Por qué la seguridad tiene un "techo"

La seguidilla de crímenes había sacudido al flamante gobierno de Francisco “Paco” Pérez en marzo del año pasado, con apenas tres meses de asumido. Matías Quiroga, asesinado en el asalto a la Bolsa de Comercio en el Carrefour. La nena Micaela Tatti presa de un tiroteo en La Gloria y el joven Emanuel Páez muerto en un resonante crimen en Maipú, que acarreó protestas violentas. El gobernador, el vice Carlos Ciurca y el ministro Carlos Aranda junto a otros funcionarios se reunieron el lunes 19 de marzo de 2012 de urgencia con el Procurador de la Corte Rodolfo González. Decía la crónica oficial ese día: “El mandatario recibió esta mañana al jefe de los fiscales, con quien acordó trabajar en conjunto con los tres poderes del Estado para mejorar la seguridad de la provincia (…). Pérez detalló algunos de los puntos en los que trabajarán durante los próximos meses. Uno de ellos es el nombramiento de querellantes para asistir a víctimas de delitos (…) Otra de las acciones es la revisión del proceso de otorgamiento de salidas transitorias a los presos (…) El Gobernador insistió además en la necesidad de una modernización y profesionalización tanto de la policía como de la Justicia”.

Ciurca, Aranda, Paco Pérez y el procurador Gonzáles el 19 de marzo de 2012.

La sociedad mendocina está conmocionada por los crímenes “resonantes” (dícese del asesinato que genera protestas, marchas, incidentes, y se puede llevar puesto un ministro). Los de Matías, Micaela y Emanuel el año pasado, luego el del abogado Alfredo Moreno, el propio Derpich, antes el cuádruple homicidio de Las Heras a cargo de un adolescente desquiciado, o el doble crimen de la sexta sección por el que está detenido otro adolescente. Cada tanto explota la violencia social. Pero el asesinato de Prado caló más hondo. Las vidas son todas iguales pero no las muertes. Tienen distinta repercusión. El caso Prado tuvo todos los condimentos sensibles: médico joven y querido de un hospital público, familia hermosa con hijitos pequeños, a pocos días de casarse, y esposa joven viuda que quedó a la intemperie. Así aparecieron rápido las reuniones: El gobernador con el Procurador, luego con los tres poderes, la Bicameral de Seguridad con familiares de víctimas “en una reunión de catarsis que no sirvió para nada”, la recorrida de Paco por comisarías, y mucho nervio en la calle: el ministerio de seguridad salió a “apretar” a buchones, informantes y delincuentes menores para conseguir información útil respecto del asesino solitario del doctor.

¿Y la Política de Estado en seguridad?

Quedará para otro momento.

EL DOBLE COMANDO

La realidad política marca que Mendoza hoy tiene dos ministros de Seguridad. Una suerte de “doble comando” que no se superpone. Hay un ministro “operativo” que es el abogado Carlos Aranda. Y uno ideológico que es el juez de la Suprema Corte Omar Palermo. No es que esté mal: Palermo es uno de los pocos jueces mendocinos que tiene prestigio académico internacional. Su presencia prestigia a la Corte y es posible que en el tiempo termine alcanzando o superando a Aída Kemelmajer, cuya biblioteca judicial es visitada por jueces de todo el mundo. Pero el joven juez está en las antípodas del pensamiento práctico de muchos miembros del Poder Ejecutivo, tanto como de familiares de las víctimas. Osvaldo Quiroga, el “Oso” papá de Matías; con su discurso duro por el que de vez en cuando se disculpa suele “zurrar” al ministro de la Corte por su perfil garantista.

Palermo y los funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y la subsecretaria de Justicia Romina Ronda mantienen además una guerra que dejó de ser sorda contra el procurador Rodolfo González. Básicamente, González está señalado por ocuparse más de la política y de los títulos de los diarios que por la investigación y le achacan decenas de graves errores en procedimientos. Con este telón de fondo, el juez Palermo es el autor de varias de las iniciativas judiciales y reformas que irán a la legislatura en estos días, algunos, y otras son resorte del propio gobierno:  Los 170 miembros de la Policía Científica serán traspasados a la Procuración en un mes, se crearán unidades fiscales en el Barrio La Favorita, de Capital; Barrio La Gloria de Godoy Cruz y la Comisaría 35 de Guaymallén, se trasladará la Policía Vial al Barrio Unimev y que se crearán unidades fiscales especializadas en robo de autos y delitos económicos. Y se fusionarán las competencias de los 6 juzgados correccionales con 4 juzgados de garantías y 2 de flagrancia. Hoy, en una reunión que conducirá Carlos Ciurca en su oficina de la Legislatura con representantes del Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, habrá una contrapropuesta a la idea de Palermo, que consiste en crear dos juzgados más y que los 14 juzgados tengan las tres competencias: flagrancias, garantías y correccionales. Todo puede ser, pero el padre de varias de estas ideas es Omar Palermo, y así se las transmitió al gobernador Pérez y a algunos otros funcionarios. Un rumor insidioso recorrió los pasillos en los que estos temas se discuten: Palermo tenía estos proyectos en carpeta desde hace por lo menos un año.

