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La playa de estacionamiento que funciona en terreno del Estado

En 2011 se cedió por ley un terreno para construir un edificio que albergue a los distintos órganos de control. Por falta de presupuesto no se hizo y hoy funciona una playa que es explotada por una asociación de ayuda a discapacitados.
Foto: Alf Ponce / MDZ
Foto: Alf Ponce / MDZ

El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado son los dos órganos de control que existen en la provincia de Mendoza y ninguno tiene su propio espacio físico. Pese a que desde el año 2011 está proyectada la construcción de un inmueble en un terreno ubicado en las calles Necochea y Patricias Mendocinas, cedido por ley,  actualmente ambos organismos alquilan edificios para poder funcionar. 

Por falta de presupuesto la obra no se ha encarado y -hasta que eso ocurra- en el lugar funciona una playa de estacionamiento explotada por una asociación que se dedica a la enseñanza especial a discapacitados.

La situación del terreno ubicado en el corazón de la Ciudad llamó la atención en la Legislatura provincial, que realizó un pedido de informe al Tribunal de Cuentas para que aclare la situación en la que se encuentra ese proyecto.  

Se trata de un predio para el cual se han planteado distintas posibilidades, pero donde ninguna llega a concretarse. A priori, se pensó edificar una escuela en el lugar, pero los informes de impacto ambiental determinaron que no se reunían las condiciones para realizar esa propuesta. 


A raíz de ello, en el  año 2011 se sancionó la ley 8292 y se destinó el terreno a la construcción de un edificio en el cual funcionarían los órganos de control de la provincia. Desde entonces se realizó la mesura del inmueble y el 28 de junio del 2012 se presentó el plano en la Dirección Provincial de Catastro. A eso, se agregó el estudio de suelo correspondiente y la realización de una maqueta del edificio.

De todas maneras, la idea pareció desmoronarse en 2013, cuando el exgobernador Francisco Pérez anunció públicamente sus intenciones de cambiar de predio para la construcción del nuevo Tribunal de Cuentas. Específicamente, el ex mandatario propuso  que la obra se realizara en el estacionamiento del Instituto Nacional de Vitivinícultura (INV), ubicado en las calles San Martín y Peltier.   "Esa idea no prosperó, porque es un predio nacional y había que trasladarlo a la provincia", subrayó el director de Administración del Tribunal de Cuentas, Jorge Alberto Peña.  Esta variante fue rápidamente descartada en el órgano de control, desde el que se niegan a dejar escapar el predio que les habían prometido. 

Lo curioso es que el mismo hoy no se encuentra desocupado. Por el contrario, en las instalaciones funcionan tanto una playa de estacionamiento como una oficina de la Asociación de Protección del Consumidor (PRODELCO). El parking es manejado por la Asociación Esperanza, una institución destinada a la enseñanza especial para discapacitados y que tiene un colegio en Villa Hipódromo.


Desde hace unos 15 años que el Ente de Fondos Residuales le dio el préstamo de custodia y uso a la Asociación Esperanza para que administre una playa de estacionamiento en el lugar.  En 2012, a raíz de la sanción de la 8292 que destina el predio al Tribunal de Cuentas, se firmó un "convenio de desocupación". El mismo consiste en que la asociación debe abandonar el predio cuando el Tribunal esté en condiciones de comenzar las obras.


El problema es que no hay presupuesto para ello y en el Ejecutivo han dejado claro que no es una prioridad. Mientras tanto, en Asociación Esperanza admiten que sería duro perder esa playa, de la cual recaudan parte de sus ingresos y que sirve para darle empleo a personas con capacidades especiales que pasaron por la institución.

En el Gobierno inquieta la falta de avance con ese proyecto y por eso el Senado elevó un pedido de informes al Tribunal de Cuentas para que expliquen por qué no se había cumplido con el objetivo de la donación del terreno, luego de 5 años. En la respuesta se hace un raconto de lo sucedido.