Las distintas realidades que vive la Justicia mendocina

El Poder Judicial mendocino se está desempeñando en distintos planos de realidad y a diferentes velocidades.

El debut del sistema de juicios por jurados derivó en una sentencia de culpabilidad y demostró cómo, con acuerdos políticos de base, se pueden avanzar en iniciativas que mejoren la administración de Justicia.

Una adaptación formidable al nuevo sistema tuvo el fiscal Fernando Guzzo, que instruyó la causa contra el condenado Esteba Sebastián Pecoví. Su trabajo fue vital para terminar de convencer al jurado de doce personas de que la salida para esa causa era la declaración de culpable.

Sin embargo, la semana que pasó, la Suprema Corte dio la nota y demostró que funciona en un plano distinto. La Sala 1 integrada por los jueces Pedro Llorente, Mario Adaro y Dalmito Garay anuló cargos millonarios que el Tribunal de Cuentas le había impuesto al extitular del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, y también de forma solidaria a tres exmiembros del directorio, Federico Domínguez, Miguel Bondino y Carina Andreoni, en un fallo que claramente apuntó a salvar desde el punto de vista económico a personajes vinculados a la política.

A todo ellos, el organismo de control les reclamaba el reintegro de $2.064.134 por supuestos sobreprecios facturados en el servicio de limpieza prestado por la empresa Masterful SRL, pero para los jueces la sanción no correspondió.

El fallo fue argumentado por Llorente, amigo personal de Bondino, quien en otra causa análoga se había excusado precisamente por esa relación. Bondino fue el hombre de Alfredo Cornejo en el Casino y hoy es un legislador aliado y clave en la estructura partidaria de la UCR en San Rafael.

Bianchinelli fue figurita repetida en los últimos cuatro años a la hora de las investigaciones judiciales en contra por su desempeño al frente del Casino, entre otras cosas, por la escandalosa negociación por la instalación de las máquinas tragamonedas y el control online de las apuestas que pretendía obtener el grupo Vila Manzano.

De extensa relación de militancia con Adaro, con Bianchinelli se generó luego de conocido el fallo una ola de compasión en favor suyo que recorrió incluso los pasillos de Casa de Gobierno. Muchos mencionaron la situación personal delicada que estaría atravesando el actual legislador del PJ a modo de justificación de la salvada de la Corte.

Garay sintió quizás por primera vez el peso del lugar en dónde está metido y guardó para otro momento los anhelos reformistas con los cuáles desembarcó en el Poder Judicial. El exministro de Cornejo trató, a través del trabajo de sus relatores, de que la causa no terminara como terminó, pero siguió al resto bajo el argumento de que para él tampoco se había producido un daño para las arcas del Estado.

En un momento Garay apuntó a tomarse una licencia para no rubricar esa sentencia. Pero decidió asumir el costo con la consigna de que, fallos bochornosos como este, son los sapos que se tiene que tragar en ese puesto.

Lo que sucedió marca la realidad de los jueces que son designados políticamente y que, después, terminan respondiendo a esos mismos intereses políticos que los depositó en el cargo.

En otras circunstancias, al menos a Llorente le hubiera correspondido un pedido de juicio político. Pero difícilmente eso ocurra: la corporación política completa, muy sensible muchas veces a la hora de denunciar injerencia de la política en la Justicia, terminó mirando para otro lado.

El lunes se completó la puesta en marcha de un etapa interesante dentro del Poder Jjudicial. Finalmente fue designado con acuerdo del Senado el jefe de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi, quien quedó oficializado en su cargo después de haberlo ejercido de manera interina durante más de un año.

Capizzi, entre otros delitos, es quien está a cargo de las investigaciones por corrupción de los funcionarios en Mendoza. Y a la luz de las causas que ya se están ventilando, no será tarea sencilla.

