La rebelión de los jueces: piden al Gobierno mediar en el conflicto

Son días especiales para una parte de los jueces mendocinos. Se rebelaron en masa contra a una acordada de la Corte que redistribuye el personal a su cargo. Como todavía no pudieron planteárselo al alto tribunal, hoy fueron en conjunto a la Casa de Gobierno, a solicitar la mediación del Poder Ejecutivo en el conflicto.

Se trata de los 30 magistrados civiles que componen los tribunales de gestión judicial asociada (Gejuas) de la primera circunscripción. El motivo de la rebelión es la acordada 29.480 de la Sala Administrativa de la Corte.

Básicamente, esta acordada genera el traslado de personal de los Gejuas de la Justicia Civil a la Justicia de Familia. La medida se basa en la necesidad de aplicar el nuevo Código Procesal de Familia y en estadísticas de la Corte que revelan una baja en las causas de la Justicia Civil y una suba en la de Familia, que además tiene menos magistrados.

Pero desde que surgió esta acordada, no paran de sumarse expresiones de rechazo. La primera fue del ámbito sindical, que habló de una "reforma judicial inconsulta". Luego se sumó el Colegio de Abogados, aunque lo más fuerte de todo ha sido la inusual protesta combativa de los propios jueces civiles.

Algo parecido a un incidente" en tribunales protagonizaron estos jueces el martes, cuando trataron de reunirse con la Corte y no lo lograron. El supremo tribunal no aceptó la concurrencia masiva de magistrados y pidió que fueran sólo algunos representantes. A su vez, los jueces civiles no querían reunirse solamente con la sala administrativa (Jorge Nanclares, Omar Palermo y Julio Gómez), sino con el pleno de los ministros. 

Los magistrados en conflicto consideran que la acordada de la Corte pone en riesgo "los logros de la oralidad judicial" que se aplica en los Gejuas. "Están desvistiendo a un santo para vestir a otro", afirman.

También hay quienes cuestionan la parcialidad de la ingeniería de personal y dicen que la Corte les saca gente a los Gejuas civiles, pero no toca el equipo de relatores que trabaja para los ministros del alto tribunal.

El Gobierno fue impulsor de la oralidad en la Justicia. Sin embargo, el Poder Ejecutivo negó hoy que vaya a tener alguna intervención en el conflicto de los jueces civiles con la Corte.

Tan solo recibió a los magistrados e hizo gestiones para acercar las partes. En la sala de acuerdos del tercer piso (MInisterio de Gobierno), los jueces fueron recibidos este miércoles por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; y por el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.

D'Agostino explicó al respecto que "todos los jueces civiles pidieron una reunión con el Poder Ejecutivo" y que el Gobernador "nos instruyó al ministro Ibañez y a mí para recibirlos".

Y agregó: "Nos manifestaron que este no era un conflicto con el Poder Ejecutivo y expresaron su apoyo a las reformas judiciales que nosotros habíamos implementado":

"Ellos entienden con preocupación que esta acordada puede hacer peligrar la oralidad en el fuero civil. Agradecieron al Ejecutivo que los haya recibido y pidieron actos útiles para que haya una reunión entre ellos y la Corte", agregó el subsecretario de Justicia.

Ante el planteo, Ibáñez se comunicó telefónicamente con el presidente de la Corte Nanclares y esta mediación consiguió que se agendara una reunión para mañana entre el plenario de la Corte y los jueces civiles.

Las magistrados combativos, por su parte, tenían previsto hacer una asamblea en la tarde de este miércoles para definir quiénes irán a la audiencia con la Corte mañana. 

Por su lado, desde la Corte, hubo algunas explicaciones a modo de defensa de la medida tomada.

"Familia es el fuero más conflictivo, ha sido postergado y va a tener muchas modificiaciones", explicaron voceros oficiales. Y agregaron: "Además hay una restricción presupuestaria, por lo tanto nos tenemos que manejar con medios y recursos que tenemos".

Si bien no es protagonista el poder político de esta pelea, hay que decir que la Corte había solicitado a la Legislatura que eliminara del Presupuesto 2020 una cláusula que bloquea el nombramiento de personal en la Justicia.