El Gobierno permitió el fracking y ahora promete regularlo

La historia es así: el Gobierno autorizó a la empresa El Trébol a explorar cuatro pozos petroleros en el yacimiento Puesto Rojas en Malargüe mediante el cuestionado procedimiento de fracking. Como reacción, organizaciones ambientales interpusieron tres recursos de amparo aduciendo que no se hizo audiencia pública ni declaración de impacto ambiental. Hoy, y como lo anticipó MDZ, la Justicia desestimó uno de ellos y como efecto colateral terminó favoreciendo al Ejecutivo que, ahora sí, se comprometió a reglamentar la estimulación hidráulica.

Después de más de cuatro horas de deliberaciones en la audiencia de conciliación que se realizó a puertas cerradas en el Palacio Judicial, este jueves, María Eugenia Ibaceta, a cargo del 24º Juzgado Civil, resolvió archivar el recurso de amparo que interpuso la Federación Argentina de Espeleología (dedicada al estudio y protección de cavidades naturales) en contra del Gobierno, mediante el cual lo acusó de permitir la fractura hidráulica sin hacer una consulta popular ni un estudio de impacto ambiental. Como había adelantado MDZ, la jueza consideró que la causa devino "en abstracto" y terminó favoreciendo al Estado. Sin desconocer que la fractura hidráulica está muy discutida científicamente, que requiere de una reglamentación específica y de una audiencia pública, la doctora resolvió: "Archivo la causa porque el Gobierno ha acreditado que el trabajo que se realizó en el Puesto Rojas ha concluido (...) la fractura hidráulica se hizo y se cerró. Es un hecho consumado y no hay un interés jurídico actual". 

Tras la decisión de la magistrada, el presidente de la Federación Argentina de Espeleología, Carlos Benedetto, manifestó cierto desconcierto y aseveró que apelarán su resolución. "Es preocupante (el fallo de Ibaceta) desde el punto de vista de la seguridad jurídica para los ciudadanos; se piensa mucho en la seguridad jurídica de las empresas pero para los ciudadanos de a pie parece que eso no corre". "Hay un modus operandi raro, por no decir sospechoso", se lamentó Benedetto y concluyó: "El delito continúa por más que la jueza dictamine que esto queda 'en abstracto'. El pueblo quiere saber de qué se trata lo que están haciendo. Si es necesario vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos".

A su turno, el fiscal de Estado, Fernando Simón, que participó de la audiencia como referente del organismo de control que debe velar por la protección de los recursos naturales, propuso se trabaje en una reglamentación específica frente al vacío legal que existe en torno al procedimiento de fracking sobre áreas no convencionales. "La dinámica de esta actividad es muy corta, demora entre siete y quince días y se termina, con lo cual lo que subsiste en realidad es que se repitan estas situaciones y la Justicia vuelva a llegar tarde". "En este sentido Fiscalía propuso que se proyecte una norma para el fracking, que sea sometida a audiencia pública y que hasta tanto se apruebe no se otorgue ningún nuevo permiso de fracking", sintetizó el funcionario.

Bajo este panorama, y con el "hecho consumado", el vocero del Gobierno, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, se comprometió a trabajar en esta reglamentación no sin antes asegurar que el proceso realizado en Puesto Rojas "se hizo conforme a la legislación ambiental" y aclarando que "cuando hablan de audiencia pública no todos los procedimientos ambientales requieren de esta audiencia y más tratándose de cuatro pozos existentes". 

En ese sentido, insistió: "No sólo se cumplió con la norma sino que se abundó en los controles y para ello se conformó un organismo de control ambiental con Cricyt, Irrigación, Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Hidrocarburos". 

Por último, y con la tranquilidad de no haber recibido ninguna observación por parte de la Justicia, Mingorance prometió que "en los próximos 60 días deberíamos tener la norma lista (que reglamente el fracking para áreas no convencionales) para ser evaluada".