Su repartición cuenta con equipo de 55 empleados divididos en cuatro fiscalías, que representan un grupo escaso para los procesos que ya están en marcha. Un problema vital está en la falta de capacitación de los auxiliares, que son clave a la hora de la instrucción de las causas para que después, efectivamente, puedan ser elevadas a juicio.

La investigación específica por parte de la Justicia de los episodios de corrupción todavía está en la etapa de la infancia. Y se nota.

Aunque, a decir verdad, las causas que están bajo tela de juicio alternen malas con buenas. La mayoría de las investigaciones (que involucran fundamentalmente a exfuncionarios de las gestiones del PJ) vienen manteniendo un trámite lento y engorroso. Pero hay un dato a rescatar, al menos, y es que no están cajoneadas.

El caso paradigmático son las causas que han perseguido a Francisco Pérez durante estos últimos tres años y medio. El exgobernador se encamina a conseguir otro sobreseimiento y ya acumula dos victorias judiciales en las tres denuncias que tiene en su contra tras su paso por el poder. Todavía resta que se defina la causa más compleja por enriquecimiento ilícito, pero la Justicia no logra determinar tras varias pericias contables, si Pérez compró o no con fondos de origen ilícito un departamento en las Torres Agustinas.

La causa ya lleva casi un período de gobierno y Paco ya terminó de pagar las cuotas de esa propiedad y hasta está a punto de escriturarla.

La investigación sobre la Tupac es otro caso. Capizzi fue el responsable de fijar la estrategia investigativa y acusatoria contra la organización social de Lavalle en estos últimos meses y fue quien definió que, más allá de que la Corte los había habilitado, no detener preventivamente nuevamente a Nélida Rojas y a los integrantes de su familia.

El objetivo que persiguió el fiscal fue uno solo: intentar avanzar con pie firme en la causa por el desmanejo de más de $600 millones por parte de la Tupac, sin complejizar el caso con Nélida y el resto en la cárcel, por todo el ruido político que tal situación genera.

Hasta aquí, Capizzi cumplió el objetivo. La fiscal Gabriela Chávez promovió imputaciones para los funcionarios y exfuncionarios que miraron para otro lado mientras la Tupac se manejaba sin control y ahora se abocará a defender esas imputaciones que ya fueron impugnadas por los acusados.

En días nada más se conocerá la sentencia sobre una de las cuatro causas que pesan sobre Luis Lobos. Es la investigación por el delito de defraudación a la Administración Pública en modalidad de administración infiel, que llegó a juicio luego de que se comprobara que Lobos, su esposa, Claudia Sgró; y su suegra, María Elena Fernández, contrataron de manera irregular a dos personas en el municipio que después terminaron trabajando en la casa de Fernández.

El exintendente de Guaymallén tendrá un 2019 agitado en Tribunales: la Fiscalía está a punto de elevar a juicio otra causa, en este caso por enriquecimiento ilícito, en dónde el matrimonio Lobos deberá explicar un crecimiento patrimonial millonario entre 2003 y 2015, período en el que se desempeñaron solo como empleados públicos.

Pero antes de eso, Capizzi está ante un desafió grande en la pesquisa por la empleada. Aquí, el ministerio Público ya pidió una condena de cuatro años y medio de prisión efectiva para el excacique comunal.

El exintendente ya mostró sus cartas y con argumentos que rozaron el grotesco. Expuso que no tenía conocimiento de esos nombramientos y que, además, se lleva muy mal con su suegra. Los abogados defensores creen tener un punto a favor para solicitar el sobreseimiento por el beneficio de la duda: que no existe una prueba fáctica que demuestre que Lobos y su mujer nombraron a esos dos ñoquis.

La encrucijada para los fiscales pasa por lograr revertir el razonamiento del tribunal, que estará apegado muy posiblemente al universo jurídico, y convencerlos de que apliquen un criterio más ligado al sentido común, en este caso, de que no hay manera de entender esas designaciones sin que Lobos haya estado detrás.