Los nuevos requisitos para que los extranjeros se radiquen en el país

El Gobierno anunciará hoy que, a partir de ahora, los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de que no cuentan con antecedentes penales en los últimos 10 años. El objetivo es establecer un mayor control sobre los inmigrantes e impedir el ingreso de delincuentes al país.

Según consigna La Nación, esta medida llega como respuesta a los recientes casos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros. El objetivo del Gobierno es ordenar el "descontrol migratorio".

Sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar con el trámite migratorio. Hasta ahora, aquellos que iniciaban el trámite migratorio debían presentar un certificado que acreditara que no tenían condenas anteriores ni procesos penales.

Pero además se exigirá certificado de salud y certificado de trabajo de sus países de origen, a la vez que un aumento de montos del trámite migratorio en algunos casos puntuales.

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Además, y según indica Infobae, citando a un funcionario de Gobierno, "se evaluará cada caso, de cada país para establecer mecanismos de reciprocidad equilibrados y ajustados al principio de igualdad legal". Esto quiere decir que, si determinado país pide como requisito para los extranjeros que tramitan residencia el certificado de salud, de antecedentes penales o de trabajo a un argentino aquí se les pedirá exactamente las mismas condiciones.

En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones otorgó 680.0000 radicaciones, una cifra récord. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana.

Otro de los motivos para solicitar los antecedentes de los últimos 10 años es que en algunos países los certificados no incluyen los registros de delitos cuando se han cumplido las condenas o ha transcurrido cierto período.

Según fuentes oficiales, de haberse conocido determinado antecedente o condena o requerimiento judicial, a muchos delincuentes se les habría impedido el ingreso a la Argentina y nunca hubieran podido cometer delitos en nuestro territorio.

El Gobierno también quiere avanzar con la posible expulsión del país de unos 1000 extranjeros acusados de cometer delitos.