidad la discusión.