Golpe a los más pobres: cómo afecta el pago de sobreprecios de alimentos

Golpe a los más pobres: cómo afecta el pago de sobreprecios de alimentos

Los sobreprecios pagados por los alimentos para la ayuda social perjudica a los mismos destinatarios y también a la cadena de valor: se pagó de más para favorecer a intermediarios y no a productores.

MDZ Política

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Es una ironía, pero detrás de la compra de alimentos para asistir a las personas más afectadas por la crisis hay un enorme negocio para quienes no tienen nada que ver ni con la asistencia social, ni con los productores de alimentos. Visten de traje, atienden en una oficina y ganan millones con el Estado. Sí, el negocio de los intermediarios a los que el Gobierno nacional le compra alimentos a precios exorbitantes 

El periodista Matías Longoni lo describió con detalles en su sitio "Bichos de Campo". El Gobierno nacional licitó la compra de alimentos para asistencia social, pero le adjudicó a empresas que no son productoras, sino que se dedican a ser proveedoras del Estado. Muchas de ellas son sellos de goma: aunque tienen razones sociales distintas, son de los mismos dueños, tienen la misma dirección y le venden al Estado productos diversos: desde biromes, hasta lentejas. 

Por mencionar algunos ejemplos, el Gobierno nacional compró  1.020.000 botellas de aceite por $164,2 millones; a un costo de  $161 por botella. La SIGEN recomendó otro precio y en Precios Máximos se vende entre $98 y $123 pesos. También compraron fideos semolados a $86,5, a pesar de que el precio recomendado a la población es de $52. El azúcar el Estado la pagó a $75, mucho más que los $50 de la lista de Precios Máximos e incluso de lo recomendado por la SIGEN. Para cualquier persona las lentejas cuestan entre $120 y $160. Pero el Ministerio de Desarrollo Social lo pagó a $169. Esos son algunos ejemplos. 

El problema es que al pagar tanto, se puede comprar menos a futuro y los afectados pueden ser las mismas personas que necesitan. 

En el medio también está el sistema de distribución de esos recursos. La emergencia le otorga al Presidente y a los gobernadores una margen amplio para usar recursos de manera  arbitraria, pero siempre dentro de los objetivos previstos dentro de la situación. Tienen autorización para gastar más rápido y con menos controles. El propio presidente Alberto Fernández lo reconoció ayer. 

La distribución también es un tema de conflicto interno porque las Provincias pierden el rastro. Buena parte de la ayuda se concentra en el Gran Buenos Aires, donde la Nación ha destinado una atención especial. A las provincias llega, pero no es el Estado quien lo distribuye, pues gran parte de la logística ha sido derivada en las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pié y otras. Esas organizaciones ya gestionaban ayuda social desde hace tiempo porque tienen mayor capilaridad en los barrios. Pero las provincias miran con recelo el tema. 

En Mendoza hay otro problema. No se distribuyó la tarjeta Alimentar. La pandemia dejó a la Anses y a los Intendentes con la logística armada y sin poder aplicar el sistema. A cambio la Nación se comprometió a transferir los recursos del plan Alimentar a través de las cuentas bancarias que ya estaban destinadas a otro tipo de ayuda, como la Asignación Universal por Hijo. 

Escuchá la entrevista a Matías Longoni

El detrás de escena de la compra con sobreprecios

 

 

 

 

 

 

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