El plan del Gobierno para pagarle $15.000 millones a San Luis

En el Ministerio de Hacienda están preocupado por el efecto que puede tener la decisión de la Corte Suprema de avalar el reclamo de San Luis por la coparticipación retenida desde 2006 y que obliga al Estado a pagarle unos $15.000 millones de pesos. La cuestión principal es que ese pago significaría poner el riesgo el déficit cero acordado con el FMI.

Con ese panorama, en el Ejecutivo analizan la forma para poder cumplir con el fallo en medio de toda la disputa electoral para lograr la reelección de Macri. Una de las opciones es tratar de "patear" el pago para el 2020, con la cuestión electoral ya definida.

De los $15.000 millones que deberá pagarle la Nación a San Luis, $11.500 millones corresponden a las retenciones retroactivas de Anses, y $3.500 millones, al 1,9% retenido por AFIP, según el fallo. La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Una suma complicada

La cuestión es que en los próximos días es espera, además, el fallo por el mismo caso que demanda Santa Fe y que significaría una cifra que triplica el pago a San Luis, lo que se transformaría en una cifra que puede echar por tierra todos los números del Ejecutivo. La suma de ambos sería el equivalente al 15% del ajuste realizado para cumplir con lo acordado con el FMI.

El equipo de Dujovne está pensando en alternativas para poder cumplir con lo que dice la Corte y piensan en "ofrecer un bono o pagarle en obras", pero desde el mismo palacio de Hacienda confirmaron que antes ya intentaron negociar en varias ocasiones y no hubo ningún acercamiento.

En el caso de Santa Fe, la provincia gobernada por Miguel Lifschitz había logrado dos fallos de la Corte en noviembre de 2015. El primero para que dejaran de retenerle el 15%, lo que ya sucedió, y el segundo por el retroactivo. En este último punto instó a las partes a negociar cuál era ese valor, pero no hubo avances y ya se venció el plazo.

Santa Fe plantea una actualización y reclama de $55.000 millones, pero en Casa Rosada estiman que la decisión de la corte rondaría los $45.000 millones, lo que sumado a los $15.000 de San Luis y traspasados a dólares, significaría unos U$S1.500 millones, un número que genera altísima preocupación en la administración macrista.

Con ese panorama, y pensando en el déficit cero, el Gobierno tiene pocas herramientas para poder convencer a los gobernadores. Más allá de los bonos y la obra pública, le quedan pocas herramientas y aún menos si se consideran las posiciones distantes entre una y otra parte justamente en un año electoral.