En la oposición se han quedado esperando el llamado de Pérez para construir una política de Estado, pero eso no va a ocurrir. En la mitad de los opositores y en el propio peronismo hay enojos por el hostigamiento de la gente de Palermo contra el Procurador, y la otra mitad lo festeja porque quiere a González afuera. Esto es sólo un dato. El otro es que nadie en el PJ quiere cederle escenario a la oposición en un tema tan sensible, en el mes de las elecciones. “¿Para qué? ¿Para que digan que nosotros somos espantosos y que ellos van a resolver el problema de la inseguridad en Mendoza? ¡De ninguna manera!” dice con énfasis uno de los funcionarios con decisión en el oficialismo, y que no siempre piensa como Pérez. “¿Vos querés que saquemos todos patente de pelotudos y que les demos tribuna? Ni siquiera hacen falta nuevas leyes…. Hay que ponerse a laburar” dice otra fuente del peronismo con honestidad brutal. No todos están de acuerdo en esta postura. Por lo menos dos intendentes de la Corriente y uno azul pidieron al gobierno que convoque a la oposición. Pero en la casona de la Avenida Peltier han hecho causa común y no habrá “política de Estado” acordada con los que piensan distinto.

Hay opositores más dedicados que otros a la seguridad. Es obvio que Daniel Cassia y Luis Petri son dos referentes en este sentido. Cassia, por ejemplo, ve muchas similitudes entre su propio pensamiento y lo que plantea Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. La militancia por la seguridad que hace Cassia no es nueva para los mendocinos. Pero agrega un dato que preocupa: son muchos los oficiales de policía que con 49 años se quieren retirar e irse a su casa o a trabajar en la actividad privada. De ser certera esta presunción, se demuestra que el compromiso de muchos policías con la seguridad, es un valor en baja.

En estos días aparecerán voces críticas del traspaso de la policía científica a la órbita de la Justicia. “No es un paso administrativo. Formar un detective lleva cinco o seis años de aprendizaje, viajes al exterior, capacitaciones intensas, intercambios intelectuales” reflexiona un opositor entendido en la materia. Pero la realidad es más cruda, y la Legislatura aprueba que cada tanto puedan ingresar aspirantes a la policía con niveles de instrucción que en países del primer mundo serían considerados analfabetismo.

ARANDA

El caso del Ministro Aranda es digno de estudio. Cuando uno pregunta a distintos líderes de la oposición cuánto le achacan al ministro de lo que consideran una insuficiente política de seguridad, ninguno indica “off the record” más del 25 % y son varios los que admiten en privado un buen diálogo con este abogado que desde la Inteligencia Criminal pasó al ministerio durante la gestión de Celso Jaque primero y la de Paco Pérez después. Heredó de Ciurca la política de “poner la cara” ante los hechos de inseguridad y aplica métodos tradicionales ante delitos violentos, como el de exprimir a los buchones, tal se hizo en el caso del médico Sebastián Prado. Maneja 1.170 millones de pesos al año de los que poco más de 70 son para compra de bienes, y el resto se va en sueldos. Sufre las restricciones que impone la dura cuestión del dinero en el gobierno provincial, con arcas sedientas; pero aun así ha recibido más recursos que en otros años. Hasta Cobos ha dicho en algún momento que remover a Aranda, o a cualquier ministro, no resuelve el problema de la inseguridad sino que debe ajustarse la política en este sentido. Seguro lo sabe por experiencia quien más ministros de seguridad tuvo en su gobierno desde la reforma de 1999. Aranda no cree que haga falta una política de Estado con la oposición. Piensa que el gobierno y el peronismo se bastan a sí mismos para ello, y que las reuniones y políticas que se asumen entre los tres poderes son suficiente volumen en la materia.

La silla de Aranda es la menos envidiada del gobierno. Nadie sabrá jamás si fue la primera opción de Pérez a la hora de ungirlo, pero la verdad es que no hay recambio. Y el ministro ha hecho camino con costos personales altísimos: se divorció hace dos años cuando ya llevaba más de un año como ministro y está disponible las 24 horas para las obligaciones de su cargo. Tal vez esa dedicación le blinde con un escudo ante las críticas incluso de la oposición. En todo caso es raro que sea mucho más golpeada la política de seguridad que el ministro en sí. Aranda trabaja duro y suele comandar todo tipo de reuniones que ni siquiera trascienden, aunque algunas sí y son polémicas como aquella con el “barrabrava”, y sus modos suelen recibir críticas. Aunque es abogado, tiene el “oficio” de policía. Puede gustar o no pero no hay otro a mano. El asunto con Aranda es que más parece tener un plan “policial” que uno de seguridad, según quienes le critican, incluso expertos de la oposición. La discusión además es si falta volumen político y coordinación por encima de él, o más recursos, más policías, más presupuesto, por debajo.

