Se agudiza el conflicto por Los Penitentes

La oposición en la Legislatura terminó metiendo la cuchara en la compleja situación del centro de esquí Los Penitentes, a poco más de un mes de que el gobierno de Alfredo Cornejo decidiera otorgar una “tenencia precaria” a un privado para la explotación de una de las zonas con mayor potencial turístico de Mendoza.

Esta semana se aprobó en la Cámara de Senadores, a instancias del PJ, una resolución para que el Poder Ejecutivo informe qué trámites se están llevando adelante para otorgar esa tenencia, ante la sospecha de que se está tratando de direccionar esa adjudicación a un privado en particular.

Los planteos del peronismo recayeron sobre el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien es el funcionario que apareció públicamente al frente del conflicto de Penitentes y quien, en enero pasado, fue la voz del gobierno en este caso.

El pedido legislativo de información surgió solo un par de semanas después de que el número dos del ministerio de Gobierno se reuniera en su despacho con integrantes de la familia López Frugoni (a quienes el año pasado el propio Gobierno decidió no renovarles la concesión del complejo) y Jorge Pérez Polo, el dueño de Los Puquios, interesado en extender sus negocios en la alta montaña.

En ese encuentro se trató de llegar a un acuerdo para que Pérez Polo se hiciera cargo el próximo invierno del negocio, aunque con algunas particularidades. De lo que se habló allí, fue de explotar al menos las actividades del culipatín, ya que practicar esquí resulta imposible por ahora por el estado de los medios de elevación que requieren de una inversión millonaria para ponerlos en condiciones.

La salida no llegó por la negativa de los López Frugoni a ceder el uso de las 40 hectáreas que le pertenecen en el lugar (por caso, la zona de Penitentes en dónde están instalados las pomas) y todo terminó en una amenaza del funcionario con proceder a la expropiación de esos terrenos.

Según se aprobó este lunes en el Senado, lo que le están pidiendo al subsecretario es, por un lado, que informe los bienes inmuebles que se recibieron en posesión de parte de la Intervención a la empresa Los Penitentes Centro de Esquí S.A.

Además “un detalle en planilla identificación de los mismos, constando cantidad de metros e instalaciones con las que cuenta, que Informe a quién o quiénes se entregó la administración de cada uno de esos bienes y que explique qué procedimiento de selección se utilizó para la elección del o de los explotadores”.

Para los legisladores, encabezados por Patricia Fadel, cabe preguntarse: “¿Cómo puede un funcionario decidir personalmente tamaño acto administrativo sin, aparentemente, haber pasado previamente por todas las instancias administrativas debidas? ¿Cómo puede confundirse de tal modo una voluntad administrativa con la voluntad de un funcionario?”

Y sobre todo: “Tampoco aclara el Subsecretario de Justicia en qué consiste esa tenencia precaria ni cómo armonizará esa explotación con los bienes propiedad de la empresa Los Penitentes S.A., siendo imprescindible esta explicación a fin de evitar cualquier conflicto con los propietarios que terminará perjudicando a los intereses de la provincia. El funcionamiento estatal exige, como actividad reglada y en miras del bien común, respetar fielmente el procedimiento normativo previsto, único modo de erradicar cualquier duda de parcialidad y garantizar la eficacia de dicho procedimiento”.

El conflicto se desató hace casi un año, en abril de 2018, cuando Alfredo Cornejo firmó un decreto que rechazaba un pedido de prórroga de la concesión de Los Penitentes presentado por la empresa vinculada a la familia López Frugoni. Estos habían gozado de una concesión del centro por 35 años y pretendían extenderla por 35 años más.

A raíz de esa decisión los López Frugoni resolvieron presentar una Acción Procesal Administrativa, que se está tramitando en la Suprema Corte, cuestionando la validez de ese decreto. Y, mientras tanto se resuelve esta instancia, el Gobierno tomó varias medidas.

Una de ellas fue postergar a mediados del año pasado y hasta el 31 de diciembre de 2018 la toma de posesión del predio ubicado sobre la Ruta 7, permitiendo que otra razón social (Los Penitentes Centro de Esquí) se hiciera cargo de la explotación comercial el pasado invierno. Sin embargo, a raíz de que tampoco funcionó esa iniciativa, optaron en enero por tratar de encontrar la forma de garantizar los servicios esenciales en la zona hasta que se adjudique definitivamente la explotación a otra empresa.

En este punto es que D'Agostino aseguraba a MDZ en enero que la mejor opción era entregar una tenencia precaria a un privado que esté dispuesto a explotar el lugar.

El problema, según explicaba el funcionario en esa oportunidad, era que para habilitar los medios a los esquiadores es necesaria una inversión millonaria en mantenimiento que un operador no podría recuperar en un año. Por eso, sostuvo que recién será rentable poner en condiciones las telesillas cuando se adjudique por licitación a largo plazo la concesión del centro de esquí.

El punto es que para poder llamar a licitación es necesario que la Justicia se expida sobre la APA presentada por la empresa. Recién cuando eso ocurra podrían llamar a licitación, analizar las ofertas y adjudicar el servicio. Ni siquiera los más optimistas creen que den los tiempos para que eso se resuelva antes de la temporada invernal.