Cobos pide que la telefonía celular sea "servicio público"

Preocupado ante el reclamo permanente de los consumidores de telefonía celular, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) brindó una conferencia de prensa hoy en un hotel céntrico de Mendoza – junto a Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina- para proponer mejoras concretas en este servicio de comunicación y en defensa de los clientes de telefonía celular e internet móvil. Como se recordará, no es la primera vez que Julio Cobos refiere a la telefonía celular; en el 2013, alzó la voz para solicitar que llegue dicho servicio a sectores de la población donde no estaba presentes las líneas fijas y que se declarara, al mismo, servicio público.

“La mayoría de los reclamos en cualquier asociación de consumidores del país pasa hoy por la falta de un buen servicio en materia de telefonía celular”, dijo en la apertura de su discurso Julio Cobos y lo vinculó directamente con la desconsideración existente hacia los ciudadanos:”Y esto que proponemos hoy, está ligado a un proyecto que ya presentamos en el Congreso de la Nación –con Patricia Giménez- de trato digno. No queremos más colas, demoras, abusos, que haya baños; tanto en las empresas del estado como en el sector privado. Hay que respetar el tiempo de la gente, por eso sumamos ahora esta idea de nuestro frente”.

“La propuesta presentada se extiende a todas las modalidades”, agregó Cobos y amplió el concepto: “Comprende también la transferencia de datos, comunicaciones de voz, mensajes y textos, imágenes, uso de redes sociales y el uso de internet en general. Buscamos proteger al usuario (ya no sería un cliente) para que cuente con un servicio de adecuada calidad y seguridad, merced a la promoción de la competencia; universalizando la prestación del servicio y con referencias a eficiencia, razonabilidad, innovación tecnológica, desarrollo y expansión de red. Queremos tarifas (ya no serían precios) justas y razonables y que la autoridad de aplicación recaiga sobre la AFTIC; pero pedimos que los usuarios tengan representación en el directorio (ley 27.078)”.

“El ciudadano desconoce de dónde proceden los precios y no es justo. Ahora bien, cuando sea declarado un servicio público, pasan a ser tarifas que para ser modificadas necesitan de una audiencia pública, un ente regulador que apruebe y que las empresas – que hoy facturan casi 40.000 millones de pesos anuales cada una- presten un servicio como corresponde. Insisto, queremos que sea un servicio público porque es sinónimo de equidad, universalidad y calidad en el servicio. Hay zonas en Mendoza y el país donde solo llega la telefonía móvil y queremos un Estado presente que, por ejemplo, indique disponer de antenas en esos lugares alejados y que tal vez no sean rentables para las empresas, pero que son imprescindibles por una cuestión social y humanitaria”, explicó Cobos.

“Otra diferencia al ser servicio público es que la facturación sería por segundo y sin ningún mínimo. Hoy uno se pasa un segundo y se cobra como otra fracción y no está bien esto”, concluyó el ex Gobernador de Mendoza.

Por su parte, Fernando Blanco Muiño sostuvo que “Los reclamos de principios de año tuvieron que ver con el tema de la Internet ilimitada en los teléfonos móviles; algo que en realidad no existió nunca para ningún plan. Se trató de una estrategia de marketing para conseguir mayor cantidad de clientes”.

El titular de la Unión de Consumidores de Argentina refirió a que la telefonía móvil sigue al tope de los reclamos: “Primero fue el incumplimiento contractual, luego las quejas fueron mutando a lo que describí recién y hoy pasan directamente por la mala calidad del servicio. Tengan en cuenta que explotó el mercado de la telefonía móvil y los equipos dejaron de ser solos teléfonos móviles para ser pequeñas computadoras portátiles. En 1991, solo había 10.000 teléfonos que eran usados sólo para hablar y hoy, ya el 50 % de las prestaciones tienen que ver con el tráfico de datos. 60 millones de teléfonos en la actualidad nos indican de cómo explotó este tema y la verdad es que la infraestructura que soporta la red está sobrecargada y no da abasto. Esto ha hecho que colapse, que no haya señal, no se puedan comunicar los ciudadanos. Es por esta razón que hemos trabajado el año pasado con el diputado Maldonado y este año junto al ingeniero Cobos y otros legisladores; para lograr cambiar el rumbo. Incluso está el antecedente del senador Giustiniani en el Congreso, pero no llega a su tratamiento en las comisiones. Ojalá pueda transformarse en servicio público; mas allá del impresionante lobby que se hace en contra de esta medida por parte de las empresas y muchos integrantes del propio gobierno actual”.