Sigue la purga en Desarrollo Social tras la compra con sobreprecios

El escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte de Desarrollo Social sigue impulsando una "purga" dentro de esa cartera. Al despido de Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social, se le suman 14 funcionarios que presentaron su renuncia y dejaron el ministerio que conduce Daniel Arroyo.

Ayer el presidente Alberto Fernández se reunió con el ministro y le brindó su apoyo, pero lo cierto es que en el Gobierno no se descartan más cambios dentro de Desarrollo Social. "Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios", indicaron fuentes al diario Clarín.

Los 14 funcionarios que formaban parte del equipo de Calvo y que presentaron su renuncia indeclinable fueron el subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.

Calvo, señalado como principal responsable de la compra, se había desempeñado como secretario de Seguridad de Almirante Brown, cargo al que renunció en medio de una denuncia por coimas.

Desde el Gobierno primero defendieron la polémica compra, y aseguraron en un informe elaborado por el Ministerio que "en ningún rubro se compró a una sola empresa" porque se realizó una licitación para satisfacer la mayor demanda en los comedores, donde aumentó de 8 a 11 millones la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en las últimas semanas, en el marco del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.