La pregunta ahora es por qué ningún gobernador coloca como ministro a un entendido en la materia, un “técnico” en lugar de un político con buenos contactos. ¿Será tal vez porque el mundo de la seguridad/inseguridad reconoce en ocasiones connivencias entre la política, los barrabravas, y los delincuentes? Un “técnico” implosionaría ante una negociación semejante.

¿Cuál es el “techo ideológico” del gobierno para la política de seguridad? Es claro que no habrá piruetas como la que dio Martín Insaurralde acompañado por Daniel Scioli en Buenos Aires, con la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores. No hay lugar en Mendoza para este tipo de revisiones. El ala dura del kirchnerismo ya le hizo saber a Scioli que no lo acompañarán en su giro a la severidad. En ese sector ideológico del peronismo abreva Palermo, el ministro sin cartera en la seguridad pública de Mendoza. Otra vez: esto no es ni bueno ni malo en sí mismo siempre que se garantice al máximo la seguridad de las personas sin violar derechos de nadie. Lo que siempre decimos: una justicia “justa” y una seguridad democrática, ni garantista al extremo ni “mano dura”.

La seguridad sigue al tope de la agenda. Ayer a la mañana el gobernador Pérez reunió a su gabinete en su oficina del Cuarto Piso y les pidió a todos trabajar en “prevención” lo máximo posible, en todas las áreas. Desde Salud a Educación hasta Seguridad. En esa reunión se conoció el dato que el 3 de octubre vendrá a Mendoza el ministro de Seguridad de la Nación Arturo Puriccelli. Pero nada se sabe de qué traerá en su valija. No sólo se habló de seguridad allí. Hubo un dato que preocupó a varios. El jueves, en una recorrida que hicieron los funcionarios en Rivadavia antes de una reunión interna del peronismo, supieron que en ese departamento el índice de mortalidad infantil era del 14 por mil, cuando el de la provincia es de 9 por mil y en descenso. La pobreza y la marginalidad suman a la violencia social y a la inseguridad pública.

Hoy la agenda legislativa se poblará con el “Plan Palermo” de reformas. Una pena no haber sabido más de las ideas del ministro, pero es muy reacio a las conversaciones con la prensa independiente. Palermo será de aquí en más un eje importante en la política pública de seguridad.

Hay algo más que vale la pena destacar. Cuatro carteles fuertes de la droga ya están instalados abiertamente en la provincia de Buenos Aires. Es un tema de charla común en el PJ bonaerense y en muchos empresarios que operan allí. Las sospechas de contactos entre cierta parte de la política y los narcos son abundantes en aquella provincia. Pocos dirigentes hablan de ello. Una es Elisa Carrió. Ayer le preguntaron qué haría primero si fuera presidente, y dijo que combatir el crimen organizado. En paralelo, los intendentes del gran Mendoza saben que hay bandas narcos y cocinas de “paco” en los barrios y guardan silencio. Están desprotegidos y tienen miedo. Esa es la cruda verdad. Hasta qué no hablemos de esto en serio, lo que habrá es “mano dura” con ladrones de poca monta. ¿Cuántos “jefes” de peso hay en las cárceles de Mendoza? Lo que en 1999 antes de la reforma policial era una preocupación importante hoy es una realidad. Por eso la “política de Estado” hoy es mucho más necesaria, indispensable, que en aquella ocasión.

Uno de los intendentes importantes de Mendoza, hace dos años, iba caminando un domingo a la mañana por su departamento y se le acercó una camioneta enorme y negra. Se bajó un joven, amable, que le dijo “¿Cómo estas, te acordás de mí? Yo milité en el PJ hace unos años”. El intendente no lo recordaba. Entonces el hombre le dijo “Te quería contar que en el barrio (…) están rotos todos los juegos de la plaza. Mañana nosotros los vamos a arreglar para que los chicos estén mejor y además quédate tranquilo que en el barrio ya no hay más chorros, nosotros nos encargamos”. El joven se subió a la camioneta y se fue. Al intendente aún le tiemblan las piernas.



Nota del autor: “Frente a Momentos de fragilidad institucional, graves dificultades económicas o aumento de la violencia, la respuesta debe ser reformar la reforma y no volver a un sistema arcaico y anacrónico que ya tuvo una prolongada oportunidad de exhibir su impericia”. La cita está firmada por Alejandro Poquet y es el prólogo a una investigación que la Universidad de Congreso hizo en 2005 en el trabajo “Lineamientos para un sistema de seguridad pública democrática y eficiente para la provincia de Mendoza”. Fue un año de investigación profunda recorriendo todo tipo de experiencias y recolectando información política, social, técnica y científica. La clase política debería leerlo.