Sitea y Ampros fueron a la Justicia contra Cornejo
Un nuevo capítulo se sumó este lunes a la polémica desatada por el decreto 1267, mediante el cual el gobierno provincial obliga a los proveedores y trabajadores estatales a presentar un libre de deuda para poder renovar sus contratos con el Estado o mantener los adicionales que cobran como empleados de planta. Tal como había hecho ATE la semana pasada, este lunes otros dos gremios presentaron una medida de no innovar para que la Corte declare la inconsitucionalidad de la medida.
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Se trata del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros). "Como se sabe, esa norma pretende exigir a los trabajadores estatales que estén al día con sus impuestos provinciales, y en caso contrario, habilita a reducir remuneraciones e inclusive a no renovar contratos. La presentación se reserva plantear el caso ante el ámbito federal, por violación de normas legales nacionales, convenios y tratados internacionales sobre el instituto de la negociación colectiva", expresaron desde Sitea.
En el escrito que llevaron a la Justicia señalan que el decreto del Ejecutivo es inconstitucional y viola los principios de propiedad, progresividad, razonabilidad, justicia social e igualdad.
Además, agregan que los salarios bajo la forma de contraprestación a cargo del Estado están por debajo de la Línea de la Pobreza y que muchos de los trabajadores ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica de una familia tipo.
Por todo ello, acusan que con la firma de esta norma "absolutamente oscura" el gobierno pretende desprenderse de gran parte de los contratados, o dejan de pagar adicionales o suplementos a los agentes de planta permanente.
"Es que la insensibilidad social de este Gobierno no encuentra parangón. No es que el ciudadano común no debe honrar sus deudas para con el fisco provincial, esté vinculado con el Estado o no lo esté. De ahí, a extorsionar a que mantenga su fuente de trabajo y sustento diario previa acreditación de ‘libre deuda', sí resulta inmoral e incompatible con la recta razón, el bienestar general, el bien común", adhieren.
Sitea sostiene que "la norma violenta de forma palmaria lo establecido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, la estabilidad del empleado público, un concepto que excede la permanencia en el puesto de trabajo, en el caso de los agentes en planta y se irradia hacia el mantenimiento de sus condiciones laborales".
Por último, el escrito pide reserva de "plantear el caso federal por violación de normas legales nacionales, convenios y tratados internacionales sobre el instituto de la negociación colectiva". Este martes, a las 10, SITEA realizará una asamblea informativa en la ATM.
Por su parte, la secretaria adjunta de Ampros, Claudia Iturbe, sostuvo que desde el sindicato de profesionales de la Salud también iniciaron una serie de medidas gremiales, judiciales y administrativas, a fin de frenar el sistemático avasallamiento del Convenio Colectivo de Trabajo, Leyes Provinciales y Constitución Nacional. "La medida afecta directamente al salario como un derecho protegido constitucionalmente y no vamos a permitir que sea afectado", expresó.