La reacción de la IGS, a dos meses de los crímenes del Policía
La Inspección General de Seguridad (IGS) ha dispuesto que se le retenga de manera preventiva el armamento a policías y penitenciarios que hayan protagonizado casos de violencia familiar. Así lo establece la Resolución 380, publicada este martes en el Boletín Oficial.
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La decisión llega luego de casos resonantes como el del policía que asesinó a su suegra y su sobrino. El 21 de septiembre, José Ontiveros se dirigió a la casa de su suegra en el barrio Hilario Cuadros, de Guaymallén, y mató a sangre fría al niño de 8 años y su ex suegra, de 44 años. El motivo fue el conflictivo divorcio que estaba llevando adelante con su ex mujer, a la cual llamó segundos después del doble homicidio para contarle lo que había hecho.
Este hecho dejó en evidencia serias falencias dentro del la IGS, ya que la ex mujer del uniformado, Yamila Elizabeth Monje Fernández, había denunciado a Ontiveros un mes antes de la tragedia.
Según consta en el Boletín Oficial, a partir de ahora serán más estrictas las medidas del IGS, que dispondrá la retención del arma reglamentaria del efectivo, además de la inmediata intervención de la División Sanidad Policial o el área de Salud Laboral dependiente del Servicio Penitenciario.
“El responsable jerárquico de la dependencia en la que se desempeñe el personal signado como autor de estos hechos, deberá citar inmediatamente al mismo, derivando en ese momento al involucrado a la División de Sanidad Policial del Ministerio de Seguridad o al área de Salud Laboral dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza según corresponda, dependencias que determinaran siguiendo estrictamente las indicaciones del Anexo I en un plazo que no podrá exceder de 72 hs. en el mismo acto el responsable jerárquico deberá en forma preventiva retener el arma provista hasta tanto se expida de salud mental correspondiente , remitiendo la misma a la División Arsenales del Ministerio que corresponda", señala el segundo artículo de la resolución.
Por otro lado, la norma agrega que el funcionario policial o penitenciario que fuese notificado, deberá presentarse de manera inmediata en su dependencia y comunicar a su superior jerárquico, a los efectos de sujetarse a las medidas ordenadas en esta normativa.
En lo que va del 2014 se han contabilizado 58 casos de problemas familiares de miembros de la fuerza, teniendo también en cuenta a los que uniformados no pagan asistencia familiar.