Una constructora mendocina negocia su salida de una obra PPP

La empresa mendocina Green fue una de las beneficiarias de las licitaciones que la Nación realizó para ejecutar obras bajo el sistema  Participación Público Privada, es decir aquellas en las que las empresas aportan capital que luego recuperan con la gestión de la concesión de las rutas. Junto con la empresa china CCA, están a cargo de la ampliación de la Ruta Nacional 5. Según informaron desde Vialidad, es el proyecto que más adelantado está en cuanto a la ejecución, pero puertas adentro de la UTE la situación es más compleja y la empresa mendocina está en negociaciones con su socio chino para rever las condiciones del contrato. Incluso se especula con que la empresa asiática (que tiene sede en Panamá) quiere comprarle la parte a la firma mendocina y dejarla de lado de la obra.

Fuentes allegadas a la UTE confirmaron que hay negociaciones para rever los términos y analizar la escisión de esa sociedad, pero que aún no hay “ni precios, ni condiciones” para que Green salga del negocio. Las PPP son un sistema de ejecución de obras que el gobierno nacional impulsó para reemplazar el financiamiento netamente estatal, sobre todo de obras viales. Pero en el medio aparecieron dos problemas. Primero fue el escándalo de los “cuadernos de la corrupción” en el que se descubrió el mecanismo de dádivas que empresarios pagaban a funcionarios del gobierno anterior. Esa causa generó problemas para las empresas que tenían volumen como para participar de las PPP. Y luego la crisis de financiamiento jugó otro papel clave en el avance. La Nación creó un fideicomiso para garantizar el sistema y con esa herramienta licitó las obras PPP.

Green y su socio chino se quedaron con un tramo y ahora renegocian internamente. La empresa con sedes en Mendoza y San Luis quedó involucrada en la causa de los “cuadernos”, pero por la declaración de Ernesto Clarens. El juez Bonadío procesó al titular de la firma, Carlos Arroyo. Sin embargo, desde la empresa aseguran que la sociedad no está afectada por esa causa y que “la empresa no tiene ningún embargo”.

En los últimos días circuló la versión, brindada por un medio porteño, que la empresa era investigada por haber transferido certificados de obra a un banco “saltando” un embargo judicial y priorizando de manera irregular a esa entidad bancaria por sobre otros acreedores y obviando así controles judiciales. Allegados a Green aseguraron que no hay maniobras ilegales porque no hay embargos sobre la sociedad. La empresa hizo movimientos con los certificados de obra para saldar deudas bancarias y aseguran que todas las operatorias están en regla . “No hay ningún embargo sobre la empresa y no se debe nada, estamos al día con nuestras obligaciones. Cuando se hacen cesiones de certificados se hacen en el marco de la ley”, aseguraron allegados a la firma, desde donde explicaron que “la transferencia de certificados es una forma de financiarse” por los problemas que tienen las empresas por la coyuntura económica.

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El pase de certificados de obra es un tipo de maniobra es habitual cuando las empresas tienen apuros financieros: se traspasan certificados (que son como órdenes de pago tras realizar un trabajo) que tienen fecha diferida a entidades bancarias a cambio de anticipos financieros o para saldar deudas. La especulación sobre Green era que había saltado canales ordinarios para usar esos certificados de obra y cancelar pasivos con un banco saltando otras obligaciones.

Green estuvo a cargo de un tramo de una de las obras emblemáticas de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del Paseo del Bajo, que fue inaugurado recientemente. En ese caso, la gestión estuvo a cargo de AUSA, el sello con el cual el gobierno porteño ejecuta los trabajos públicos. Green también fue parte de la construcción de la ruta 40 hacia El Sosneado, que inauguró Mauricio Macri la semana pasada y  ganó la licitación para construir dos tramos de la Ruta 40 entre San Juan y Mendoza (del lado sanjuanino).