Mientras espera un rescate, renunció el director de IMPSA

La empresa IMPSA busca salir de la crisis financiera que tiene desde hace años y mientras espera un rescate nacional cambiará la cúpula: el director de la firma renunció y el mes que viene decidirán el reemplazo. El directorio estaba a cargo del mendocino Diego Grau, un ingeniero ligado al radicalismo, quien había sido designado en el cargo por los bancos que tienen la propiedad de la empresa. 

La renuncia tiene que ver, según las especulaciones, con el cambio de gestión en los bancos estatales que tienen el control de la empresa. Todo en el marco del plan del proceso de recomposición de la deuda que tiene IMPSA. La empresa presentó una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial y según la comunicación formal la renuncia de Grau se da para "teniendo en consideración la necesidad de facilitar las distintas etapas previstas en el mismo". 

Además de Grau dejarán su cargo el Director suplente por la Clase A , Alfredo Brignone, el síndico titular , Ladislao Szekely, y la síndico suplente, María Alejandra Brusadín.

Tras la crisis y el quiebre de la empresa, IMPSA dejó de pertenecer a la familia Pescarmona y la conducción de la empresa está en manos del Banco Nación, el BICE y el BID. Desde entonces esa firma insignia de Mendoza busca salir de la crisis financiera. 

IMPSA volvió a presentar un plan de reestructuración para prorrogar pagos.  "El capital de la Nueva Deuda se amortizará en 12 cuotas anuales iguales y consecutivas, comenzando el 30 de diciembre de 2028 y con vencimiento final el 30 de diciembre de 2039", dice la propuesta.

IMPSA busca que la empresa sea tomada como estratégica por el Estado y así recibir ayuda. Entre las líneas de emergencia a las que busca acceder está el flamante “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos", que le otorga subsidios a las empresas para capital de trabajo pasivos para lograr viabilidad económica y financiera. La asistencia que busca IMPSA consiste en Aportes No Reembolsables "que las empresas beneficiarias deberán destinar al pago del 50% de la masa salarial bruta". Pero que puede ser ampliado. El problema es que el acceso a esa ayuda está sujeto a la aprobación por parte de los acreedores del refinanciamiento de la deuda.