Ramón desmintió haber retenido dinero de una clienta

El diputado nacional de Protectora y abogado José Luis Ramón desmintió haber cometido faltas de ética en su profesión, tal como quedó a la vista en un fallo dado a conocer hoy por la Suprema Corte de Justicia.

La sentencia de la Sala Segunda favoreció a Ramón con un recurso de apelación extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, adonde acudirá para tratar de aclarar una denuncia en su contra de una clienta por "retención indebida de dinero".

La sentencia dejó a la vista el caso. Ramón había sido suspendido por 20 días en su profesión por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y la propia Corte provincial (Sala Tercera) había convalidado la sanción al rechazar una Acción Procesal Administrativa del legislador nacional.

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Sin embargo, Ramón presentó un recurso de apelación ante la Corte Nacional y esta vez tuvo éxito. La Sala Segunda de la Corte provincial lo aceptó en un fallo dividido: Mario Adaro y Julio Gómez lo hicieron a favor y José Valerio en contra. En consecuencia, la suspensión quedó sin efecto.

En el nuevo fallo, Adaro y Gómez consideraron que el proceso en el Colegio de Abogados había sido irregular. Valerio, en cambio, rechazó esos argumentos y dijo que Ramón no había podido desmentir la denuncia.

El Colegio de Abogados guardó absoluto silencio sobre el caso. Apenas se informó desde ese ámbito que la causa "es secreta hasta que no haya sentencia firme".

Trascendió además desde el Colegio de Abogados que "en todas las instancias se ratificaron los argumentos originales": Ramón retuvo dinero de una clienta en forma indebida. En cambio, el que reaccionó y contó su verdad fue Ramón.

El diputado nacional aseguró que la causa es de 2010 y que la denuncia fue realizada por una clienta suya que sigue siéndolo hoy: Blanca Riveros.

Afirmó el legislador que "a partir de una habladuría de una contadora que trabajaba en la Fiscalía de Estado", Riveros le hizo una denuncia. Pero después, Riveros y su hijo suscribieron un "acta de retractación pública".

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Sin embargo, Ramón dijo que a lo largo del procedimiento disciplinario "la Corte sacó una resolución artera", sin que hubiera pruebas de la falta de ética que supuestamente había cometido ni de la retención indebida de dinero de la que se lo acusaba.

Según explicó, la prueba que había a su favor determinó que la Corte provincial esta vez le abriera el camino a la queja ante la Corte Nacional. Incluso Ramón mostró un acta en la que su clienta se arrepiente de la denuncia original.

Al menos un funcionario se hizo eco de la polémica. En el trascurso de la tarde, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, atacó a Ramón y cuestionó a la Corte provincial. “Es inaceptable que un legislador nacional no respete las decisiones de la Justicia ante la falta de ética en su profesión”, comentó en Twitter. Y agregó: “También es inaceptable que algunos jueces de nuestra provincia sigan votando los fallos de manera política por beneficio”.

El diputado nacional alcanzado por la sanción del Colegio de Abogados es precandidato a gobernador. Aunque sea legislador nacional, también puede litigar como abogado. El único límite que establece la ley 4976 para el ejercicio como abogados de legisladores nacionales y provinciales son las causas contra la Nación, la Provincia y los municipios.