Contrastes en la Corte por la causa de los intendentes
El presidente del alto tribunal, Jorge Nanclares, apuesta a una conciliación entre las partes, mientras que algunos miembros dicen que el objeto de la causa no admite negociaciones. Quiénes resolverán la medida cautelar y el "humo de buen derecho" que sugiere un fallo positivo para los jefes comunales.
La Corte no funciona con la lógica del Poder Ejecutivo, en la cual, el gobernador ordena y los ministros acatan. Por eso se han advertido algunos contrastes entre el presidente del alto tribunal y los ministros en la causa de las reelecciones.
El contrapunto más importante se dio ayer ante la apuesta de Jorge Nanclares a algún mecanismo de conciliación entre las partes. "Hay que cambiar el paradigma de un juez decisor a uno conciliador", dijo el presidente de la Corte, ante las preguntas de los periodistas que cubrieron el acto de inicio del año judicial. Y agregó: "Hace poquito estamos tramitando un conflicto de competencia que plantea el municipio de San Rafael en relación a la Policía de Tránsito y estamos trabajando en ver si logramos una conciliación de los intereses".
Sin embargo, a metros del presidente de la Corte, un ministro descartó de plano que pueda existir alguna conciliación en la causa de las reelecciones, al menos en el marco de la cautelar pedida por los intendentes. "En un litigio constitucional, no se puede conciliar", lanzó uno de los supremos.
Algunos ministros señalaron, además, que ya está bastante claro quiénes son los que votarán en la cautelar, más allá de que eso todavía no se resuelve.
Según las fuentes, los dos supremos que fueron recusados por sus vínculos políticos recientes con los bandos en pugna (Mario Adaro y Dalmiro Garay) no intervendrían en la votación. En consecuencia, serían Omar Palermo y José Valerio (integrantes naturales de la Sala Segunda), más Julio Gómez (perteneciente a la Sala Primera y remplazante de Adaro), quienes definirían la cautelar.
Sólo podría cambiar este cuadro si hay un pacto interno para que ninguno de los dos ministros recusados se aparte de la causa.
A pesar de que la cautelar está ahora detenida en esa instancia (los ministros tienen tres días para responder las recusaciones), ayer, en tribunales, ya se percibía una tendencia favorable a los intendentes del PJ.
Uno de los ministros de la Corte aportó datos en ese sentido. El supremo explicó que este tipo de medidas precautorias requieren solamente que exista el llamado "fumus bonis iuris", un término jurídico del latín que literalmente significa: "Humo de buen derecho".
El otro requisito es que se compruebe el riesgo de que se produzca un "daño irreparable" si la Corte no acepta la cautelar. De eso hablan precisamente los intendentes peronistas: quedarían fuera de juego en las próximas elecciones sin que se haya resuelto si el decreto de Cornejo es constitucional o no.
El gran problema de que los intendentes reciban el beneficio de la cautelar es que el fallo sobre la cuestión de fondo demore más allá de las próximas elecciones. Ninguna sentencia podría entonces quitarles el derecho que puedan haber adquirido en las urnas Emir Félix, Jorge Giménez, Martín Aveiro y Roberto Righi el próximo 28 de abril.
A ese punto fue Nanclares este jueves con su última propuesta: sellar un acuerdo con las partes para que la sentencia de fondo salga antes de la fecha de las PASO en esos departamentos.