¿Efecto dominó? La Corte respaldó un fallo del Tribunal de Cuentas

Una decisión de la Suprema Corte podría convertirse en un precedente complicado para todas las personas que han sido merecedoras de cargos o multas por parte del Tribunal de Cuentas. La semana pasada el máximo tribunal ratificó la sanción impuesta por el órgano de control a un exfuncionario del Hospital Central que deberá devolver 215 mil pesos, más intereses que podrían ser millonarios. El rechazo de la Acción Procesal Administrativa presentada en este caso particular, podría replicarse en otros casos resonantes como los sobreprecios millonarios que se pagaron en el Casino entre los años 2013 y 2015.

El Tribunal de Cuentas es el ente encargado de revisar los balances de las dependencias estatales. Al detectar irregularidades puede aplicar multas a los responsables, pero para los casos en los que determina faltante de dinero tiene la potestad de formular cargos y exigir el reintegro del dinero que se usó sin justificación. En 2008 se detectaron irregularidades en la liquidación de adelantos a los empleados del Hospital Central y en 2012 el Tribunal de Cuentas determinó que Luis Gerardo Bujaldón (Jefe Área Contable) y Bruno Antonio Farreto (Gerente Administrativo) debían reintegrar al Estado $215.000.

Bujaldón presentó una Acción Procesal Administrativa en la Suprema Corte para que "se lo libere de toda responsabilidad respecto de la eventual pérdida por falta de recupero de los importes otorgados en calidad de anticipo de sueldos a personal del Hospital Central".

Según el ex jefe contable del Hospital Central, ya estaba aprobada en forma tácita la cuenta, "pues la documentación respaldatoria se presentó en marzo de 2008 terminándose de integrar en mayo del mismo año". En este sentido expone que "el trámite tuvo incidencias y demoras que dilataron su tramitación, al punto que recién en el mes de marzo de 2011, tres años después de haber rendido la cuenta, se emplaza a los responsables del Hospital para adjuntar la documentación".

Pero más allá de los argumentos esgrimidos por Bujaldón, la Sala 2 de la Corte revisó el fallo 15.830 del Tribunal de Cuentas y determinó no hacer lugar a la acción procesal administrativa. En concreto, en base a los testimonios brindados, oficios de la contaduría, pericias contables y copias de resoluciones, confirmó los cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas en el fallo que se publicó en el año 2012.

Además, encomendó al Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado hacer efectivas las medidas ejecutorias sobre el deudor. Así lo determinó el fallo firmado por José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo, que si bien se ajusta al caso particular de Luis Gerardo Bujaldón podría extrapolarse a otras de las tantas acciones procesales administrativas que se han presentado en la última década contra los fallos del Tribunal de Cuentas.

Las causas más resonantes

Carlos Bianchinelli: al expresidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, actual diputado provincial del PJ, le reclaman más de 6 millones de pesos por sobreprecios pagados durante su gestión a la empresa de limpieza Masterfull SRL.

Graciana Furlotti:a la exdirectora de la Daabo la acusan de pagar sobreprecios a una empresa de seguridad por casi 1 millón de pesos.

Sergio Salgado: al ex intendente de Santa Rosa el Tribunal de Cuentas le formuló cargos por diferentes irregularidades. Entre otras cosas, le pide devolver 2,9 millones de pesos que no justificó en la realización del festival de la Cueca y el Damasco.

Marizul Ibáñez: el Tribunal de Cuentas también formuló cargos millonarios contra la exministra de Cultura, Marizul Ibáñez y el resto de su equipo de trabajo. En total, les reclaman 1,6 millones de pesos por irregularidades en la contratación de servicios y asociaciones de artistas.